«La ciudadanía tiene el deber y el derecho de cuidar la democracia, salir al paso de cualquier posibilidad de extremos que pongan en peligro las libertades públicas. Digamos nó a la amenaza de fascismo en Chile , votar y votar bien, es nuestra responsabilidad.«

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El dedo en la boca.

No deja de ser curioso lo que está ocurriendo en la política chilena.

El país, regido durante un nuevo cuadrienio por la coalición de derecha “Chile Vamos”, observa con estupor el fracaso generalizado de lo que algunos han considerado el peor gobierno democrático de la historia. Si bien en los hechos el segundo mandato de Sebastián Piñera se ha visto afectado por dos importantes factores exógenos – el estallido social y la pandemia – la conducción política ha mostrado ineficiencia e incompetencia.

Es indispensable reconocer el acertado manejo del problema sanitario en materia de adquisición y aplicación de vacunas y, sobretodo la respuesta abnegada y generosa de la red pública de salud cuyo personal en los niveles primario, secundario y terciario, no escatimó sacrificios personales ni familiares para atender a los millones de pacientes afectados. Aunque estamos muy lejos de cantar victoria y el peligro infeccioso continúa al acecho, un adecuado ejercicio de las medidas sectoriales y la asunción de conductas adecuadas de responsabilidad social debieran alimentar la esperanza.

Sin embargo, la cuestión actual tiene que ver con el creciente e indisimulado involucramiento de la Presidencia de la República en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Nos referimos a la Presidencia como órgano institucional del Estado administrado por el mandatario antes referido.

Las cosas encuentran su antecedente hace varios meses atrás cuando se hizo público que la Ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar, contrató a su pareja, el periodista Christián Pino, como funcionario del ministerio, por la remuneración simbólica de $1.- Lo que aparentaba ser una muestra de probidad ejemplar, era el ingenioso mecanismo creado para que el periodista tuviera libre acceso a La Moneda, a los medios y equipos de Palacio y pudiera acompañar a la titular a todas sus actividades oficiales. El círculo se cerró cuando Pino fue nominado como candidato a diputado por el pacto de derecha “Chile podemos + ” y luego una denuncia anónima dio a conocer que muchas tareas electorales se estaban ejecutando desde la misma Moneda. La explicación de Rubilar indicó que estos trabajos eran voluntarios, que se hacían en horario de colación y con presupuesto propio.

Al cerrarse las primarias del oficialismo y conocerse el sorpresivo y aplastante triunfo de Sebastián Sichel sobre el favorito Joaquín Lavín, todas las fuerzas de la burocracia oficialista se cuadraron con el nuevo nombre. La encuestadora CADEM, financiada generosamente con recursos públicos (20 y 39 millones solo en el mes de octubre) y que no previó este ganador, alimentó su candidatura con optimistas cifras semanales. Pero, desde que sucesivos errores llevaron a la violenta caída de Sichel, la firma de estudios de mercado mostró un inusitado crecimiento del postulante opositor de extrema derecha José A. Kast hasta llevarlo a empatar con Boric y a superarlo por casi diez puntos.

En un escenario en el que el temor, el miedo, la incertidumbre, aparecen como elementos que pueden ser decisorios en la definición de muchos ciudadanos, el equipo de Palacio decidió jugar todas sus cartas a través de la explotación de estos factores. El mismo Piñera que otrora denunciara a los llamados “cómplices pasivos de la dictadura”, que se paseara por los países de Europa presentándose desvergonzadamente como el promotor de la nueva Constitución, viró sin asco en redondo buscando un inesperado triunfo continuista de la derecha.

A los desafortunados exabruptos del Subsecretario de Interior Juan Francisco Galli que ha insistido en culpar a la oposición por lo que el Gobierno no hace, se sumó la estudiada calendarización de los estados de emergencia constitucional que, luego de dos sucesivas quincenas, necesita de la aquiescencia del Congreso Nacional para una nueva prórroga la que deberá votarse en la semana que ahora se inicia. El jueves 4 el Ejecutivo procedió a expulsar a través de un vuelo chárter a 120 inmigrantes (70 venezolanos y 50 colombianos), algunos por delitos cometidos en Chile y la gran mayoría por ingreso irregular al país. Para cuadrar el círculo, el mandatario que ha criticado con dureza el proyecto de “indulto” a los presos del estallido social, sorpresivamente le puso “urgencia” procurando una definición previa a las elecciones.

El recurso electoral del 2017 que buscaba crear temor apelando al eslogan de evitar que el país se transformara en una “Chilezuela”, ha sido sustituido ahora por el recurso al amedrentamiento generalizado para lo cual se están cumpliendo todas las etapas definidas por los creativos del sector.

Puede profetizarse que en estos quince días los atentados se multiplicarán, los medios tradicionales harán el aporte necesario para sustentar esta atmósfera de temor.

Todo lo dicho podría eventualmente ser útil para pasar a segunda vuelta, pero el daño que se está causando  a la sociedad chilena y a la democracia será muy difícil de reparar.

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