¿ES CIEGA LA JUSTICIA EN CHILE?

La justicia es generalmente representada por una figura de mujer, mezcla de la diosa griega Temis y la diosa Romana Lustitia; esta mujer aparece con una venda en los ojos, y una espada y una balanza en cada una de sus manos. Si bien cada uno de estos símbolos tiene un significado en particular, para los efectos de este artículo me concentraré en la importancia de la venda que cubre los ojos de esta diosa.

La venda nos indica que la justicia es esencialmente objetiva, no hace diferencias y es igual para todos. Al imponerse, la justicia lo hace libre de miedos y favoritismos; y con absoluta independencia de la identidad, la riqueza, el poder o la debilidad de quien es sujeto de ella; desde este punto de vista, la justicia debe ser ciega y por tanto imparcial.

Para que la justicia cumpla con el cometido encomendado por las diosas Temis y Lustisia, debe ser no sólo independiente, sino que imparcial y neutral; la falta de alguno de estos elementos comprometerá la esencia del ejercicio de impartir justicia.

El profesor de la Universidad de Girona, Diego Papayannis ha intentado definir estos conceptos, en el marco de la aplicación de la ley y la justicia.

La independencia, es entendida como la existencia de ciertas garantías institucionales, que otorgan seguridad a quienes imparten justicia, liberándolos de presiones externas que pudieran comprometer sus juicios. Algunas de estas garantías, según señala Papayannis son la neutralidad en la designación de los jueces, la estabilidad en el ejercicio de sus cargos, la autonomía en sus decisiones respecto de otros poderes del estado, un cierto grado de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y la inviolabilidad de su salario.

La imparcialidad, es generalmente entendida como la objetividad y ausencia de prejuicios en el acto de formar juicios y tomar decisiones. Papayannis señala que la imparcialidad debe ser tanto personal como institucional, entendiéndose la primera como la falta de intereses comprometidos con el resultado de las decisiones judiciales, y la segunda como la autonomía y libertad con que funcionan las instituciones que imparten justicia.

Finalmente, la neutralidad, es en este contexto entendida como el compromiso de impartir justicia basando y fundamentando las decisiones judiciales sólo en el contenido de las reglas aplicables y previstas en el sistema legal, y con prescindencia de la valoración personal que de ellas haga quien la imparte. La neutralidad entonces implica que un juez impartirá justicia sobre la base de los valores provistos por la ley y no los suyos propios. Lo anterior no desconoce la inherente facultad interpretativa de quien imparte justicia, sin embargo este ejercicio de interpretación, debe estar guiado siempre por la intención de buscar la mejor y mas justa aplicación de la ley a una situación en particular y no por el intento de acomodar esta ley a los sentimientos o valoraciones personales de quien imparte justicia.

Papayannis señala, con razón, que estos valores son parte fundamental de la acción de administrar e impartir justicia y por ende deben estar presentes tanto a nivel institucional como individual.

La protección de estos valores, es responsabilidad primordial de las instituciones que el estado se ha dado; la falta de resguardo o acciones tendientes a su fortalecimiento, derivarán en consecuencias nefastas para la sociedad en general.

Los recientes hechos acontecidos en la Corte de Apelaciones de la Región de O’Higgins; el trato privilegiado con que continúan siendo beneficiados algunos de los acusados por financiamiento irregular de la política; las clases de ética impuestas como sanción para Délano y Lavín, ambos controladores de Penta; son sólo algunos de los ejemplos que nos llevan a preguntarnos si la justicia en Chile actúa realmente con absoluta independencia de la identidad, riqueza, poder o debilidad de quien es sujeto de ella.

Existe en el país la percepción de que la justicia no es ciega; al contrario, la ciudadanía percibe, justificada o injustificadamente, la existencia de una justicia para ricos e influyentes y otra para quienes carecen de recursos. Una pancarta exhibida por un grupo de estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, militantes de Revolución Democrática, parece expresar bien este sentir popular, “cárcel para los pobres y clases de ética para los poderosos”; o como señalara recientemente Mónica Rincón, “en Chile parece encarcelarse la pobreza”.

Indudablemente, la justicia en Chile se encuentra en mejor pie que la justicia en la mayoría de los países de Latinoamérica; sin embargo, lo anterior no debiera entenderse como un consuelo aceptable. Los niveles de independencia, imparcialidad y neutralidad observados en nuestro sistema judicial, presentan claras debilidades, que por la gravedad que implican, deben ser corregidas con efectividad y eficiencia, recogiendo los aportes de nuestros expertos y  las experiencias internacionales.

La necesidad de una profunda reflexión sobre este tema se hace cada vez mas necesaria; una reflexión en la que participen los diferentes estamentos de la sociedad. No reconocer esta necesidad es una falta de responsabilidad, cuyas consecuencias afectaran la credibilidad y viabilidad de instituciones fundamentales para el funcionamiento de nuestro país.