
El lado oscuro de Chile
“Cada día puede ser peor”.
A simple vista la frase anterior parece una sentencia negativa, muy pesimista, pero en último término es un llamado de atención acerca de las cosas que no se están haciendo bien en el país y que requieren con urgencia un cambio de rumbo. En casi todos nuestros comentarios hemos insistido en el grave problema que para la convivencia en comunidad representa la fractura social que mantiene a una elite satisfecha, ahíta de privilegios, por un lado, y, por el otro, a una gran mayoría marginada del acceso a bienes fundamentales.
Tres casos que se han presentado en los últimos días, sirven de punto de partida para una reflexión imprescindible.
Caso 1.- Huentemó es un pequeño poblado en la comuna de Chonchi, provincia de Chiloé. Insignificantes para las grandes políticas públicas, sus 150 habitantes subsisten con sus sacrificadas labores campesinas o pesqueras, de mera subsistencia. El terremoto del 2010 derribó el puente del lugar, sobre el río Deñal, generando un aislamiento grave. El acceso más cercano a un camino, está a 400 metros de distancia y embarazadas, niños, adultos mayores, deben ser trasladados hasta allí en viejas carretillas. Huentemó hizo noticia el 16 de enero cuando se informó que un adulto mayor con paro cardiorrespiratorio, debió ser trasladado en una balsa artesanal de plumavit hasta el punto de llegada de una ambulancia. El hecho recordó una reportaje de hace seis años, que mostraba a niños que para ir a su escuela se desplazaban sobre una cámara de neumático.
Caso 2.- El pasado 20 de enero, se dio a conocer el fallo, emitido por la Tercera Sala de la Corte Suprema que preside el ministro Sergio Muñoz, ante un “recurso de protección”. La sentencia dispone que el Municipio de Nogales, provincia de Valparaíso, deberá adoptar de inmediato las medidas para proveer el abastecimiento de un mínimo de 100 litros diarios de agua potable por persona. Expresa textualmente: “Es obligación del Estado asegurar el acceso al agua potable de todos los habitantes del país especialmente a grupos vulnerables, en condiciones de igualdad y no discriminación”. En tiempos en que se critica fuertemente la amenaza de un eventual “gobierno de los jueces”, se constata que cada día es más frecuente que deban ser los tribunales los que ordenen a las diversas reparticiones del Estado el cumplimiento de sus obligaciones.
Caso 3.- Las estadísticas oficiales han destacado el notorio aumento de la edad media de la población chilena. El bajo número de niños que nacen cada año y el aumento de las esperanzas de vida alteran la composición demográfica del país. De acuerdo a un estudio de la P. Universidad Católica (El Mercurio 22.01.2021) a noviembre de 2020, los habitantes mayores de 65 años alcanzaban la cifra de 912.056 personas. El dato, que a primera vista debiera ser valorado, contiene una serie de consecuencias sociales importantes. El cuidado de los adultos mayores que padecen graves problemas de soledad, la subsistencia económica de personas que reciben bajísimas pensiones, los requerimientos de atención de salud especializada, entre otros, constituyen problemas complejos pero que no reciben respuestas con la urgencia debida. La “Geriatría”, especialidad médica orientada a este segmento de la población, presenta datos alarmantes. Cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 1 geriatra por cada 5.000 individuos, en Chile la cifra es de 1 profesional por cada 18.290. Peor aún: Las regiones de Arica, Tarapacá, Atacama, Ñuble y Aysén, no registran ningún especialista; Coquimbo, OHiggins, Magallanes) solo 1; Antofagasta y Los Ríos solo 2. En el otro extremo, la Región Metropolitana que reúne un 38 % de la población en estudio, concentra el 72% de los geriatras. Para mostrar la información de una manera diversa, mientras en Coquimbo un especialista debiera atender a 107.277 personas, y en OHiggins a 131.373 personas, en la capital su preocupación se extiende solo a 9.724 pacientes,
¿Qué tienen en común las tres situaciones descritas?
Constituyen la expresión concreta de las consecuencias de un centralismo avasallador. Cada vez que el país debe enfrentar elecciones presidenciales, el candidato, y también los parlamentarios o aspirantes a parlamentarios que conforman su corte, suscriben pomposamente, ya sea con la mano derecha si son diestros, o con la izquierda si son zurdos, solemnes compromisos en pro de la regionalización del país, los que, al día siguiente, son olvidados y botados a la basura. Cada vez que se crea un nuevo ministerio u organismo, se genera una importante burocracia integrada por periodistas, secretarias, choferes, asesores técnicos, asesores jurídicos, auxiliares, etc. etc., destinados en un 80 o más por ciento, a ejercer sus funciones en la ciudad – capital. Desde la Constitución de 1925, con sus mortinatas “asambleas provinciales”, la relación de poder político, económico, cultural, comunicacional y gremial, entre la metrópoli y el país real, ha permanecido esencialmente intacta. La creación de nuevas regiones (¿llegaremos luego a las 25 provincias del siglo pasado?) ha significado un despedazamiento del territorio con alteraciones solo aparentes de la realidad pero sin que haya un enfrentamiento efectivo del desequilibrio que salta la vista. ¿Cuántos miles de casos como los descritos hay en el país.
El estudio y aprobación de una nueva Constitución ¿será la última oportunidad para instaurar un Chile regionalizado que garantice equidad e igualdad de oportunidades?
Mis felicitaciones personales para el abogado Héctor René Fuentealba Prado, por tan importante artículo, que nos presenta una realidad que absolutamente nadie la puede poner en dudas, porque Chile lo está viviendo en la actualidad, y realmente es, sin duda alguna EL LADO OBSCURO DE CHILE. Ojalá que los políticos chilenos, incluyendo al Presidente actual, lo puedan leer, para que aprendan de una vez por todas, que desafortunadamente ellos no están haciendo el trabajo prometido cuando fueron electos por la ciudadanía chilena.