LA VIOLENCIA COMO POLÍTICA DE ESTADO

El día 14 de Noviembre transcurrió con normalidad en la Escuela Rural Santa Rosa, ubicada en la Comunidad Mapuche Ancapi Ñancucheo. Al término de la jornada,  tres profesoras abandonaron el recinto. A  poco andar, fueron encaradas por cuatro encapuchados, quienes con violencia las redujeron y obligaron a entregar sus respectivos vehículos, para posteriormente darse a la fuga. Como era esperable en una situación de esta naturaleza, una vez pasado el pánico inicial, una de las maestras dio aviso del robo a Carabineros de Chile. El reloj marcaba recién pasadas las 16 horas.

Y es aquí donde comienza la tragedia.

En una reacción absolutamente desproporcionada para el hecho delictual reportado, Carabineros inicia un operativo que llegaría a incluir un helicóptero, cinco patrullas, siete carros (dos de ellos blindados) y 40 Carabineros de los Comandos Jungla y/o GOPE.

Al cierre del operativo, según lo investigado por los periodistas Pedro Ramírez y Nicolás Sepúlveda de CIPER, la reacción de las fuerzas policiales incluyó el disparo, por parte de 15 carabineros, de 406 tiros (210 de pistola, 114 de subametralladora y 82 de escopeta), además de 150 cartuchos de carabinas lanzagases y 50 tiros de perdigones de goma.

Cerca de las 21 horas, el gigantesco operativo había terminado.

Camilo Catrillanca, joven mapuche integrante del Lof de Temucuicui,  había sido asesinado por carabineros quienes, sin mediar provocación alguna ni relación con el hecho delictual en cuestión, le dispararon por la espalda matándolo de un balazo en la nuca.

Los tres vehículos robados fueron recuperados, pero los autores del robo no fueron habidos.

Frente a esta tragedia es importante detenernos un momento a analizar las responsabilidades de mando y políticas que corresponden.

En una institución jerarquizada, como lo es Carabineros de Chile, la responsabilidad por actos relacionados con abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y encubrimiento, corresponde no sólo a los hechores materiales de estos actos, sino que también a sus superiores jerárquicos. En el caso en particular que nos ocupa, la salida de los cuatro policías que participaron en el operativo hace efectiva la responsabilidad directa en el asesinato de Catrillanca. Adicionalmente, la salida del Jefe de Orden y Seguridad de la Araucanía, Mauro Victoriano Krebs, del Prefecto de Fuerzas Especiales de la Región, Jorge Iván Contreras,  y del General Inspector de Orden y Seguridad de Carabineros, Christian Franzani Cifuentes, hace efectiva la responsabilidad de mando que corresponde a quienes no cumplieron con la debida diligencia su obligación de supervisar las acciones de sus inferiores jerárquicos. Las medidas antes mencionadas apuntan en la dirección correcta y contribuyen no sólo a dar las señales adecuadas a la tropa y oficiales de Carabineros de Chile, sino que además constituyen  una contribución efectiva tendiente a bajar la tensión existente hoy en el territorio mapuche, favoreciendo un clima de mayor entendimiento.

Sin embargo, los acontecimientos del 14 de Noviembre no son hechos aislados ni corresponden a reacciones espontáneas o antojadizas por parte del contingente de carabineros apostados en la zona. Por el contrario, el abuso de poder y uso desproporcionado de la fuerza en el operativo antes mencionado, obedecen a una política explicita diseñada por el gobierno de Sebastián Piñera, que pretende a través de la intimidación, avanzar en la “pacificación” de la Araucanía. Lo anterior nos lleva a preguntarnos,  entonces, en quién recae la responsabilidad política por la muerte de Camilo Catrillanca.

El gobierno, en un intento apresurado por dar vuelta la página y olvidar este trágico episodio, recurrió a la renuncia del Intendente de la Araucanía, Luis Mayol, como mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad política en este caso. Sin embargo, frente a la gravedad de los hechos, la solicitud de renuncia mencionada ha resultado absolutamente insuficiente. La política implementada en la Araucanía, particularmente la utilización de la fuerza como mecanismo valido de presión y resolución del mal llamado “conflicto Mapuche”, es responsabilidad del Ministro del Interior, Andrés Chadwick; de cuyo ministerio depende además la policía y bajo cuya responsabilidad está la seguridad pública del país.

Como ha señalado la diputada socialista Emilia Nuyado, los esfuerzos en el territorio mapuche debieran enfocarse en encontrar una solución dialogada del conflicto y no a ganar una guerra. Lamentablemente, el gobierno y su Ministro del Interior parecen no entenderlo así y,  con soberbia, pese a la tragedia recién acontecida, continúan insistiendo en la política de la zanahoria y el garrote.

Citando nuevamente a la diputada Nuyado, mientras no observemos actos y compromisos reales de voluntad de reconocimiento, diálogo y compensación por parte del gobierno, en lugar de una política de represión, corresponde hacer efectiva la responsabilidad política por la muerte de Camilo Catrillanca en la persona del Ministro del Interior, Andrés Chadwick.