Mujer y discapacidad

Me defino como una mujer feminista, aunque mi forma de ver este movimiento ha cambiado desde que soy una mujer con discapacidad. Si bien es cierto, ya conocía el movimiento feminista, no fue hasta el año 2018, en el que realmente tomé conciencia de la importancia de éste, que condujo a la construcción de una mejor sociedad, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

El movimiento feminista ha permitido a la mujer avanzar hacia el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres, lo que ha significado una mejor sociedad, más justa.

Sin embargo, después de convertirme en una mujer con discapacidad me pregunté muchas veces, ¿por qué en el pensamiento feminista no se incluía la discapacidad?

¿Una mujer con discapacidad tiene la misma oportunidad de ejercer sus derechos a educación, derecho al trabajo, derechos sexuales y reproductivos que una mujer sin discapacidad? Lamentablemente la respuesta es negativa. Entonces ¿cómo puede existir equidad de género, si no existe equidad en el mismo género? Una mujer en situación de discapacidad tiene una doble discriminación, por razón de género y por su discapacidad.

Según las estimaciones, aproximadamente el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 2011). En Chile el 16,7% de la población tiene discapacidad, siendo un 20,3% mujeres con discapacidad respecto a la población total de mujeres en Chile, y un 12,9%, con respecto a la población total de hombres (Encuesta Nacional de la Discapacidad, 2015. Chile)

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) promueve, protege y asegura el goce pleno e igualitario de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y establece el derecho a la educación y al empleo en igualdad de condiciones con los demás, así como ciertos derechos relacionados con la familia y la reproducción. Según el Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS y Banco Mundial, 2011), la participación en roles sociales de las personas con discapacidad es mucho más limitada que la participación de la población en general; esto es particularmente cierto para las mujeres con discapacidad.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad no están garantizados. Braathen y Kvam (2008) subrayan la necesidad de las mujeres con discapacidad de tener hijos y establecer una familia. Sin embargo, a ellas se las percibe como «asexuadas», por lo que se les han negado los roles asociados con la feminidad, incluido el rol de ser madre (Gupta, 2013).

En cuanto a la maternidad, las mujeres con discapacidad, especialmente cognitiva, han sido estereotipadas como madres incapaces (Gupta, 2013). Los prejuicios y la discriminación extremas de sus derechos sexuales y reproductivos tienen como consecuencias prácticas como la anticoncepción forzada y/o opciones anticonceptivas limitadas o nulas, parto o aborto forzados (Frohmader y Ortoleva, 2013; Gupta, 2013).

Una madre con discapacidad tiene hasta diez veces más probabilidades que otros padres de que se retire a un niño de su cuidado, sobre la base de ser una madre con discapacidad, en lugar de cualquier evidencia de negligencia infantil. (Frohmader y Ortoleva, 2013, p. 6)

Investigaciones concluyen que las personas con discapacidad tienen un riesgo significativamente mayor de violencia sexual que las personas sin discapacidad (en razón de 2,27), siendo la discapacidad sensorial el tipo de discapacidad asociado con el mayor riesgo de violencia sexual.

Un estudio con una muestra de 5.326 mujeres con discapacidad se encontró que existía 4 veces más probabilidad de denunciar una agresión sexual en el año anterior (Martin et al., 2006). En Canadá, resultados de la Encuesta social general sobre victimización mostraron que las mujeres con discapacidad tenían casi el doble de probabilidades que las mujeres sin discapacidad de haber sido agredidas sexualmente en los 12 meses anteriores (Cotter, 2018).

Por otra parte, las personas con discapacidad tienen bajos niveles de empleabilidad debido a que en promedio tienen menos años de educación formal. En Chile, existe una evidente discriminación en el acceso a la educación de las niñas y mujeres con discapacidad. Según el Ministerio de Desarrollo Social, (Encuesta Nacional de la Discapacidad, 2015), la población general adulta estudia un promedio de 11,6 años mientras que las personas con discapacidad sólo alcanzan 8,6 años. Además, al compararlas por sexo, las mujeres tienen menos años de educación que los hombres.

Los trabajadores con discapacidad a menudo reciben menos sueldo y tienen menos probabilidades de estar empleados que los trabajadores sin discapacidad (Jones y Wass 2013; Hoque, Bacon y Parr 2014). En Chile, la desigualdad en términos laborales entre hombres y mujeres con discapacidad es mucho más importante que en las mujeres sin discapacidad. La cantidad de mujeres con discapacidad es mayor a la de los hombres, sin embargo, hasta mayo de 2019, existían 4.446 mujeres contratadas, y 8.790 hombres contratados.

La discapacidad no es individual, es un tema que debe ser resuelto por la sociedad. La demanda es “ante un mismo trabajo, misma remuneración, entre hombres y mujeres”, ¿será necesario colocar, también si la mujer tiene discapacidad?

Debemos enfrentar en conjunto el “problema de la discapacidad”, con igualdad de oportunidades para todos nuestros niños y niñas, sin apellido.

Finalmente, lo más importante es reconocer el valor de la mujer con o sin discapacidad. El feminismo es de todas las mujeres, en toda su diversidad.

Referencias bibliográficas:

Braathen, S. H., & Kvam, M. H. (2008). Can anything good come out of this mouth? Female experiences of disability in Malawi. Disability and Society, 23(5), 461–474.

Centro UC. Tecnologías de Inclusión CEDETI http://www.cedeti.cl/noticias/nada-sobre-nosotras-sin-nosotras-mujeres-y-discapacidad/

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016. Observaciones finales sobre el informe inicial de Chile

Cotter, A. (2018). Violent victimization of women with disabilities, 2014. Juristat, Statistics Canada, catalogue no. 85-002-X. Statistics Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/180315/ dq180315b-eng.htm

Frohmader, C., & Ortoleva, S. (2013). The sexual and re- productive rights of women and girls with disabilities. Paper presented at the ICPD BEYOND 2014. Interna- tional Conference on Human Rights, Australia.

Gupta, R. (2013). Twin tracking for women with disabilities in disability legislation. Centre for Disability Studies, 1–21

Hoque, K. and Bacon, N. (2014). ‘Unions, joint regulation and workplace equality policy and practice in Britain: Evidence from the 2004 WERS’. Work, Employment and Society, 28 (2): 1–20.

Dirección del Trabajo, 2019. Estadística Inclusión Laboral. Chile

Ministerio de Desarrollo Social, 2015. Encuesta Nacional de la Discapacidad. Chile

Naciones Unidas, 2006. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Jones, M., Wass, V., Bacon, N. (2017). ‘Are high performance work practices enabling or disabling? Exploring the relationship between selected HPWPs and work-related disability’. Human Resource Management, 57 (2): 499–513.

Martin, S. L., Ray, N., Sotres-Alvarez, D., Kupper, L. L., Moracco, K. E., Dickens, P. A., Scandlin, D., & Gizlice, Z. (2006). Physical and sexual assault of women with disabilities. Violence Against Women,12(9), 823–837.