La dignificación de la ciudadanía,construyendo su constitución es un buen camino a la libertad y justicia que necesitamos.
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¡O renuncia, o lo acusan constitucionalmente!

Rafael Luis Gumucio Rivas

Profesor de Historia. Ex director Instituto de historia Universidad Católica de Valparaíso.

La torpeza e incapacidad moral del Presidente y su gobierno sólo ha vertido parafina a la hoguera en un Chile injusto y abusador por parte del poco número de ricos y poderosos sobre una inmensa mayoría de pobres y oprimidos. Los primeros gozan del paraíso, entre comodidades y lujos ilimitados, mientras que los segundos, con el temor de un porvenir oscuro y sin esperanza, (sus salarios, por ejemplo, son tan bajos que apenas les alcanza para cubrir las deudas contraídas en el mes anterior), sólo les resta la protesta.

Uno de los factores fundamentales que caracteriza la actual crisis, que se ha arrastrado por más de 30 años de gobiernos de la transición transaccional, es la bancarrota moral de la clase dirigente. La mayoría de las instituciones, salvo Bomberos y magisterio, cuentan con un apoyo menor al 10%, según la encuesta que dirige Marta Lagos, y como escribía Gramsci, “lo viejo está por morir y lo nuevo aún no nace…”.

El pésimo actual mandato, uno de los peores en la historia de Chile, no es más que la coronación de la serie de gobiernos que han aceptado el sistema económico implementado por Augusto Pinochet, y continuado fielmente por los sucesivos gobiernos de la transición a la democracia, que cumplieron al pie de la letra el pacto hecho con el dictador en el sentido de no tocar a sus hombres y mantener la columna vertebral de la Constitución de 1980, es decir, no tocar las trampas, ideadas por su mentor, Jaime Guzmán Errázuriz, (el oscuro resultado es el Milicogate, el Pacogate, que equivale a permitir el robo, ¿y el gobierno de turno? Mira para el lado, y ninguno de los ministros de defensa que se ha desempeñado en esos lares, asume su responsabilidad al permitir la apropiación de los dineros fiscales).

La clase dirigente se dice sorprendida por la explosión del descontento social que se explica, especialmente, por la lejanía de los ciudadanos comunes y corrientes, es decir, los “cara de pueblo”, los “patipelaos”. ¿Acaso no hicimos esfuerzo para disminuir la pobreza: aumentar las pensiones solidarias hasta $10.000, (y según la propuesta de Piñera, presentada ayer, 22 de octubre, de subirla aún más a un 20%, como si $10.000 pesos más ayudaran a sobrevivir a los viejos pobres), congelar la segunda alza del año en las tarifas del metro, enchular los hediondos baños de los colegios fiscales? Los conservadores compasivos defendían – y muy complacidos – al haber concedido el chorreo de su enriquecimiento ilimitado a las clases medias y pobres.

Nadie puede negar que la crisis de representación actual fue anunciada ya en 2011 e, incluso antes, con la “revolución de los pingüinos” y otras manifestaciones de parte de las regiones: o se hicieron los desentendidos o bien, aplicaron paños tibios.

Hay que ser muy obcecado para no ver que la mayoría de la ciudadanía rechaza al Congreso, a los partidos políticos y a las castas en el poder: se sirven del poder y olvidan a sus representados, y, además, ganan sueldos millonarios, pagados por los ciudadanos, cuyo sueldo mínimo promedio es de $400.000. Hoy, ante el miedo de la manifestación popular, los parlamentarios están de acuerdo en rebajar las suculentas actuales dietas, pero, de seguro, buscarán el artilugio para que esta disminución no les dañe su patrimonio.

El problema de fondo es que la clase rectora perdió todo valor moral para ejercer el poder; el último acto de la crisis de dominación plutocrática es, en esencia, la inercia de Piñera y sus ministros que no han dejado estupidez por hacer. En primer lugar, por ejemplo, los dichos del ministro de Economía, Andrés Fontaine, quien sugirió a los abusados usuarios del Metro que si querían pagar tarifa más económica, se levantaran más temprano; con respecto al Estado de Emergencia, al Presidente Piñera no se le ocurrió nada mejor que llamar a los militares a ocupar las calles, primero en Santiago y, luego, en todo el país, a sabiendas de que ellos sólo están preparados para matar y no disuadir, (se repite 1973 en otro escenario un ejército que mata a su propio pueblo).

Piñera va salir del gobierno con las manos manchadas de sangre de sus compatriotas: en un primer momento el gobierno quiso, (como el emperador Nerón), mirar el incendio desde lejos, pues ninguno, ni él ni sus ministros, aparecía en las pantallas de la obsecuente televisión; después trató de corregir el error colocándose en el otro extremo, y sus ministros decían sandeces cada vez que aparecían en los distintos canales, pues se captaba que eran como robots más que seres humanos, y para coronar, Piñera declaro la guerra a su propio pueblo, (sobre todo a quienes votaron por él en las últimas elecciones presidenciales).

El exabrupto de la primera dama, Cecilia Morel, al confesar que “estaban sobrepasados…, y atacados por los alienígenas” aumentó el rosario de inepcias de un gobierno que incapaz de conducir el Estado. Si el Presidente Piñera tuviera un poco de cultura política y de sentido común debería llamar a una Constituyente y presentar su renuncia a través de ella a la presidencia.

Las ofertas del  22 de octubre, por cadena nacional de canales Fake News son tardías y limitadas ante una crisis cuyo dilema es aplicar placebos para aliviar un cáncer terminal, o bien, atreverse a refundar la República por medio de la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita, por primera vez en la historia, que el pueblo redacte y apruebe su propia Constitución.

La historia reciente sobre las crisis de representación, gobernabilidad y legitimidad ha demostrado que las oligarquías plutocráticas son incapaces de reformarse a sí mismas, aún ante el peligro de desaparecer, pues prefieren salvar antes la bolsa que la vida; ocurrió en 1925, con Arturo Alessandri, el jefe de la “execrable camarilla”, y me temo que algo similar ocurrirá con el actual Presidente, Sebastián Piñera, el líder y protector de los millonarios, que gobierna a Chile como a su feudo.

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