Editorial. Todo en la vida trae consecuencias.

En oportunidades anteriores, hemos afirmado que la madurez en el ciclo de vida de una persona está definida por la capacidad que cada uno logra de imaginar, de medir las consecuencias de sus actos.  Es frecuente que esta idea se ilustre con el simple análisis de la conducta de un niño que, por su edad e inexperiencia, no es capaz de presentir los riesgos que corre al asumir una situación de peligro que puede afectar su integridad física e incluso su propia vida.

Lo dicho es plenamente aplicable a quienes ejercen funciones políticas directivas, sean estas de gobierno o de oposición, con la sensible diferencia de que en el planteamiento inicial tanto las aludidas consecuencias como el daño que debió preverse son meramente individuales, en tanto que en el caso de la gestión pública la afectación recae, directa o indirectamente, sobre el colectivo en general. 

Cuando finalizaba el año 2022, el gobierno del presidente Boric sorprendió a la opinión pública al dar a conocer su decisión de indultar a una docena de reos rematados. Si bien tal determinación se encontraba en el campo de las facultades constitucionales del mandatario (atribuciones usadas en su momento por todos quienes le antecedieron el cargo), lo cierto es que al aplicarlas debió entenderse que lo hacía en cumplimiento de una promesa de campaña relativa a quienes habían sido penalizados en el contexto del “estallido social”. A poco andar, el hecho hizo explosión al hacerse público que al menos uno de los favorecidos por la medida registraba un largo prontuario penal, desatándose un fuerte cuestionamiento opositor y de la prensa adicta que culminó con la salida de su cargo de la propia Ministra de Justicia y con una presentación, aún en trámite, ante el Tribunal Constitucional. En las últimas horas, además, se ha dado a conocer que seis de los casos indultados contaban con un informe negativo del Servicio de Gendarmería tanto por la naturaleza de sus delitos como por la nula perspectiva de reinserción social y falta de conciencia acerca de la gravedad de los actos cometidos.

Sin perjuicio de las ya asumidas “desprolijidades” en la tramitación del proceso administrativo es obvio que el mandatario no previó los efectos que sobre su imagen, sobre su política de seguridad pública, sobre su relación con las diversas colectividades políticas, tendría su medida. Han trascurrido ya tres meses y el tema continúa candente sobre la mesa.

El mes de marzo se inició con la reanudación de las actividades parlamentarias tras el receso estival. En una nueva sorpresa, los partidos opositores, sin defección alguna, rechazaron en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma tributaria sometida a su consideración por el Ejecutivo. Con el increíble apoyo de tres diputadas que se retiraron de la sala sabiendo que sus abstenciones se contarían como votos de rechazo, el proyecto quedó para un año más, generándose una situación bastante absurda toda vez que la negativa no implicaba por sí misma si se aprobaba o rechazaba la proposición sino si se debía discutir o no.

En el caso, las explicaciones justificativas son vanas. Cuando organismos internacionales como la OCDE, han hecho presente que es necesario realizar ajustes tributarios para financiar demandas indispensables e impostergables en pro de una mínima equidad social, la jugarreta opositora resulta a todas luces incomprensible como lo han señalado incluso personeros del mismo sector. Ahora se reconoce el “error” pero en su momento no fueron evaluadas las consecuencias que el capricho tendría en materia de salud, educación, seguridad social, para el grueso de la población.

Los ciudadanos, al ejercer su cuota de poder, están obligados a hacer un juicio de valor acerca de las conductas de quienes han sido elegidos para representarlos ejerciendo en su nombre la soberanía. Como alguien socarronamente dijo: “a estos caballeros (y damas) les pagamos, a través de nuestros impuestos, para que piensen”. Y prever oportunamente las consecuencias de lo que cada uno hace, es una forma de pensar.