REFORMA AGRARIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

En la actualidad todos podemos entender los aspectos que involucran una mirada al proceso de Reforma Agraria desde los derechos humanos, pero hace 50 años atrás, dicho concepto no estaba asumido por nuestra sociedad. Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos había sido proclamada en el año 1948, era un tema que no se hablaba ni estudiaba en Chile. El concepto de violación a los “derechos humanos” recién fue asimilado luego de los hechos ocurridos con el golpe cívico militar del año 1973 y con más propiedad, podríamos decir cuando el Cardenal Raúl Silva Henríquez proclama la realización del Año de los Derechos Humanos en Chile el año 1978.

Antes se hablaba de los problemas sociales que afectaban a las personas, de la injusticia social, de las desigualdades, de las privaciones, miseria y desamparo de los pobres, del trato indigno y la opresión hacia los sectores marginales de obreros y campesinos.  Nadie pensó por ejemplo, argumentar el tema de la violación a los derechos humanos del sector campesino, como una justificación ética que tenía el proceso de Reforma Agraria, al promover la dignificación del hombre y la mujer del campo.

Y es por eso, que al ver todo lo acontecido luego del violento término del proceso de Reforma Agraria, la irrupción de la contra-reforma agraria y la revancha del sector patronal, visualizamos en todo su significado lo que ocurrió en el sector rural.

Nunca se había visto una represión tan masiva y violenta que llegara a tantos campesinos y campesinas a lo largo de todo Chile, una tan amplia y desgarradora violación a todos los derechos humanos, sólo entendible por la gran masividad y profundidad que había tenido el proceso de Reforma Agraria vivido en los años precedentes.

El derecho a la vida y las libertades básicas

Nos encontramos con flagrantes violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a ser sometido a tortura, a tratamiento cruel, inhumano o degradante, a la protección ante la ley, a ser detenido o exiliado arbitrariamente, a interferencias en la vida privada y familiar, todos derechos resguardados en los Artículos 1º, 3º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11º y 12º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se detiene arbitrariamente a miles de campesinos y dirigentes de sus organizaciones, se las acusa sin fundamento, se les golpea, tortura, se les confina a cárceles, cuarteles policiales, regimientos, estadios, recintos ferroviarios, se les envía por largos períodos a campos de detención, se les relega, se les manda al exilio. A muchos de ellos, se les extermina mediante fusilamientos más o menos formales, se les asesina en simulados “intentos de fuga”, se les lanza a los ríos, se les hace desaparecer.

La represión no sólo afecta a los dirigentes de las organizaciones de la reforma agraria o de los sindicatos, sino que a todos los campesinos, por el sólo hecho de estar organizado, estar participando en el área reformada o haber tenido una posición de apoyo al gobierno de la unidad popular.

En los casos más emblemáticos como el de Paine, Los Hornos de Lonquén, Cuesta Barriga, el Laja, Futrono, La Reserva de Malleco o Valdivia nos encontramos con campesinos cruelmente asesinados por el sólo hecho de haber participado en organizaciones sindicales y el proceso de Reforma Agraria. Tal magnitud de crueldad, sólo entendible como expresión de una “revancha” producto de patrones “ofendidos” con el proceso de Reforma Agraria que los campesinos habían llevado adelante. Un sector patronal que desea tomar venganza por los “dolores” que les había propinado la pérdida de sus tierras. Esa desazón de tener que admitir a sus peones que le alzaran la voz, le exigieran mejores condiciones de salario y de trabajo. Esos inquilinos que habían osado presentar pliegos de peticiones en negociaciones colectivas e incluso hacer huelgas o tomarse el fundo pidiendo su expropiación.

Para el sector patronal la vida del campesino y sus familias no tiene para ellos mayor relevancia. Lo importante es ahora que “estos rotos alzados” escarmienten por lo acontecido, que les quede claro que este proceso de Reforma Agraria no debe nunca más ocurrir en nuestra Patria.  Por eso golpearán en los cuarteles para que los salven, les facilitarán medios y sus camionetas. Irán junto a los carabineros y militares a buscarlos. Ayudarán a identificar a los líderes o “cabecillas”, tomando la justicia por sus propias manos. Que les quede claro, la Reforma Agraria se acabó, ahora todo vuelve a la normalidad, nosotros volvemos a mandar en el campo.

Para los campesinos, acostumbrados toda una vida a limitaciones, injusticias, malos tratos, castigos y sufrimientos, todo parece algo dentro de lo “normal”. Bueno, la historia se había dado vuelta. Son cosas de la vida.

“No, a mí sólo me golpearon. Me metieron astillas en las uñas de los dedos y me dieron de varillazos”, me contaba un dirigente. Otro, me decía: “No fue casi nada, sólo me dieron una pateadura y me aplicaron corriente por todo el cuerpo, mientras me amenazaban de matar a mi mujer y mis hijos”. Un viejo dirigente, señalaba: “Sólo estuve vomitando sangre unas semanas. Pero en el Regimiento conseguí un poco de parafina y la estuve tomando para que se me curaran todas las heridas que supongo tenía por dentro.” “si, era doloroso, pero nunca tanto como cuando tenía once años y el patrón me hacía caminar a “pata pelá” por arriba de unas brasas encendidas, para que confesara que mi padre se había robado un animal, cosa que no era cierta”.

Para los campesinos, estas situaciones de crueldad y humillación no eran desconocidas. Ahora nuevamente se había vuelto a esa “normalidad” que existía antes. Lo nuevo que tiene esa dura realidad, es que con el proceso vivido de la Reforma Agraria los campesinos habían tenido un pequeño resplandor de algo distinto, una posibilidad cierta de que la vida podía ser diferente. En estos años habían aprendido que ellos también tenían derechos, podían ser considerados como ciudadanos y que tenían dignidad.

