La nueva Constitución.

En un momento dado de nuestra historia una inmensa mayoría de ciudadanos manifestó claramente su voluntad de querer una nueva Constitución, cuestionando así el texto vigente elaborado por la Comisión Ortúzar designada por la dictadura y aprobada en un plebiscito a todas luces ilegítimo. Las modificaciones introducidas posteriormente no cambiaron el juicio negativo.

La Convención Constitucional elegida para llevar a cabo este proceso, se obnubiló con la votación obtenida y pretendió concretar un documento refundacional, construido a través de negociaciones de los variados grupos de interés presentes en el organismo para concluir en un “plebiscito de salida” que barrió con sus pretensiones concretando lo que se ha estimado como “la gran farra” de nuestra historia moderna.

Se hizo, entonces, necesario reemprender el camino constituyente recurriendo, ahora, a una Comisión Experta dotada de capacidad técnica para elaborar una nueva Carta y, posteriormente, a un Consejo Constitucional elegido por la ciudadanía.

La votación correspondiente deparó una significativa sorpresa. Los sectores de una derecha radical, mediante una hábil campaña lograron un triunfo inesperado que prácticamente dejó en sus manos el manejo del futuro. No fueron ciertos principios básicos los que fueron sometidos al enjuiciamiento de los electores sino el cuestionamiento al Gobierno vigente y, sobre todo, los acuciantes problemas de delincuencia, migraciones y seguridad pública.

La vox populi, para bien o para mal, le entregó al Partido Republicano el mandato de conducir el reactivado proceso. En plena euforia por la victoria lograda, sus líderes proclamaron: “se nos ha entregado una mayoría, no tenemos por qué negociar con la minoría”. Y, como consecuencia de ello, se negaron a trabajar tras la edificación de “una casa común” y actuaron desde ahí con el mismo criterio (¿o descriterio?) de quienes ya habían fracasado.  Olvidaron que existía la necesidad de trabajar en función del bienestar general del país, con una mirada de largo plazo, que nos diera estabilidad y facilitara la convivencia democrática, y no poniéndose al servicio indisimulado de los poderosos grupos de interés que están tras ellos.

Regresar a una Constitución rígida e inamovible; suprimir el impuesto territorial que financia a casi todos los municipios de Chile; indultar de hecho a todos los delincuentes mayores de 75 años (incluyendo en el beneficio a los autores de delitos de lesa humanidad y también a los pedófilos); impedir normas fundamentales sobre medio ambiente y cambio climático; dar carácter infraconstitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos; son propuestas claramente regresivas que, entre muchas otras, pretenden dejar clavado el hilo de la historia.

En los últimos días, los consejeros republicanos han expresado su voluntad de desistir de algunas de las enmiendas propuestas por ellos mismos procurando mostrar una mayor flexibilidad. La verdad es distinta, Todas las encuestas de opinión han ido mostrando un claro avance de las opiniones proclives al rechazo lo que sería no solo el fracaso político de la extrema derecha y de su hasta ahora silente opción presidencial, sino que el fracaso de Chile como comunidad incapaz de darse normas que posibiliten su desarrollo en un marco de justicia y solidaridad.

Si las cosas se dan de tal manera, habrá un responsable con nombre y apellido..