Fútbol….¿Deporte o Empresa?

Por supuesto, el fútbol es un deporte. Con mucho más de un siglo de tradición, el balompié ha logrado llegar hasta los más apartados rincones del planeta y se ha consolidado como el juego más popular en todos los niveles sociales. Los niños pobres y sus familias han visto aquí la ventanilla que les abre la oportunidad de salir de la miseria aunque en lo concreto este privilegio solo alcance a unas cuantas docenas de bien dotados.

Su éxito, tal como sucede en otras expresiones de la actividad física, llevó a una creciente profesionalización de la actividad. Cientos de miles de fanáticos coparon los estadios de todo el mundo y más tarde la irrupción masiva de la televisión lo transformó en un espectáculo de alcances inimaginables hasta entonces. Los clubes se transformaron en empresas, las empresas en poderosas sociedades anónimas, estas sociedades cayeron pronto en las manos de un controlador y los políticos estuvieron prestos para apoderarse de una presa que esperaban las traería jugosos dividendos electorales. En Chile, los ejemplos de Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, con Colo Colo y Santiago Wanderers, quedaron para la historia.

El fútbol profesional chileno constituye un caso digno de analizar.

El 90% de las entidades que operan en este campo está constituido por sociedades anónimas. La excepción la forman corporaciones sin fines de lucro. Unas y otras están agrupadas y organizadas bajo el paraguas de una asociación gremial: la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Se trata, por consiguiente, de una actividad netamente privada dedicada a la administración y comercialización de espectáculos deportivos que, por su naturaleza, son netamente competitivos. La ANFP, asociación gremial, está por su lado afiliada a la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), ente internacional con sede en Suiza. Y aquí puede detectarse la primera anomalía que llama la atención: Según sus estatutos, en eventuales conflictos las diversas federaciones nacionales afiliadas tienen prohibido recurrir a los tribunales de justicia de su país aun cuando se trate de causas patrimoniales, laborales o de otra índole.

La ANFP mantiene con el Canal del Fútbol un contrato de televisación de los partidos, que le asegura cuantiosos recursos en su propio beneficio y el de sus afiliados.

Y en este terreno se plantean dos problemas bastante delicados:

1.- El acceso al sistema de competencias es restringido ya que los postulantes, tras cumplir una serie de requisitos que en teoría los habilitarían para incorporarse,   deben pagar una elevadísima cuota de incorporación que se constituye en una verdadera barrera de entrada incompatible con un marco de economía de mercado;

2.- La distribución de los referidos ingresos se hace conforme a pautas convenidas por los actores que están dentro del sistema pero privilegiando a tres clubes capitalinos que, por definición, fueron calificados como “grandes”, lo que crea objetivamente una situación inequitativa desde el punto de vista de la competitividad. Es evidente que si se quiere elevar esta competitividad, la asignación de los recursos debe hacerse conforme a resultados y ubicaciones a través de escalas móviles.

Por otra parte, si bien el fútbol profesional como ya fue dicho es una actividad privada que en general opera con fines de lucro, constituye una anomalía de marca mayor el que se desarrolle con una fuerte subvención del Estado. Un número importante de recintos deportivos son de propiedad pública (fiscal o municipal) y son puestos a disposición de las sociedades anónimas sin costo o a valores que no se ajustan a precios de mercado, sin que ni siquiera estas empresas comerciales entreguen una contraprestación de beneficio social. Por otra parte, la realización de los correspondientes eventos deportivos exige que el Estado deba destinar ingentes recursos en materia de seguridad pública sin que las empresas cumplan seriamente obligaciones mínimas a este respecto.

El fútbol es una actividad importante desde el punto de vista del esparcimiento de la sociedad. Sin embargo, su organización es notoriamente inadecuada, contradictoria con la normativa legal vigente para otros tipos de empresa y ha mostrado un manejo mediocre que ha permitido no solo que sus directivos conduzcan la actividad como si fuera un coto particular sino que además ha hecho posible la comisión de gigantescos fraudes a través de la historia.

El Estado, por intermedio del Ministerio del Deporte, tiene la obligación de impulsar una legislación moderna de la actividad que garantice tanto la seriedad de sus procedimientos como las responsabilidades civiles y penales de quienes actúan en este terreno.