LA IMPORTANCIA DE LA AGENDA.

René Fuentealba Prado, abogado.

La “agenda” ha pasado a ocupar un lugar importante en la vida de las personas. El Diccionario de la Real Academia, haciéndose eco del origen latino de la palabra, la define como “libro o cuaderno en que se apunta, para no olvidarlo, aquello que se ha de hacer”. Desde el parvulario, los pergenios tienen su “agenda”, la que debe ser leída y firmada a diario por sus padres. Las universidades hoy entregan a sus educandos una “agenda”  en la que éstos anotarán las fechas de pruebas y controles, mediciones,  que pese a estar “agendadas”, no siempre se preparan como es debido. De ahí la importancia de disponer de una “miniagenda” que nos recuerde que,  cada cierto tiempo, es conveniente echarle una miradita a la “agenda principal”.

Al Gobierno de la presidenta Bachelet le quedan poco menos de catorce meses para concluir su mandato. No es un tiempo muy largo pero en realidad es un lapso más bien breve. Si se le restan las dos vacaciones de febrero (2017 y 2018), los “feriados-puente”, las semanas distritales de los parlamentarios, las fiestas patrias, los imprevistos no previstos, y la circunstancia de que el trabajo duro (¿?) de nuestros parlamentarios es de sólo tres días a la semana, se verá que los días efectivamente disponibles son harto pocos.

El período presidencial de cuatro años establecido por la Constitución chilena es de los más breves que existen en el mundo  ya que, por razones que no es del caso analizar, no considera la posibilidad de la reelección. Muy corto para que los gobiernos aborden los temas gruesos de país; muy largo cuando las administraciones son deficientes. Por lo demás, la multiplicidad de encuestas (muchas de ellas de baja o nula calidad) que son hábilmente destacadas por los medios tradicionales de prensa en beneficio de los grupos de interés que representan y defienden, haciéndolas decir lo que no dicen, generan una insostenible presión que obliga a los gobernantes a dejar de lado las tareas de fondo para dedicarse, en el día a día, a lo que pareciera dar más puntos.

En la recta final, se han conocido las 48 prioridades legislativas definidas por el Ejecutivo y que debieran estar debidamente procesadas desde ahora hasta el 11 de marzo de 2018.

Un espacio importante de esta “agenda” la ocupa el sector “Educación”. A pesar de haber sido durante largos meses la preocupación gubernativa central, la reforma sigue mostrando enormes debilidades, lo que ha llevado a que muchas de las normas en materia de educación superior,  destinadas a ser aplicadas en 2017, se hayan establecido a través de glosas en la ley de presupuestos con los consiguientes problemas prácticos y legales. Si bien los principios ideológicos (en el buen sentido de la palabra) que inspiraron las políticas educativas pueden ser plenamente válidos en cuanto estén orientados a una democratización de la enseñanza, a quitarle sus sesgos de clase y de negocio, a posibilitar un mejor acceso a los sectores más deprivados económicamente, es evidente que la gestión del ministro Nicolás Eyzaguirre constituyó el paradigma de cómo no se deben hacer las cosas. Los ímprobos esfuerzos de la ministra Delpiano, muy loables por lo demás, han servido sólo para salir del paso y enfrentar, de la mejor manera posible, la contingencia. El resultado es negativo, tan negativo que una reforma querida y respaldada por la ciudadanía, ha concluido en un rechazo generalizado que  no va contra la reforma misma sino contra la deplorable gestión técnica y legislativa del problema.

La “agenda” propuesta por el Ejecutivo aborda numerosos temas puntuales optando, con demasiada frecuencia, por la creación de nuevos entes burocráticos (Ministerios, Subsecretarías, Consejos, Institutos…) cuyas plantas funcionarias, en su mayor parte, estarán radicadas en Santiago como es costumbre.

El futuro no se avizora muy positivo. Hasta ahora no se vislumbran propuestas que apunten al corazón de los problemas que agobian a la gente y la historia permite predecir que como nación seguiremos marcando el paso.

La modernización del proceso legislativo es impostergable. Basta observar las largas y tediosas sesiones de las comisiones en las que las intervenciones parlamentarias son fatuas e inconsistentes concluyendo en leyes oscuras y deficientes que los ciudadanos no entienden.

La urgencia en la modernización  del Estado no admite más espera. Modernizar no implica mayor dotación de computadores, de fotocopiadoras o de vehículos, sino un avance audaz hacia una  desconcentración administrativa y hacia una descentralización territorial  de tal forma que los recursos públicos lleguen al lugar en que están los requerimientos y no se enreden en los tentáculos funcionarios. El país no quiere nuevos servicios sino agencias que operen con altos niveles de autonomía, de responsabilidad y de cumplimiento de programas específicos que sean evaluables según sus resultados.

La “agenda 2017-2018” del actual Gobierno, deja un sabor amargo. En nuestra opinión, sólo una ciudadanía comprometida, participativa, seria y responsable,  capaz de ejercer activamente sus derechos, podrá cambiar el rumbo y la forma en que   se hacen las cosas.