¿Hasta cuándo, Catalina?

René Fuentealba Prado.

La frase conque, bajo la república romana,  MarcoTulio Cicerón enfrentó en el Senado a Catilina, conspirador derrotado en sucesivas oportunidades en sus afanes por alcanzar el cargo de Cónsul, ha pasado a ocupar un lugar preeminente: “¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?”. Muchos criollos la han chilenizado y, así, es frecuente escucharla en su versión popular: “Hasta cuándo, Catalina, abusarán de nuestra paciencia?”.

El llamado “caso Penta”, aún no resuelto, develó la oscura relación entre el dinero y la política. Personas afines e incluso militantes de una colectividad, construyeron un poderoso holding financiero a través del cual incursionaron en terrenos que les estaban vedados legal y moralmente. El deliberado silenciamiento de los medios de comunicación tradicionales, las pueriles justificaciones en cuanto a que estos delincuentes de cuello y corbata eran personas buenas y generosas que habían contribuido a variadas obras solidarias ( no debe olvidarse que todos los capos del narcotráfico también hicieron obras de caridad), el tardío reconocimiento de sus conductas tributarias claramente delictuales y el pago de los impuestos evadidos, no son elementos que justifiquen en manera alguna su actuar.

Penta fue, sin embargo, solo  la punta del iceberg ya que, después de su descubrimiento,  afloraron innumerables conductas de similar naturaleza a  las que aparecieron  ligados personeros de todos los niveles y colores, desde auxiliares y secretarias instrumentalizados por sus jefes hasta ministros y senadores de la República, desde “reaccionarios” connotados hasta “progresistas” que han perdido hasta el mínimo sentido de la vergüenza.

Hoy, los dardos apuntan a un ex Presidente y eventual postulante al cargo para las próximas elecciones del 2017. Clara y categóricamente no hay ningún antecedente irredargüible  que permita sostener que durante su mandato no defendió debidamente los derechos del país en el conflicto con el Perú sometido a la consideración de la Corte Internacional de Justicia.  Sin embargo, las circunstancias que rodean los hechos dan pie para un enjuiciamiento político. No pasa la prueba de la blancura el hecho de que haya constituido un fideicomiso en el país en relación con 400 millones de dólares y haya excluido sus bienes en el exterior por 1.700 millones. No es aceptable (y bien lo puede confirmar el ex ministro Golborne)  que la administración de esos bienes de propiedad de un importante hombre público, esté radicada en un “paraíso fiscal” (“guarida fiscal”, la llamaría Nicholas Shaxson) dada la fama de estos edenes como lugares que acogen dineros ilícitos, lavan capitales de dudosa procedencia y sirven para evadir  normas regulatorias y tributarias. Algunos malpensados, sin base alguna, han puesto en duda, incluso la real ceguera de estos fideicomisos. Peor aún: otros han traído a cuento conductas anteriores  vinculadas a situaciones bancarias, uso de información privilegiada, cuestionadas ventas de paquetes accionarios, y otras con un evidente e inaceptable propósito político.

La pregunta que fluye es una sola: ¿Para qué? ¿Para qué exponerse a un juicio público inútilmente causando grave daño al sector político que desesperadamente trata de defenderlo? El viejo refrán de “la mujer del César” es demasiado conocido para no tener que repetirlo.

En medio de la vorágine informativa, nuevos hechos se han sumado al escándalo que ha involucrado a empresas pesqueras, parlamentarios y ex ministros. La opinión pública se ha formado la convicción absoluta de que las normas dictadas para regular la actividad del sector, han sido manipuladas, digitadas y hasta redactadas por las propias empresas, encontrándonos con legislación que formalmente cumple con los procedimientos establecidos en la Constitución pero que son absolutamente ilegítimas considerando el cómo se logró su aprobación. La inmoralidad del procedimiento es de tal envergadura que ni el constituyente en sus noches de desvelo, fue capaz de imaginar una salida que permitiera declarar nula una ley lograda por medio de tan tortuosos caminos. Catorce empresas pesqueras deberán desfilar por el Ministerio Público para entregar los antecedentes relativos al financiamiento de la política: Bio Bio, Blumar, Enapesca, Alimar, Bahía Coronel, Landes, Camanchaca, Pesca Sur, Cannex, Food Corp, Congelados del Pacífico, Alimentos Mar Profundo, Pesquera Itata y Pesqquera El Golfo. Es posible que algunos de sus aportes se hayan hecho en forma legal pero es obvio que, legal o ilegalmente, lo que se buscaba era comprar conciencias legislativas. Y en este terreno, tan graves es la conducta del que compra como la del representante popular que se vende y abandona su deber público.

Los meses que vienen, sin duda, van a ser difíciles. Fundada o infundadamente veremos  involucrados en conductas dudosas a parlamentarios, ex parlamentarios, funcionarios, ex funcionarios, en un circo cuya función recién comienza.  Tal como sucedió con la “Comisión Engel” sobre probidad y transparencia, sería aconsejable designar a la brevedad una “comisión de ciudadanos libres de toda sospecha”  para que elaborara propuestas claras, precisas y específicas que sustenten un muro infranqueable que separe definitivamente dinero y política, negocios personales e interés público. A partir de ahí, solo quedaría pendiente un pequeño problema: lograr que el Congreso Nacional las apruebe.