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Los alcances de la interpretación conforme en los Derechos Humanos

Jonathan Marcial Mendoza

Licenciado en Derecho con Especialidad en Formación Docente

Desde México.

En el artículo 1°, segundo párrafo, de la Constitución Política de México leemos lo siguiente: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Lo enfatizado resalta uno de los criterios a lo que todo juzgador nacional deberá seguir a la manera de dictar sentencia favorable en el enfoque de los Derechos Humanos: la interpretación conforme.

Néstor P. Sagüés explica el alcance de la interpretación conforme en el ámbito jurisdiccional: “A la Constitución la puede interpretar todo mundo: Legisladores, Ministros, Partido Políticos, simples particulares, grandes corporaciones, litigantes, sindicatos, el Defensor del Pueblo, los integrantes del Ministerio Público, las comunidades regionales, etc. También los jueces, comprendiendo entre ellos tanto los integrantes del Poder Judicial propiamente dicho como a los vocales de la Corte Constitucional, cuando opera como órgano extra poder” (La Interpretación Judicial de la Constitución, 2013, página 3).

De la cita, se entiende que lo realizado por juzgadores, como la que realizan los expertos en el área jurídica, se considera una interpretación calificada, en virtud a que la realizan expertos en Derecho. Dicho de otra manera, según Adrián Joaquín Miranda y Pedro Navarro (El principio de interpretación conforme en el derecho constitucional mexicano, 2014), las resoluciones judiciales serán funcionales, es decir, uno que sea meramente útil y provechosa es incluir tanto a los órganos especializados como a aquellos otros que tienen una particular vocación en lo que atañe a la protección de derechos fundamentales.

Esto es, se trata de identificar a los tribunales que, en razón de sus funciones y de la incidencia de estas facultades en materia de protección de los derechos humanos, deben verse a sí mismos como partes de un mismo sistema judicial en el sentido de la progresividad en su efectiva aplicación.

En el derecho mexicano, sin lugar a duda, el principio en referencia guarda interrelación con el control de convencionalidad, ya que para ejercer este tipo de control por cualquier juzgador nacional, debe previamente realizarse bajo términos del mandato constitucional, para realizar control sobre aquélla interpretación incompatible con los parámetros constitucionales; y solo en caso de incompatibilidad absoluta donde no pueda realizarse ningún tipo de interpretación conforme posible, el control consistirá en dejar de aplicar la norma o declarar la invalidez de la misma, según la competencia de cada juez y el tipo de proceso de que se trate (José Alfredo Gómez Reyes, Derechos Humanos y control de convencionalidad para las autoridades en México, 2014).

En síntesis, por interpretación conforme debe entenderse a la postulación que el juzgador debe adecuar al significado de una disposición de jerarquía menor al que se le haya establecido en otras normas de rango superior o en un principio general del derecho, favoreciendo en todo tiempo para las personas la protección más amplia.

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