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17.427 FALLECIDOS

A pesar del mañoso y escondido manejo de los números por parte del gobierno, la cifra de muertos por efectos del coronavirus, llegaba al 1 de Octubre, a nivel nacional a las 17.427 personas. Esto indica la magnitud del impacto, pero no son sólo números. Detrás de ellos, existen rostros, nombres y apellidos de esas más de 17 mil cuatrocientas familias que han sufrido la pérdida directa de un ser querido. El daño que deja el Covid 19 no es menor, el duelo afecta a todos los chilenos.

Lo más lamentable es que, si bien los efectos de una pandemia son imprevisibles, en el caso de Chile, gran parte de sus efectos son atribuibles al mal manejo sanitario de las autoridades de salud y el propio presidente Piñera quien encabezó esas inadecuadas medidas, prolongando innecesariamente los efectos sobre la población.

EL PEOR MOMENTO PARA ENFRENTAR LA CRISIS

Para nadie era desconocido que el sistema de atención pública estaba quebrado y sólo sostenido por el coraje y valentía de los trabajadores de la salud, que reclamaban permanentemente por la falta de recursos, la carencia de insumos y medicamentos. La población estaba indignada por la gran demora en las prestaciones, tener que hacer largas colas para obtener atención médica e interminables listas de espera para el caso de tratamientos e intervenciones. Por algo una de las primeras reivindicaciones del pueblo expresadas durante el estallido social de Octubre del 2019, era una mejora en la salud pública de los chilenos, el término de los traspasos de recursos del Estado a la medicina privada y el fin de los altos precios de los medicamentos, sostenido por el negocio y colusión de los grupos farmacéuticos.

Las autoridades desconociendo totalmente la realidad del país, hacían oídos sordos a estas demandas, negaban los hechos, acusaban de intereses políticos las solicitudes de los trabajadores y cuerpo médico. El Ministro Mañalich señalaba que Chile tenía el mejor sistema de salud del planeta y que los libros de reclamos en los consultorios estaban llenos de felicitaciones.

Con esa misma soberbia y prepotencia enfrentaron la pandemia. Si Chile contaba con la mejor atención en salud del mundo, no había para que preocuparse. Desestimaron opiniones de expertos, académicos y médicos especialistas. No consultaron a organizaciones gremiales de trabajadores de la salud y la experiencia del personal de terreno. Ignoraron el apoyo de los alcaldes y personal de los municipios.

Despreciaron la que estaba ocurriendo en otros países. Ellos tenían todo bajo control. Aquí Chile le demostraría al mundo como se hacen bien las cosas. El Presidente dijo que estaban preocupados desde Enero para atender adecuadamente todos los requerimientos  médicos e insumos necesarios para enfrentar la guerra a la pandemia (ventiladores mecánicos comprados en China, que siempre “venían en camino”).  

¿CONTROL SANITARIO O POLÍTICO?

Si la pandemia del Covid 19 se la tenía controlada, sólo faltaba controlar el otro enemigo, el descontento nacional y las reivindicaciones del pueblo, que amenazaban de regresar en marzo. Se decreta el Estado de catástrofe sanitaria, que justifica la salida de los militares a la calle y otras medidas de excepción de las libertades y se establece el toque de queda en todo el territorio nacional. La primera noche de su vigencia, los militares recorren las poblaciones y vigilan la Plaza de la Dignidad, se procede a limpiar y pintar el monumento del general Baquedano. Todo queda bonito, aquí no ha pasado nada. El Presidente Piñera no resiste a ir a tomarse una foto en el lugar. Le ha ganado a los que allí protestaban.

Pero en Enero no se realizó ninguna compra significativa  en salud, sino que lo que si verdaderamente se adquirió fueron mejores y mayores elementos de represión para los carabineros (nuevos y modernos carros lanza agua, zorrillos, bombas lagrimógenas y otros elementos disuasivos, municiones, ropa, cascos y escudos protectores de mayor tamaño). El gobierno con su ceguera de siempre, no se preocupa de tomar medidas en la búsqueda de solución de las demandas del pueblo, sino que se prepara para la guerra contra los “violentistas”. Así lo han demostrado en su férrea “defensa” del sitio de la Plaza de la Dignidad, disolviendo violentamente manifestaciones que se han realizado en el lugar y que han terminado últimamente con el salvaje y cobarde lanzamiento de un joven al río Mapocho.

