El Neoliberalismo, ante tragedias medio ambientales, prefiere cerrar colegios y no las empresas que contaminan, en definitiva, el Neoliberalismo valora más al empresariado que los niños, los colegios y la ciudadanía… Y, nosotros qué hacemos?
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El que se ríe se va al cuartel…(II)

En la primera parte de este comentario, publicado el pasado lunes 25 de marzo, entregamos algunos antecedentes que servían para contextualizar la iniciativa del Gobierno tendiente a establecer un control de identidad preventivo sobre niños y adolescentes. Cuatro días más tarde, el proyecto de ley respectivo fue ingresado al Congreso Nacional, razón por la que se hace difícil realizar un análisis crítico sin conocer aún  los  términos concretos de la propuesta legislativa.

  • El Presidente Piñera, en entrevista concedida al Canal 13 (24.03.2019) comentó que lo que se perseguía era combatir mejor la delincuencia y el narcotráfico agregando: “Si cuando uno va al supermercado le piden el carnet ¿por qué no podemos permitir que Carabineros de Chile, con reglas que garanticen la no discriminación y el no abuso, pueda pedir la identidad?… De esta manera, lograr que las personas inocentes se sientan más seguras y que las personas que están cometiendo delitos, que tienen antecedentes o (sic) orden de detención pendiente asuman su responsabilidad”. La autoridad incurre, en el caso, en tres  aseveraciones mendaces: 1) Los niños no están obligados a portar cédula; 2) No es efectivo que en el supermercado al cliente le pidan el  carnet; 3)  Precisamente, una de las grandes críticas al discurso oficialista radica en que el control no está asociado a  situaciones infraccionales sino que sería totalmente arbitrario.
  • Carlos Peña, rector de la U. Diego Portales y  sin duda la  opinión más autorizada del debate público actual, ha sido tajante: 1) En una sociedad democrática  la intromisión del Estado en la libertad de las personas debe ser mínima; 2) El Presidente afirma que la medida permitiría “controlar” los desmanes durante las protestas, pero como el supuesto es que no haya habido desmanes lo que se persigue es un control de la protesta misma; 3) En la sociedad chilena hay muchas personas, entre ellos los jóvenes pobres, que no han hecho nada y tienen sobrados motivos para temer los prejuicios de la policía… que tiende a ver delincuentes o personas al borde de delinquir sobre la base de su aspecto, sus costumbres u otros indicadores socio culturales.
  • En concordancia con Peña,  el ya citado académico de la U. Adolfo Ibáñez Francisco José Covarrubias describe una situación imaginaria pero más que probable. Grupos de   jóvenes de 14 años deambulan  en el Costanera Center, no compran, no tienen plata. Algunos son rubios, otros no. Visten y hablan de diversas formas. Carabineros, premunidos de sus nuevas facultades y dado el alto nivel de raterismo que se vive en el mall, deciden controlar su identidad. ¿A quiénes controlan? A unos ni los miran. A los otros, les piden su carnet, les revisan sus mochilas, les exigen una explicación acerca de qué andan haciendo en el lugar tan lejos de sus casas. “La señal no es otra que no tienen que estar ahí. Y, si están ahí, al menos deben tener a la mano “sus papeles de pobre”. Tal vez sea la próxima iniciativa: que circulen por donde quieran,  pero con los papeles a la vista, tal como se le exigió a los judíos andar con una estrella” en la Alemania nazi. Concluye recordando una frase de Napoleón: “la policía a veces inventa más que lo que descubre”.

El comentario de Covarrubias es duro. El Gobierno ha sacado una medida bajo la manga que no estaba considerada en ninguna parte. Ni en el programa ni en la comisión anti – delincuencia ni en las recomendaciones de nadie. “El problema de la delincuencia juvenil se soluciona con política social, con mejoras en los sistemas de prevención. Se debe sanear la policía, mejorarla, más prevención y más investigación. Los que saben, dicen que el control preventivo lo único que incentiva es que los carabineros se vayan por el lado fácil de hacer controles “preventivos” en vez de dedicarse a  perseguir delitos”.

Si bien puede considerarse que el problema de la delincuencia en el país es grave y preocupante, todos los antecedentes disponibles permiten constatar que no estamos frente a  una situación que esté desbordada y fuera de control. Ello no constituye, por supuesto, motivo de alegría sino un aliciente para asumir el desafío de mejorar la labor de toda la institucionalidad vinculada al tema. No se trata simplemente de aumentar las dotaciones de personal policial o de proveerlas de mayores recursos o de nuevas tecnologías indagatorias. Eso es necesario, indispensable.  Más bien se trata de renovar la “cultura policial e institucional”  no solo para lograr mayores niveles de eficacia en las labores que les son propias sino de lograr que éstas se encuadren en el marco propio de una sociedad democrática que aprecia y considera las libertades personales como un valor a proteger, que no discrimina socialmente, que no comete abusos de autoridad.

Al cierre de este comentario, no podemos silenciar nuestra preocupación ante una realidad legislativa que resulta chocante. Cuando vemos al joven que hurta un celular o que vende libros o discos piratas en la calle y que, como consecuencia de sus actos va a parar a la cárcel (y a veces hasta muere quemado en el recinto), y contrastamos su caso con el del gran empresario que defrauda o evade tributos, que se colude para robar a los consumidores miles de millones de pesos y  que termina condenado a asistir a unas cuantas “clases de ética” (y que con la mayor desvergüenza se queja de que los horarios le dificultan cumplir normalmente con sus actividades), quiere decir que más de algo estamos haciendo mal.

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