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Locademia de policía

Es extraño.

En los mismos tiempos en que el proceso constituyente entra al área chica, y la ciudadanía es convocada a votar en el “plebiscito de entrada” para eventualmente aprobar, por primera vez en la historia republicana, la elaboración participativa de una nueva Carta Fundamental, la preocupación del país se centra en un grave incidente policial ocurrido en Santiago.

El 2 de octubre, una manifestación, no autorizada, de 60 personas (según información periodística), es enfrentada por una treintena de carabineros, debidamente equipados, con el fin de restablecer el orden público y la libre circulación vehicular. Un joven de 16 años cae (o es botado) al río Mapocho desde el puente Pio Nono. La Fiscal Ximena Chong a cargo del procedimiento, imputa como responsable al carabinero Sebastián Zamora Soto, de 22 años. El hecho es divulgado por la prensa nacional y extranjera y organismos de DD.HH, como Human  Rights Watch y Amnesty International, exigen una investigación a fondo.

Diez días después, el Ministro de Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez entrega su respaldo al Cuerpo de Carabineros, puntualiza que en la ocasión se estaba aplicando “un nuevo protocolo” y declara, en frase para la historia: “Sin orden público, no hay democracia”, agregando, al parecer en referencia al gobierno gremialista-militar del cual él formó parte por muchos años, que “sin democracia, tampoco hay orden público”.

Hace un mes, La Ventana Ciudadana abordó editorialmente la compleja situación que vive la policía uniformada. Utilizada como órgano represivo por la dictadura durante diecisiete años, no ha logrado reponerse y recuperar la naturaleza de su función en términos propios de una sociedad democrática. Los directivos de Carabineros no han logrado comprender que una cosa es el mandato constitucional y legal de “mantener el orden público” y otra muy distinta es visualizar toda manifestación social como la oportunidad de llevar a cabo una batalla contra los ciudadanos que hay que ganar a cualquier costa.

Aun cuando el problema es de marca mayor, las duras críticas se concentraron el General Director, Mario Rozas exigiendo su renuncia. Incluso en redes sociales se inició una recolección de firmas – con poco éxito – para pedir la disolución de la policía uniformada. En el Congreso, parlamentarios de oposición hicieron presente que no aprobarían el presupuesto de Carabineros si el Ejecutivo no removía a Rozas de su cargo. Citado Rozas a la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, arguyó en defensa de la institución que una sus funcionarias había sido herida por una molotov en enero, sin que a la fecha se haya hecho nada para identificar responsables. El Ministerio Público respondió señalando que la indagación había sido entregada al grupo OS 9 de Carabineros, el que hasta octubre no había entregado ningún resultado. El senador Felipe Harboe, en entrevista a EmolTV, dio a conocer que en enero habían entregado al Presidente de la República una propuesta de reforma profunda del Cuerpo de Carabineros que contemplaba aspectos tales como reclutamiento, formación, capacitación, logística, derechos humanos, vinculación con la sociedad civil y la comunidad y creación de un Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa, bien recibida por el mandatario, duerme en su escritorio desde hace diez meses sin respuesta alguna. Al día siguiente (Viernes 9), el Presidente constituyó una Comisión para estudiar el tema. El día anterior, se había concretado la presentación de una acusación constitucional contra el Ministro de Interior por el incumplimiento de la ley frente al paro de los camioneros y bloqueo de carreteras y por su responsabilidad política frente a los hechos ya relatados.

Mientras tanto, la fiscal Chong recibe en su domicilio una carta con graves amenazas a su integridad física, las que el senador UDI Iván Moreira justifica atribuyendo sesgos políticos a su investigación. La PDI, encargada de custodiar la residencia de Chong, detiene para controlar una moto que rondaba el lugar. Su conductor resulta ser el teniente coronel de Carabineros Freddy Vergara quien arguye que había notado un desperfecto en su vehículo así que andaba viendo si encontraba un taller en el sector. La PDI descubre en el casillero del imputado Zamora, dos cámaras privadas y dos pendrives, elementos reglamentariamente prohibidos y no declarados en las diligencias del caso.

A partir de lo relatado, puede concluirse que en el seno del Cuerpo de Carabineros cada uno hace lo que quiere, las tropas no obedecen a sus oficiales, los oficiales no obedecen al General Director; el General Director no obedece al Ministro de Interior

Una secuela de hechos (multimillonario fraude, caso Huracán, caso Catrillanca, muertos y lesionados por estallido social, atropello a los Derechos Humanos, y ahora caso Pio Nono) han revelado que en el campo de la seguridad pública hay una grave anomia que compromete la vida normal de la sociedad.

A propósito, alguien recordaba que el general Augusto Pinochet, cuando soberbiamente declaraba que “en Chile no se movía una hoja” sin que él lo supiera, estaba diciendo la verdad. Diariamente, Pinochet compartía desayuno con el coronel Manuel Contreras quien le informaba detalladamente de las hazañas de su equipo cometidas el día anterior, aunque después se desdijera manifestando que él no había tenido conocimiento de nada y que si algo había sabido, no lo recordaba. Por eso, sugería que el General Rozas debería desayunar a diario con el Ministro Pérez para que al menos le cuente amistosamente qué está pasando en el seno de la institución que dirige. Antes que sea demasiado tarde. 

Así como Manuel Contreras desayunaba a diario con APU informándole de las acciones de la DINA del día anterior, Rozas debería rendir informe diario de accionar de la policía.

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