QUE LA ECONOMIA NO SE PARE

Mientras tanto, la pandemia avanza y se presentan los primeros casos de infectados y luego de fallecidos. Insisten en no suspender las clases, finalmente lo hacen presionados por los apoderados y alcaldes. Pero sólo por dos semanas, luego se decreta un incomprensible adelanto de las vacaciones de invierno. Se insiste que las clases se deben reiniciar impostergablemente el día 27 de Abril. Se resisten a tomar medidas del cierre de oficinas, industrias y comercio, manteniendo el masivo traslado de empleados y trabajadores por el transporte público con elevados niveles de contagio. Lo más relevante es que la economía continúe funcionando, no importando la vida de las personas. La subsecretaría del Trabajo, anuncia y recuerda que los empleadores están obligados a cancelar a sus trabajadores sólo por los días efectivamente trabajados en el mes. Se autoriza a los empleadores a acogerse a contratos por menos horas de trabajo y se inventa un sistema donde los propios trabajadores paguen la diferencia de sueldos con retiros desde sus fondos de cesantía. Luego inventan una serie de “bonos” de apoyo, por pequeños montos y llenos de letras chicas, que en la práctica poco ayudan a las reales necesidades de los trabajadores despedidos. Es el propio pueblo quien cuida y ayuda a los más necesitados y en distintos lugares surgen ollas comunes para distribuir alimentación.

Con su conocido manejo autoritario y secretismo, toman decisiones de declarar cuarentenas por comunas, incluso por sectores de ellas. Anuncian la puesta en marcha del “Carnet Covid 19”, para los enfermos recuperados y que les certifica inmunidad. La entrega se dilata, se dan distintas fechas y finalmente la iniciativa pasa al olvido. Simultáneamente se muestras cuadros con cifras donde Chile le va ganando a todos los países del mundo, como en una competencia deportiva. Se empiezan a dar instrucciones para el pronto regreso seguro a la normalidad, como muestra se autoriza abrir el comercio de un centro comercial en Las Condes.

CAE EL MINISTRO MAÑALICH

La supuesta eficiencia del gobierno lo tiene todo controlado y solucionado desde el primer momento. Pero la realidad es otra. La gente en los centros hospitalarios se encuentra en crisis, faltan insumos y en varios  casos sobrepasados para atender la alta demanda de las personas infectadas. Largas filas de ambulancias con sus enfermos, esperan ser atendidos en la puerta de los hospitales. El Gobierno culpa del avance del virus a la gente que no cumple las normas de cuidado y aislamiento.

Presionados por las autoridades del Colegio Médico, centros de estudios universitarios, dirigentes comunales y la denuncia de una periodista que desenmascara el manejo de las cifras de los fallecidos, el gobierno debe cambiar su estrategia, reemplaza al Ministro de Salud, se abre a escuchar opiniones de especialistas y asume el trabajo con los equipos de salud territorial, claves en la trazalidad y seguimiento de los casos.

El tiempo pasa y han transcurrido ocho meses. Los infectados continúan día a día en torno a las dos mil personas, los fallecidos disminuyen y el gobierno diseña un retorno por etapas, “paso a paso” para las comunas. Así, comienza a levantarse lentamente las cuarentenas que han mantenido a la población, especialmente niños y adultos mayores, encerrados por meses en sus casas.

REFORZAR EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA

El gobierno, atrapado por su ideología demuestra ser una vez más, ineficiente en la respuesta a las necesidades de la gente. La pandemia pone al desnudo todas las desigualdades e inequidades del sistema económico y la necesidad de reconstruir un sistema de atención pública en salud que garantice a todos los chilenos el derecho a una salud digna.  La experiencia vivida estos meses, demuestra que los recursos del Estado destinados a salud, deben tener una importancia vital. No se puede continuar con el sistema actual que privilegia la salud privada de aquellos que pueden “pagar” por su atención. La prioridad debe ser un sistema público de calidad y el establecer un seguro básico de atención universal. Terminar con el lucrativo negocio de las Isapres en colusión con sus propias clínicas privadas y su maraña de múltiples y diversos planes discriminatorios de salud.

El proceso constituyente a iniciar con el Apruebo del próximo 25 de Octubre, debe abrir el debate para garantizar los derechos de la salud en la nueva constitución. Ese será el mejor homenaje y recuerdo a las 17.427 personas muertas a esta fecha en esta pandemia.

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