Las fieras andan sueltas.

Diversos politólogos y cientistas sociales  (Max Weber, entre otros) han señalado  que una de las características de los Estados modernos radica en el monopolio que tiene la autoridad sobre el uso de la fuerza. Se habla del “monopolio de la violencia legítima” lo que significa, en buenas cuentas que, si bien en el seno de una sociedad política determinada siempre está presente la posibilidad de que algunos de sus miembros o agrupaciones de sus miembros recurran al uso de las armas, el único autorizado para usarlas en el marco de un estado de derecho es precisamente el Estado. Así, este ente que constituye la personificación jurídica de la nación “arma” a sus policías para mantener el ordenamiento  en sus diversos aspectos, y “arma” también a sus fuerzas armadas para preservar la soberanía nacional contra un eventual enemigo exterior.

La sociedad civil, en la cual radica en última instancia el poder en una comunidad democrática, mandata a la institucionalidad del Estado para que confíe el uso de la fuerza a ciertos organismos. Este mandato, por supuesto, no es ilimitado sino que está sujeto a las limitaciones que imponen la Constitución y las leyes y  también  a las responsabilidades que,  conforme al Derecho, emanen de sus actuaciones.

El cuadro así configurado es complejo ya que una civilidad desarmada, inerme, en un acto de suprema confianza entrega el uso de la fuerza a determinados órganos y funcionarios, teniendo la convicción moral y política de que solo la utilizarán dentro del marco que el Estado, a través de la legislación, le fija. De ahí que, en doctrina y en moral, el uso y  de las armas en contra del propio pueblo mandante, constituye, a lo menos,  un ”abuso de confianza” absolutamente inaceptable y condenable.

Las consideraciones precedentes surgen a raíz de la crisis política que afecta al enorme y multifacético Brasil. País gigantesco, en el que conviven extremos tan lejanos como un industrializado Sao Paulo cercano al primer mundo, con un nordeste en que la población subsiste sumergida en la miseria más abyecta con rasgos de esclavitud en pleno siglo XXI.

Las últimas décadas han visto transcurrir tanto  sangrientas dictaduras como  gobiernos de centro-izquierda. El sindicalista Inacio “Lula” da Silva, del Partido de los Trabajadores,  alcanzó la presidencia  logrando avances impensados en cuanto a compatibilización de crecimiento económico con integración social y erradicación de la pobreza. Su sucesora Dilma Rousseff, con menor  carisma y experiencia, terminó siendo destituida por el Congreso en un verdadero “golpe blanco” de sectores conservadores.  Tanto su gobierno como el de su predecesor,  fueron acusados de corrupción por hechos acaecidos en la estatal Petrobras o en la relación con la gigantesca inmobiliaria Oderbrecht cuyas redes de cohecho y sobornos llegaron a diversos países de Sudamérica. “Lula”, enjuiciado por la sospechosa compra y remodelación  de un departamento en Guarujá  (Sao Paulo), irá a la cárcel tras el rechazo del recurso de habeas corpus en su favor, por 6 votos a 5, en el Tribunal Supremo Federal.

Se hace  imposible entrar a un análisis de fondo del problema brasileño,  pero sí cabe destacar  como una constante en la región,  la corrupción en que han caído gobiernos y coaliciones de centro-izquierda. Los grandes grupos de poder económico-financieros han comprendido que muchos  de los nuevos actores políticos eran  claramente sobornables y,  en un proceso que se inicia en vincularlos a su mundo social  y concluye con el financiamiento de sus campañas o con la incorporación de los suyos a directorios y gerencias, han comprado sus conciencias. Las víctimas, risueñamente, “se han dejado querer”.

El poderoso Ejército brasileño (sobre cuya hoja de vida ni vale la pena explayarse) ha sacado el habla. Su comandante en jefe Eduardo Villa Boas, sin pelos en la lengua, ha dicho: “Aseguro que el Ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales”. Como sus palabras pudiesen resultar equívocas, el general Pablo Chagas expresó: “Tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes”. El general Mitto manifestó: “Comandante, estamos juntos en la misma trinchera” y para que no cupieran dudas acerca de la acción concertada de la alta oficialidad, el general Freitas terció: “Estamos juntos, comandante”. Por su lado, pocos días antes, en declaración al diario ”O Estado de Sao Paulo”, el general de reserva Luis Gonzaga Schroeder manifestó que si Lula no era enviado a la cárcel “el deber de las Fuerzas Armadas es restaurar el orden”.

La respuesta del gobierno del desprestigiado Michael Temer (5% de apoyo) ha sido timorata incluso cuando pocos días antes el general activo Antonio Mourao planteó públicamente la posibilidad de una intervención militar y expresó su deseo de apoyar en las próximas elecciones de octubre a Jair Bolsonaro, candidato de la ultra  derecha, “ex militar y orgulloso apologista de la dictadura” como lo calificó el diario “El País”,  de España. Solo el escándalo suscitado por sus palabras, obligó a su llamado a retiro. En sus mensajes de despedida,  Mourao corrió más la cerca: “Hizo un encendido homenaje al general Brilhante Ustra, uno de los mayores torturadores durante la dictadura militar que comandó el país entre 1964 y 1984”, precisó el matutino madrileño.

Colofón 1.- En Guatemala falleció el ex dictador Efraín Ríos Montt quien, pese a su responsabilidad en el genocidio de miles de campesinos e indígenas de su país, eludió por años la acción de la justicia recurriendo a todo tipo de artimañas legales y jamás llegó a la cárcel.

Colofón 2.- La doctrina de la Seguridad Nacional,  enseñada a los Ejércitos latinoamericanos en la tristemente célebre “Escuela de las Américas” de los Estados Unidos, sigue siendo parte del ideario de una parte importante de la oficialidad militar del sub continente. ¿Cuánto tiempo deberá pasar para lograr que se asuma el  compromiso con los valores democráticos?