«Nuestro país requiere sumar voluntades tras el logro de cambios significativos en la sociedad. Todos los estamentos públicos y sociales, deben cambiar: egoísmo por solidaridad,  crecimiento por desarrollo, Compromiso por la displicencia y la apatía,…  Sumando a ello una visión integral de ciudadanía , la sabiduría por la ignorancia,  unidad por sobre dispersión«

Actualmente nos leen en: Francia, Italia, España, Canadá, E.E.U.U., Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Chile.

El “caso Buchi”.

Hernán Buchi Buc, ingeniero civil en minas, es sin duda uno de los más destacados hijos de la educación pública chilena. Iquiqueño, hoy de 72 años de edad, estudió en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile. Calladamente se acercó a los férreos círculos económicos de la dictadura gremialista – militar paseándose por un mar proceloso anegado de los tristemente célebres “chicago – boys”. Aun cuando no estudió en la Universidad de Chicago (su alma mater fue la U. de Columbia) supo asimilarse muy bien al medio ambiente vigente en materia económica.

Cumpliendo en silencio diversas labores “de asesoría”, Buchi supo interiorizarse de los entresijos del poder procurando ser un fiel servidor que no molestaba a nadie ni hacía sombra a nadie.

Su carrera profesional la inició como asesor del Ministro de Economía del régimen Pablo Barahona, desde dónde se catapultó a múltiples cargos de la segunda línea. Obtuvo ser designado director de la Industria Azucarera Nacional y de la Compañía de Teléfonos de Chile, ambas empresas estatales a la fecha, y se acercó al entonces Ministro del Trabajo y Previsión Social José Piñera Echenique para colaborarle en la implementación del sistema privado de pensiones (AFPs). Como si ello no fuera suficiente, en 1981 alcanzó el cargo de Subsecretario de Salud y desde ahí elaboró la reglamentación que rige hasta hoy a los Institutos de Salud Previsional (ISAPRES).

Por poco más de un año fue Ministro de Odeplan (1983-1984) y pronto logró la presidencia de la estatal Empresa Nacional de Electricidad para luego asumir la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, función desde la cual tendió múltiples y sólidos lazos con los actores más importantes del sector. En 1985, fue designado Ministro de Hacienda en reemplazo de Luis Escobar (economista proclive al keynesianismo y a una mayor intervención del Estado en la economía) logrando de inmediato un retorno a la ortodoxia neoliberal.

Su eficiencia fue palpable. La Compañía de Acero del Pacífico (CAP), ENERSIS, ENDESA, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), IANSA, LAN-CHILE, el Laboratorio Chile, fueron privatizados y adquiridos a precio de huevo por muchos de los próceres que hoy se presentan como eximios y exitosos empresarios aunque, en buenas cuentas, sus fortunas las construyeron a costa del vilipendiado Estado.

La gran prensa de la época aplaudió su “exitosa gestión” y la Unión Demócrata Independiente, muchos de cuyos excelsos militantes se beneficiaron de lo obrado por Buchi, lo proclamó como su candidato presidencial para las elecciones de 1989, luego del No ciudadano a Pinochet. Pero Buchi, acostumbrado a desplazarse en las sombras, desconcertó al oficialismo pinochetista ya que luego de ir a la montaña y encontrarse consigo mismo, declinó la candidatura arguyendo que tenía una “contradicción vital”, lo que nunca (hasta el día de hoy) ha logrado explicar. En julio de ese año, declaró que había “superado sus dudas”, aceptó ser candidato para terminar sufriendo una estrepitosa derrota a manos de Patricio Aylwin.

Desde ese entonces, el personaje se ha movido hábilmente como pez en el agua cosechando los frutos de su siembra. Miembro de la Comisión Política de la UDI, fundador del Instituto Libertad y Desarrollo, director de Madeco y del Holding Quiñenco (family office de los Luksic), director de Soquimich (SQM) de Ponce Lerou (en el escándalo de las “platas políticas” declaró que el gerente jamás había contado a los directores lo que estaba haciendo) , era presidente del directorio de Luchetti a la época en que se hizo público el pago de un soborno por parte de Andrónico Luksic a Vladimiro Montesinos, jefe de los servicios represivos secretos de la dictadura de Fujimori en el Peru. Aunque el tiempo se le hace escaso, también ha sido presidente del Consejo directivo de la Universidad del Desarrollo y junto a sus camaradas Gabriel Ruiz Tagle (colusión de papeles tissue) y José Antonio Guzmán, creó el diario digital El Libero y se desempeña como columnista de El Mercurio. Como se ve, aunque hace un par de años se fue de Chile porque el país no le daba confianza, sigue siendo el alma del bien orquestado poder económico.

Hoy, nuevamente Buchi hace noticia.

La Fiscalía Nacional Económica ha presentado un requerimiento solicitando aplicar elevadas multas “por participación simultánea de personas en directorios o cargos ejecutivos de empresas que compiten entre sí”. Esta práctica, conocida en la jerga financiera como interlocking, puede facilitar la colusión porque, aunque no haya acuerdo colusorio, evidentemente reduce la independencia de los actores y afecta la tan cacareada “libre competencia”. Desde agosto de 2017, está prohibida en Chile habiéndose dado un plazo de seis meses para regularizar situaciones anteriores. La Fiscalía pide multas de 2.900 millones para el Banco Chile, 2.632 millones para Falabella, 2.678 millones para Consorcio Financiero y 357 millones para Buchi, quien sería el director “multipropósito” de estas empresas. Además, se piden 1.287 millones al mismo Consorcio Financiero, 1.852 millones al grupo Larraín Vial, y 162 millones a Juan Hurtado Vicuña. Nuevamente aparece aquí Buchi, como director de P&S, sociedad anónima cerrada, a través de la cual el mencionado Hurtado participa en Consorcio.

Las cifras son importantes pero poco significativas para actores de este pelaje.

Cuando un director de empresa gana 90 millones mensuales o cuando una empresa puede traspasar a terceros el monto de las sanciones o cargarlo a gastos de la actividad, las sanciones resultan casi irrisorias.

En verdad, la ley debería ser más dura y obligar a los hechores a asistir a clases de ética.

Recuerda que puedes seguirnos en facebook:

Déjanos tu comentario:

Su dirección de correo electrónico no será publicado.

*

Sé el primero en comentar

sertikex-servicios-informáticos www.serviciosinformaticos.cl