LAS CORTES JUDICIALES PELEAN CON TRUMP

Guilmo Barrio Salazar, desde Georgia, E.U.A.

El pasado 25 de Abril, cuando Donald J. Trump estaba por cumplir sus primeros 100 días en el poder presidencial, un juez federal de la ciudad de San Francisco,  en el Estado de California, tuvo una gran pelea contra una de las iniciativas más controversiales del actual presidente, que le negaba los fondos federales a las ciudades que quisieran ser «santuarios» para los inmigrantes indocumentados radicados en este país.

El Juez del Distrito Federal,  William Orrick, declaró que esa orden presidencial estaba violando los derechos estatales, intentando obligar a la jurisdicción local, para que el gobierno federal hiciera ese trabajo. Además, estaba violando la separación de poderes, porque solamente el Congreso puede imponer condiciones sobre los financiamientos federales.  Esa decisión del juez, fue una gran victoria para los inmigrantes, también para la Constitución del país, y para la creciente resistencia contra el presidente, quien se ha transformado en una persona hostil contra los extranjeros  y,  también,  contra el propio documento fundador de esta nación.

El hecho más importante de estos primeros 100 días del nuevo presidente, es la respuesta con fortaleza del propio sistema gubernamental al enfrontar el intento de  violación de los derechos civiles, pretendido por Donald J. Trump, quien se ha encontrado con una fuerte defensa de las libertades civiles y de los reglamentos de la ley que protege a los ciudadanos.

Trump ha demostrado una gran ignorancia o un completo desprecio hacia los preceptos fundamentales de la Constitución que protege a los estadounidenses, como el establecimiento de la libertad de prensa, y la libertad reproductiva de las mujeres en esta nación.  No podemos olvidar que a unos días de ser electo presidente, Trump propuso que el hecho de quemar la bandera de este país, era meritorio de  un encarcelamiento y de quitarle la ciudadanía al que lo hiciera, lo que promueve dos actos inconstitucionales en su declaración de 138 palabras.

Su Orden Ejecutiva prohibiendo la entrada al país a las personas de siete naciones musulmanas, es una violación a la cláusula de establecimiento constitucional, un hecho que él quiso cubrir al explicar a través del Grupo de Radioemisoras Cristianas, el mismo día que anunció esa prohibición, que fue designado para favorecer a las comunidades cristianas de los refugiados musulmanes.  Pero,  recientemente,  el Jefe del Personal de la Casa Blanca, Reince Priebus, confirmó que la administración está considerando modificar la Primera Enmienda de la Constitución del país, la cual señala lo siguiente: «El Congreso no aceptará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de profesarla; como tampoco se opondrá a la libertad de expresión ni de la prensa; o al derecho de las personas de juntarse en reuniones pacíficamente, y hacerle peticiones al gobierno sobre quejas específicas que les afecten en su vida normal».  La modificación sugerida por el presidente Trump es «abrir» las leyes difamatorias.

Pero, le guste o no le guste a Trump, este país es constitucionalmente democrático.  Así que él no puede cambiar las leyes difamatorias que establecen que la religión cristiana es la de esta nación, o de utilizar los fondos federales como una condición para forzar a los estados recalcitrantes, a menos que él venza las dos formas de resistencia: la ciudadanía y las cortes judiciales.

La resistencia de la ciudadanía se ha demostrado desde un comienzo y muy a menudo, desde la “Marcha de las Mujeres”, y también en las demostraciones masivas realizadas en los aeropuertos, como la “Marcha Por La Ciencia”,  la “Movilización Por La Gente Y El Clima”, y el «Día Sin Inmigrantes”.  Virtualmente cada fin de semana, la gente se junta para ser la voz de su preocupación por las actitudes de un  presidente que apela al odio y a la xenofobia.  Nos mantenemos en una democracia   por lo menos en este momento, y será así mientras   la gente esté dispuesta a enfrentar a Trump, ya que su habilidad de causar daños será contenida.

Las cortes judiciales también juegan un rol crítico, especialmente cuando un partido político controla a ambos, el Congreso y a la presidencia.  Ya hay múltiples cortes judiciales que han declarado la inconstitucionalidad de los actos del presidente Trump.  El día 8 de Mayo de este año 2017, la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito, escuchó los argumentos contra la apelación de Trump para prohibir la entrada de personas llegadas de países musulmanes, a finales de este mes de Mayo, en la ciudad de Seattle, del Estado de Washington, habrá otra apelación para escuchar los argumentos sobre una  situación similar.

El acercamiento a las cortes de apelación por parte de Trump es una indicación palpable de su completo desinterés por los principios de la Constitución.  Cuando un juez en el estado de Washington se sumó a la oposición de la prohibición musulmana, Trump lo catalogó como  «ese fulano que dice ser un juez». Cuando un panel unánime de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos afirmó su rechazo a esa prohibición, Trump les respondió: «Nos vemos en la corte», aparentemente no estaba comprendiendo que él ya estaba en la corte, por parte de los que lo estaban demandando.  Su abogado general, Jeff Sessions, quien debiera conocer mejor que nadie estas materias, expresó en forma muy sorpresiva que «un juez sentado en una isla del Pacífico» debiera unirse al presidente.  Esto se llama revisión judicial.

Los argumentos de la administración en la corte son solamente algo menos desdeñosos.  La primera vez que se trató la prohibición musulmana en la corte, el gobierno argumentó que la Orden Ejecutiva de Trump era «irreversible».  El Noveno Distrito Judicial rechazó la proposición como «contraria a la estructura fundamental de nuestra democracia constitucional».  La segunda vez, el gobierno modificó un poco su posición: Ahora argumenta que evaluando si Trump ha violado la cláusula que menciona a los musulmanes, las cortes judiciales debieran ignorar toda evidencia citada por el presidente, si la Orden Ejecutiva no menciona la palabra Islam.  Pero tampoco fue aceptada por las cortes judiciales.

Hasta la fecha, los jueces federales han rechazado las propuestas hechas por Trump, evitando así un gobierno muy parecido a una tiranía.  Cuando el presidente ataca a los musulmanes sólo de ciertos países, y propone que las cortes federales cierren sus ojos a sus proposiciones, él no solamente ataca los derechos de las personas musulmanas, sino que también lo hace contra la integridad institucional de las cortes federales.  La jueza Sandra Day O’Connor escribió: «Cualquiera sea el poder que imagine la Constitución de los Estados Unidos para el Ejecutivo en su intercambio con otras naciones, o con organizaciones enemigas en períodos de conflicto, su rol visionario debe asegurar que las tres ramas gubernamentales funcionen de acuerdo a la Constitución, protegiendo las libertades individuales de todos los residentes en esta nación».

Con esto se demuestra que nunca ha sido tan importante la separación de los poderes, como ahora.