«Desarrollo a Escala Humana: Si pasamos de la teoría a la práctica, con respeto a la naturaleza, haremos un aporte a la humanización de la sociedad»

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Estado de Sitio

“Sitiar” no es otra cosa que cercar una plaza, una fortaleza o un grupo humano para combatirlo y someterlo. Sitiar, en buenas cuentas, significa asediar hasta lograr la rendición del enemigo.

En la historia latinoamericana, los casos de este tipo son variados y han marcado presencia, por ejemplo, en el cine con el filme “Estado de sitio” del griego Konstantin Gavras que relata el secuestro por parte del grupo extremista de los Tupamaros en Uruguay, del agente estadounidense Dan Mitrione quien operaba en pro de la dictadura de Pacheco Areco. Asimismo, se destaca el caso de Chile, ya que la Constitución implantada por Augusto Pinochet en 1980 disponía que los derechos que consagraba no podían ejercerse durante este estado de excepción constitucional” situación que se mantuvo permanentemente hasta el 31 de diciembre de 1987 época en que se derogó “como muestra del espíritu de unidad nacional” (sic) que acompañaba al Gobierno.

Nuestro país tiene en carpeta, por ahora, dos graves problemas.

Uno de ellos, la “pandemia”, es abordado con medidas sanitarias cuyo nivel de avance es conocido, y por la aplicación de medidas de disciplinamiento social que con frecuencia no han sido respetadas ni por la propia autoridad..

El otro es, por supuesto, el ahora denominado “conflicto de La Araucanía”, nombre a todas luces impropio toda vez que paulatinamente se ha ido extendiendo con mayor fuerza y violencia, a la parte sur de la Región del Bío Bío (provincias de Bío Bío y Arauco). Precisamente, es el “conflicto mapuche” el que merece nuestra especial atención.

Aunque este problema se arrastra desde épocas pretéritas alcanzando su cima con la campaña militar “de pacificación de la Araucanía” emprendida por el Estado chileno en el siglo XIX con el fin de someter a los pueblos originarios y apoderarse de los territorios que históricamente ocupaban, ha alcanzado ahora niveles de extrema gravedad.

Si queremos interiorizarnos en el tema, lo primero que salta a la vista es la incapacidad absoluta del Gobierno para formular un diagnóstico acabado de la naturaleza del problema. Con una tozudez admirable, se insiste en plantear que se trata de una cuestión de orden público y de delincuencia común vinculada al robo de madera y al narcotráfico, todo en un marco de significativa pobreza.

Ante el fracaso de sucesivos ministros, intendentes y gobernadores, los parlamentarios de Gobierno, las directivas de los partidos oficialistas y los gremios patronales de la zona, han promovido una campaña muy bien organizada para lograr que el Ejecutivo declare el área bajo “estado de sitio”. Para decirlo en perfecto español, se trata de “militarizar la zona”. La autoridad ha coqueteado con la idea (“nada está descartado”) pero ha vislumbrado obstáculos que no esperaba.

Ante todo, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, el “estado de sitio” procede en caso de “guerra interna” o “grave conmoción interior”, punto de partida que implica el reconocimiento tácito de una incapacidad política. Debe ser aprobado por el Congreso Nacional (difícilmente se conseguiría tal mayoría) y su vigencia es de 15 días sin perjuicio de su renovación. ¿Qué consecuencias prácticas tiene tal declaratoria? En su virtud, el Presidente puede restringir la libertad de locomoción (desplazamiento), arrestar a las personas en sus propias moradas o lugares que determine la ley que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes y además puede suspender o restringir el derecho de reunión? En el supuesto de que tales medidas se aplicaran en la zona-problema ¿tolerará la ciudadanía del resto del país una restricción tal de libertades públicas esenciales?

Ahora bien ¿Quién cumplirá las órdenes respectivas? La pretensión no confesada es que sea el Ejército u otra rama delas FF.AA. el que se haga cargo del control y mantención del orden público. El propio diario El Mercurio ha señalado: “Desde el Ejército reconocen que aún no está el respaldo político suficiente para tener un piso ciudadano que les permita cumplir su rol en el orden público por lo que no estarían dispuestos a asumir el costo y menos que el tema caiga sobre sus hombros”. En particular, según un funcionario de La Moneda “ello implicaría retroceder en lo que por décadas han tratado de sacar de su imagen”. Ya no están  los tiempos en que este “estado de excepción” se podía prorrogar indefinidamente permitiendo la violación impune de los derechos humanos y la operación clandestina de los servicios de seguridad.

Descartada tal opción, la carta presidencial bajo la manga es el llamado a “un gran acuerdo nacional” con lo que se pretende hacer recaer las responsabilidades en un amplio e indeterminado universo. Esto, como es de toda evidencia, no pasa de ser un mero “volador de luces” ya que tal propuesta no cuenta, de partida, con el beneplácito de los grupos más extremistas de su propio sector ni tampoco con el apoyo de otros ámbitos de la sociedad que han perdido toda su confianza en el mandatario.

Los días van pasando más rápido que lo que se cree. Los próximos dos meses serán ocupados por el proceso electoral inmediato y por la instalación de la Convención Constituyente y luego el país entrará en tierra derecha en cuanto se desate la carrera tras el sillón presidencial.

No puede pretenderse conducir el país con eslóganes y lugares comunes. Pasó la hora del “a los delincuentes se les acabó la fiesta” o “pondremos fin a la violencia” y quedarnos tan impasibles como si eso nunca se hubiera dicho. Para gobernar se requiere claridad de diagnóstico y decisión para aplicar las medidas que correspondan. Ello requiere autoridad moral y coraje incluso para tocar intereses poderosos que todos conocen pero que nadie nombra.

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