«La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias es hacer nacer la paz en el presente». Rigoberta Menchú, activista por los derechos indígenas.

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Los generales no tienen quien las cuente

Cada semana, nuestro país se ve enfrentado a declaraciones de altas autoridades o de representantes o grandes empresarios que lanzan cualquier exabrupto y luego dan explicaciones, casi nunca para reconocer su error y pedir perdón; casi siempre, para decir que los interpretaron mal o que sus expresiones fueron sacadas de contexto.

En los últimos días, dos personajes hicieron noticia: Catalina Pérez, presidenta del partido Revolución Democrática; y Lucas Palacios, ministro de Economía.

La diputada Pérez, comentando lo sucedido en Panguipulli, afirmó: “En Chile, la vida de un pobre no vale nada. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?” La sinrazón de la parlamentaria es clara: en un torpe afán por hacer noticia, no se limitó a hacer un juicio político más que justificado,  sino que luego agregó, en primera persona, posicionándose a sí misma como un actora central, un llamado incitando a incendiar todo lo que se le pusiera por delante.

En la otra banda, Lucas Palacios, cuya cartera no tiene nada que ver con el eventual retorno de los estudiantes a clases presenciales, señaló que “los profesores estaban buscando cualquier pretexto con tal de no trabajar”, precisando luego que no se refería a todo el magisterio. Su intervención no hizo más que agudizar un conflicto en que están involucradas cuestiones sanitarias que tienen que ver tanto con riesgos de contagios de maestros y alumnos como con el uso de los locales escolares como centros de vacunación.

Quién sí hizo un aporte significativo en una materia relevante y de actualidad, fue la Ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar. En entrevista radial, la secretaria de Estado, comentando la actuación de Carabineros en Panguipulli, señaló que se requería “una refundación de la policía uniformada”. A las pocas horas, el Ministro de Interior y Seguridad Pública Rodrigo Delgado, acotaba: “hace dos años que se está trabajando en la reforma” enfatizando “el concepto oficial es reforma”.

¿Qué había sucedido en el intertanto? Simplemente que el General – Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en un acto interpretado por diferentes sectores como de clara deliberación, había representado al Gobierno la “incomodidad del alto mando” por los dichos de Rubilar. Luego, tanto Yáñez como Delgado, desconocieron el hecho.

El problema es que la información de “El Mercurio, en nota de su periodista Daniel Inostroza G., indicaba textualmente: “De manera telefónica, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, interrumpió sus vacaciones para comunicarse con el Ministerio del Interior y manifestar la “incomodidad” del alto mando… por los dichos de la ministra… Karla Rubilar”.  Incluso el decano de la prensa nacional detalla que los generales ese mismo día “comenzaron a intercambiar impresiones en los grupos de WhatsApp que comparten”. Es fácil deducir que en el caso, alguien ha mentido.

Pero, retomando el problema de fondo, la cuestión se centra en dos palabras: “reforma” y “refundación”.

“Reformar”, en una de sus acepciones, la más adecuada al tema, implica “enmendar, corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos o hábitos que se consideran censurables”.  Por “refundar”, se entiende “revisar la marcha de una entidad o institución, para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos”.

En la coyuntura, bien podría hacerse una suma de ambos conceptos para dejar a todos conformes,  pero el problema que preocupa a la ciudadanía en general, no es meramente semántico sino que es mucho más de fondo.

El Cuerpo de Generales, a pesar de todo lo sucedido y que, lamentablemente, pareciera ser un cuento de nunca acabar, hasta ahora no logra dimensionar la gravedad de la crisis. Tampoco, la dimensiona el presidente Piñera y el actual Gobierno.

Se insiste en una serie de modificaciones de menor cuantía, se hace público que se están redactando nuevos protocolos operativos que son atropellados cotidianamente, pero no se visualiza lo más grueso: la policía uniformada vive una grave crisis de legitimidad.

Bien haría el Alto Mando institucional en prestar oídos a lo que se dice y comenta en diferentes sectores de la sociedad, abriéndose y aportando a un cambio de fondo que el país reclama fundadamente. Ni la represión como método de trabajo ni la impunidad frente a los delitos y abusos funcionarios, son tolerables en una comunidad democrática. El respeto indispensable,  se conquista con autoridad moral.

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