En un país diverso y complejo

Realizar un buen y atinado análisis de los resultados de las elecciones realizadas durante los días sábado 15 y domingo 16 de mayo, es una tarea bastante difícil.

El estudio acerca de las votaciones en materia de Alcaldes y Concejales, en general no presentará mayores problemas y los diversos sectores a través de los cuales se expresaron las opciones políticas se declararán vencedoras ya sea porque obtuvieron más votos o porque eligieron más alcaldes o porque lograron mayor cantidad de concejales o porque vencieron en más capitales regionales o en comunas más pobladas. Nadie aceptará su derrota y sobrarán las explicaciones del caso. En materia de Gobernadores Regionales, lo lógico será esperar las “segundas vueltas”, oportunidad en que de seguro habrá una confrontación entre oficialismo y oposición, en lo que será visto como un enjuiciamiento a la gestión del Presidente.

El problema se presenta entonces en el terreno de la elección de los Convencionales Constituyentes ya que en la cifra total de 155 se incluyen los 17 representantes de los pueblos originarios en tanto que en el universo restante están militantes de colectividades políticas más o menos tradicionales, seudo-independientes cuya filiación es sobradamente conocida y que más bien debiesen ser identificados simplemente como “no militantes formales”, e independientes propiamente tales cuya actitud al interior de la Convención no es en absoluto predictible.

El proceso que se pondrá en marcha tendrá sin duda una serie de complejidades cuya resolución indicará desde el principio cuál será el camino hacia adelante.

Por supuesto, los sectores minoritarios que en el plebiscito votaron por el rechazo, jugarán todas sus cartas tras la defensa de lo que consideran como puntos fundamentales de una “sociedad libre”, expresión que encubre no solo la mantención de privilegios injustificables sino también la imposición de determinados principios valóricos que hacen de nuestro país una de las sociedades más conservadoras del planeta. Al frente, otra fracción también minoritaria buscará una radicalización del debate con propuestas inviables que se encaminarán no a resolver los desafíos que presenta una sociedad fragmentada sino a imponer sobre los demás sus propios puntos de vista. Curiosamente, uno y otro, cada cual con su estilo, buscará “rodear” el encuentro sustrayéndolo del campo de la deliberación racional y equilibrada orientada al bien común.

El jurista y politólogo alemán Carl Schmitt, uno de los más influyentes pensadores del nacional – socialismo (movimiento político totalitario que condujo a la humanidad a la peor tragedia con millones de muertos) fue categórico en su afirmación en cuanto a que la cuestión fundamental de la política radicaba en saber hacer la distinción entre “amigos” y “enemigos”, tesis en la que curiosamente coinciden los extremismos de izquierda y de derecha.  Por el contrario, la esencia de la democracia radica en la capacidad de convivir con quienes piensan distinto. Precisamente, por esa razón lo que se espera de un debate constituyente es la determinación de las reglas del juego que regirán hacia adelante la vida en comunidad, definiendo los aspectos esenciales en que se desenvolverá esta coexistencia.

A todas luces, resultaría inconcebible que esta oportunidad histórica fuese utilizada para imponer vía texto constitucional un modelo dominante repitiendo la experiencia que se ha vivido durante décadas solo que ahora bajo el signo contrario.

La historia, nacional y mundial, nos ha enseñado, con una reiteración que ya no sorprende, que en situaciones críticas aparecen variados corifeos que hablan (o gritan) asumiendo representar “la voluntad del pueblo” y que, una vez que han logrado alcanzar determinadas cuotas de poder, se transforman en nuevas castas dominantes que solo buscan perpetuarse en sus cargos. Los regímenes de “partidos únicos”, que desconocen y penalizan el pensamiento disidente, que se sustentan en policías secretas encargadas de la represión, que configuran nomenklaturas  abundantes en privilegios, son incapaces de dar respuestas eficaces a las demandas de la sociedad.

Algunos ideólogos de papel han aparecido en este tiempo instando por lo que denominan “una democratización de la sociedad” a través del recurso a los cabildos o al asambleísmo permanente, procedimientos a través de los cuales se busca una captura simbólica de la “voz del pueblo” interpretada por los individuos más violentos y vociferantes. En los hechos, se trata de un utopismo demagógico que jamás ha logrado convocar ni siquiera a un 2% de los ciudadanos ni ha sido capaz de aportar soluciones responsables.

Sería de necios desconocer o negar las imperfecciones notorias que presenta en la práctica la democracia representativa vigente. Más absurdo aún sería pretender “hacer política” mediante el cotejo de la realidad deficiente en que se vive con un idealizado futuro que jamás ha existido y que en las experiencias históricas ha devenido en remedios peores que la enfermedad. A fin de cuentas y ad portas de la instalación de la Convención Constituyente, lo que Chile requiere es una limpieza radical de su democracia imperfecta, un reconocimiento de los derechos básicos de una sociedad que busca su consagración efectiva, la eliminación de los privilegios y enclaves de clase. En suma, una nación caracterizada por la inclusión y la equidad, por el respeto mutuo y la solidaridad, como  bases de una buena convivencia.