EDITORIAL. Seguridad Pública.

Tras una larga tramitación legislativa, ha quedado listo para su promulgación y publicación la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública que pretende dar respuesta a la creciente demanda ciudadana por mayor protección contra el d     delito y muy especialmente contra el crimen organizado.

Chile es un país esencialmente legalista y burocrático, al extremo que ya constituye una tradición que frente a cualquier problema grave, generalizado y persistente, la respuesta del Estado, cualquiera que fuese el gobierno de turno, pasa por la creación de nuevos organismos especializados. El problema  finalmente radica en que se induce a que las personas alimenten la ilusión de que creado el organismo, desaparece el problema.

De hecho, el nuevo ministerio ya está creado y sus funciones, definidas por la ley, cubren las labores de prevención del delito como las de persecución de las conductas de infractores de ley, para lo cual le corresponde la coordinación del actuar operacional de las policías civil y uniformada.

Por otra parte, no pueden desconocerse materias complementarias que están indisolublemente ligadas con lo central de la nueva ley. Tales son, en especial, las relativas al régimen penitenciario por una parte, y a los organismos de dirección de las investigaciones, de acusación y juzgamiento, todos claramente superados por la realidad. Indignación, por ejemplo, ha causado la presencia en un selecto Club Social del Barrio Alto de la capital del ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba celebrando su cumpleaños y transmitiendo una sensación de impunidad inaceptable para cualquier vecino.

Al nuevo Ministerio se le deben fijar tareas concretas, claramente cuantificables, con metas y plazos específicos y conocidos por los ciudadanos. La seguridad pública es un problema demasiado importante e impostergable.  En el año que le resta al actual gobierno, este deberá demostrar su capacidad para formar equipos humanos eficientes y eficaces, en este campo.