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Los mártires del carbón (22-10-1973)

El domingo 22 de octubre se cumplieron 44 años de uno de los actos más ignominiosos y de abuso de poder que se llevaron adelante tras el golpe de Estado de 1973 en la zona del Gran Concepción. Se trató del fusilamiento de Vladimir Araneda, Isidoro Carrillo, Bernabé Cabrera y Danilo González ¿Cuál fue su delito? Según las autoridades de la época, los dirigentes comunistas eran los responsables de organizar y dirigir el mentado “Plan Z” en Lota. A partir de aquella acusación, los involucrados (19 en total) fueron sometidos al primer Consejo de Guerra en Concepción.

La prensa de la época señalaba a grandes titulares que se trataba de “la noche de los cuchillos”, mientras que otros hablaban de un diabólico y macabro “Plan Z” que tenía como objetivo provocar un “genocidio político” en Lota y Concepción. Sus responsables eran los socialistas y comunistas. Éstos últimos en la ciudad minera de Lota.

Días más tardes y tras la detención de quienes eran sindicados como los responsables de esta acción se señalaba, en la prensa local, que había sido “Apagada la mecha del polvorín minero”, no obstante aquello, los efectivos de las Fuerzas Armadas seguían encontrando gran cantidad armas y explosivos.

Tras ser sometidos al Consejo de Guerra, comenzó a circular el rumor que los inculpados debían enfrentar la pena máxima, ya que los delitos eran sancionados bajo la Ley de Control de Armas y de traición a la Patria. A lo cual se sumaba la formación de grupos paramilitares armados, la fabricación de explosivos, transporte de armas y la tentativa de exterminio masivo de la población.

Fue así como con fecha 22 de octubre se informaba por medio de una declaración oficial del Ejército que Danilo González Mardones, Bernabé Cabrera Neira, Isidoro Carrillo Tornería y Vladimir Araneda Contreras habían sido condenados a la pena de muerte como autores de formación de grupos armados, fabricación de bombas y tenencia de explosivos.

Sin embargo, el proceso estuvo lleno de anomalías. El año 1974 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitó Chile para interiorizarse sobre la situación de los DD.HH. Allí pudo constatar, que en el expediente, no existe constancia de la fecha en la cual fueron ejecutadas las penas de muerte a los cuatro acusados. Por su parte el Informe Rettig señala que la pena de muerte había sido aprobada el 21 de octubre por el Comandante de la Tercera División del Ejército, general Washington Carrasco, fijándose el fusilamiento para el 24 de octubre. Sin embargo, este se adelantó para el día 22. Los cuerpos de los fusilados no fueron entregados a los familiares “y se les enterró por instrucciones de las autoridades en el Cementerio General de Concepción, sin conocimiento de sus familiares”; además, la comisión Rettig llegó a la convicción de lo irregular que fue dicho proceso judicial. Que los fusilamientos a los cuales fueron sometidos estas personas, constituyen una grave violación de los DD.HH, “en especial el derecho a la vida y al justo proceso”. Lo cual se complementa con el testimonio de algunos abogados que defendieron a los inculpados, quienes recuerdan que sólo tuvieron acceso al expediente un día antes.

En consecuencia, la justicia militar ya operó, sin embargo la historia ha demostrado con el transcurrir de los años que el “Plan Z” nunca existió, que el proceso fue irregular y la muerte de estos compatriotas ha sido uno de los actos más deshonrosos de los cuales se tenga conocimiento en nuestra historia reciente.

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