¿PERDÓN, INDULTO?, SOLO JUSTICIA

El principal trauma provocado por la dictadura fue sin duda la sistemática violación a los Derechos Humanos. Una política que se llevó adelante desde el propio Estado y que contó con la complicidad de actores/sectores civiles.

Tras el retorno a la democracia, se impulsaron algunas medidas tendientes a hacerse cargo de aquella herida. Políticas de reparación, algunos actos de perdón, comisiones encargadas de dar cuenta de lo ocurrido con la represión y violencia política durante el régimen de Pinochet, hasta la creación de instituciones encargadas de exhibir aquel sombrío pasado (Museo de la Memoria). Sin embargo, el tema judicial tuvo que transitar por varios inconvenientes. Uno de aquellos fue la nula colaboración prestada por las Fuerzas Armadas para entregar información sobre los detenidos desaparecidos; asimismo, los agentes de los diversos organismos de seguridad existentes en dictadura, poco o nada reconocieron su participación en los crímenes y menos mostraron algún arrepentimiento; más bien insistieron en su inocencia, otros han seguido negando los hechos y no faltan quienes expresan que estábamos en una guerra.

Ese fue el escenario que tuvieron que enfrentar los familiares de las víctimas, las agrupaciones de DD.HH. y los abogados comprometidos con esta causa. De ahí entonces que de no ser por la insistencia y tenacidad de todos ellos, seguramente mayores grados de impunidad se habrían instalado en el Chile post dictadura. Incluso, propios personeros de la entonces Concertación, no escatimaron esfuerzos por tratar que estos temas no tuvieran mucha visibilidad o quedaran relegados en el olvido. De ahí aquel discurso de olvidar el pasado y avanzar en la mentada reconciliación, ya sea a través del perdón (reconciliémonos) o vía decreto (algún proyecto de amnistía). Como aquello no fue factible de concretar, entonces la institucionalidad se encargó de dar ciertas garantías a los criminales violadores de DD.HH. Ahí tenemos a Punta Peuco como “cárcel especial”.

Los grandes responsables del terrorismo de Estado han muerto, Pinochet en la impunidad y Contreras pagando con cárcel sus crímenes, aunque nunca reconoció absolutamente nada. Qué decir de otros asesinos como Osvaldo Romo o Miguel Krassnoff.

Hoy, algunos han señalado dar un trato especial a los enfermos y ancianos que se encuentran detenidos. Se habla del perdón. Antes eso cabe preguntarse si aquello es factible. Consideramos que no, menos con criminales que nunca han colaborado con la justicia, nunca han asumido responsabilidades y menos han mostrado arrepentimiento por sus horrendos actos. Al respecto, un solo ejemplo, el dictador argentino Jorge Rafael Videla murió en la cárcel, enfermo y con avanzada edad.

 

Danny Gonzalo Monsálvez Araneda