«La ciudadanía tiene el deber y el derecho de cuidar la democracia, salir al paso de cualquier posibilidad de extremos que pongan en peligro las libertades públicas. Digamos nó a la amenaza de fascismo en Chile , votar y votar bien, es nuestra responsabilidad.«

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El banquillo de los acusados.

En la semana que recién concluye, Chile ha vivido uno momentos más bochornosos de su vida política democrática.

La prensa – papel, controlada en su casi totalidad por el innombrable duopolio, ha puesto el acento en las anecdóticas circunstancias que rodearon el proceso procurando, como ya es costumbre, que los ciudadanos claven su atención en esas circunstancias y no en los aspectos de fondo del problema. Para resolver sobre la admisibilidad de la acusación constitucional interpuesta contra el Presidente de la República era necesario, de acuerdo a lo que dispone la Constitución vigente, el voto aprobatorio de 78 diputados, cifra con la cual contaba la oposición. Sin embargo, dos de ellos no estaban en condiciones de votar – uno, por estar en cuarentena, y otro, por mostrar alguna sintomatología que pudo atribuirse al Covid 19 pero que luego se desechó – no habiéndose autorizado la emisión de su voto por vía telemática. Aunque el Gobierno dispuso medidas de control sanitario para impedir su llegada al Congreso, un discurso de 15 horas del diputado Naranjo y una maniobra distractora para el acceso al edificio, hicieron posible declarar la procedencia de la acusación.

Es curioso, pero poco se ha relevado el hecho de que casi una decena de diputados oficialistas, estando presentes en la Sala, optaron por abstenerse y no optaron por rechazar la acusación como era esperable, actitud que no necesita ser interpretada.

Hasta ahí la parte casi folklórica de los hechos.

Los mismos medios aludidos han dado profusa atención a las monocordes declaraciones de dirigentes de los partidos de Gobierno, de ministros de Estado y hasta del propio Presidente en cuanto a que la acusación interpuesta no era más que “una maniobra político – electoral”. Hasta la Primera Dama (quien de seguro viajará a Miami en los próximos días a comprar los regalos de Navidad para sus nietos) alzó la voz manifestando categóricamente: “Yo puedo dar fe de que Sebastián es inocente”, Según este coro, estaríamos frente a un “caso cerrado”. De seguro, la acusación no alcanzará en la Cámara Alta el voto de los 2/3 de los senadores en ejercicio pero cabe preguntarse: ¿Significa ello la inocencia del personaje acusado?

Aunque las partes involucradas en el conflicto puedan disentir acusándose mutuamente y atribuyendo al adversario aviesas intenciones, el problema de fondo es esencialmente de carácter moral, de moral política.

Resulta inaceptable aceptar pasivamente conductas de esta naturaleza en personas que ejercen o pretendan, en lo futuro, ejercer funciones públicas. Lo primero, es dejar establecido que no siempre “la verdad judicial” o “la verdad política”, coinciden con “la verdad real”, con “la verdad verdadera”.

Así lo demuestra la historia. En el caso inicial que origina la trayectoria del inculpado, “la quiebra del Banco de Talca”, ha quedado fehacientemente demostrado por confesiones a la prensa de la propia Ministra de Justicia de la dictadura Mónica Madariaga que ella presionó directamente a ministros de la Corte Suprema para lograr su impunidad.

A partir de ese entonces, se fue configurando una conducta personal, financiera y política que transcurrió siempre “al filo de la ley”. Engaño a su mandante Ricardo Claro para apoderarse del negocio de las tarjetas de crédito, uso y abuso de información privilegiada (caso LAN), abuso en el caso de la venta de las acciones de Endesa, traslado de valores hacia guaridas fiscales pese a discurso público condenando su existencia, claros conflictos de interés en los casos de Exalmar y minera Dominga, son hitos graves que hacen ver la integración de sus hijos a una misión económica oficial a China para acceder a negocios personales como una niñería de menor cuantía.

Lo grave de esta secuencia de hechos radica en que diversas organizaciones empresariales y de grupos de interés han legitimado con su silencio conductas que debieron ser condenadas. Asimismo, es bueno observar cómo los medios de comunicación tradicionales, que se enorgullecen al autoproclamarse como “formadores de opinión pública” terminan cohonestando conductas que debieran ser repudiadas sin excusas.

Pero, finalmente, el problema no es solo nacional. En múltiples casos a través del planeta ha sido posible constatar la incompatibilidad absoluta entre los negocios y la política. Puede ser legítimo que sectores conservadores de una sociedad determinada defiendan con vehemencia sus valores y principios, pero es inaceptable que acepten como lícitas conductas que son repudiables.

El señor Presidente podrá continuar en su cargo por insuficiencia de votos para condenarlo. Pero el daño que ha hecho a la democracia y a la imagen – país no podrá ser borrado. 

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