El derecho a la organización

Nos encontramos con flagrantes violaciones a los derechos a la libertad de reunión, de asociación, a la libertad de pensamiento, de opinión, a tomar parte en el gobierno de su país, todos derechos consagrados en los Artículos números 18º, 19º, 20º y 21º de La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Al momento del golpe de Septiembre de 1973, la organización campesina se encontraba en un momento de amplio crecimiento, con mucha fuerza y decisión participando activamente en todo el proceso de la Reforma Agraria, desde las instancias a partir de las comunas, hasta altos niveles de decisiones de las instituciones del agro.

La organización sindical campesina, con más de 300.000 afiliados se encuentra extendida a lo largo de todo el territorio nacional. Las cooperativas tienen organizados a más de 86.000 pequeños propietarios campesinos. Por otra parte el proceso de Reforma Agraria tiene incorporadas a más de 76.500 familias campesinas, con una población aproximada a las 380.000 personas.

El movimiento campesino había entendido el poder de la organización como pilar de todo el proceso de dignificación campesina que representaba la Reforma Agraria.

Por eso, el golpe de la derecha contra la Reforma Agraria, es certero contra el derecho a la organización campesina. Desde el primer momento se ordenan los allanamientos a los locales de las organizaciones, se incautan bienes, sus vehículos y por actos administrativos de autoridades militares de nivel local se disuelven federaciones y sindicatos. Se intervienen cooperativas campesinas y todas las organizaciones productivas del sector reformado.

Recuerdo el testimonio de un dirigente. “Pasado unos días, tomamos valor y nos acercamos con miedo al local que tenía la organización en el pueblo.  Cuando entramos al lugar, todo estaba “patas p’arriba”, nuestros papeles y carpetas botadas por el suelo. Se habían llevado todos los escritorios, mesas, sillas, máquinas de escribir, Kardex, estantes de libros. Y cómo pa’reirse de nosotros, habían clavado en un pincha papeles  una foto del Presidente Allende que teníamos puesta en la oficina”

 A pocos días del golpe, por bando militar, se suspenden todas las presentaciones de pliegos de peticiones, se restringe y controla el funcionamiento de los sindicatos, se prohíbe la elección o renovación de sus directivas, sólo se permite hacer reuniones con permiso previo y control militar de su contenido. Se termina de inmediato la entrega de financiamiento a las organizaciones sindicales que se tenía por ley mediante los aportes del “Fondo de Educación y Extensión Sindical” (FEES).

En 1974 los D.L. 275 y 670 suspenden definitivamente todas las negociaciones colectivas. Este derecho quedará así prohibido por siete años y sólo será permitido en forma extraordinariamente limitado con la puesta en vigencia del llamado “Plan Laboral” en el año 1979.  Con la llegada de este Plan, desaparece también definitivamente la legislación especial existente para el campo, creada en 1967 por la Ley 16.625 de Sindicalización Campesina.

Derecho al trabajo y a una vida digna

Nos encontramos con la flagrante violación de los derechos al trabajo, a tener condiciones laborales justas, a la seguridad social, al bienestar, la educación, la salud y a la vida cultural, todos derechos consagrados en los artículos Números 22º, 23º, 25º, 26º y 27º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La irrupción del golpe cívico militar en la vida del campesino y sus familias, rompe todas las normas, ventajas y derechos de carácter laboral obtenidas en el proceso de Reforma Agraria. Los sectores patronales se sienten autorizados para proceder a despedir en forma injustificada a todos aquellos trabajadores considerados como agitadores o “revoltosos”.

Mediante el Decreto Ley Nº 32 de Octubre de 1973, se crean tribunales especiales integrados por representantes de las Fuerzas Armadas, para ver la terminación de contratos colectivos y establecer nuevas causales de despido, permitiendo así dar un cierto manto legal, a los diversos despidos ilegales, revanchistas y arbitrarios realizados por el sector patronal, sin ningún tipo de derecho a indemnización. Sólo recién un año más tarde, en Octubre de 1974, se volvería a establecer la competencia de los jueces del trabajo para conocer los casos de despidos.

Para efecto de la entrega de las tierras de la Reforma Agraria se dicta el D.L. 208 de Diciembre de 1973, que prohíbe asignar tierras a aquellos dirigentes o campesinos que se hubiesen tomado algún fundo para solicitar su expropiación. Mediante este mecanismo se margina del proceso a un gran número de campesinos y en especial a las personas más capacitadas y líderes del proceso de reforma agraria.

De esta manera se termina desplazando a más de cien mil campesinos y sus familias quienes deben abandonar de un día para otro, sus casas y sus tierras, teniendo que buscar lugares marginales donde instalarse a vivir en faldeos de los cerros, a orillas de los caminos, ríos o líneas férreas.

Para la asignación de tierras, se utiliza exclusivamente la alternativa de la “parcela individual” y con la posibilidad de venderlas. De esta manera, con la posterior marginación de toda ayuda técnica y crediticia del Estado a los parceleros asignatarios, se provoca que muchos de ellos se vean forzados a vender o entregar sus parcelas, incorporándose al alto número de campesinos cesantes y sin tierra, dispuestos a trabajar a cualquier precio y condición.

Recuerdo lo que me contaba un campesino: “Estaba anocheciendo, cuando un destacamento  militar llegó a las casas de los dirigentes del asentamiento y nos entregó una citación para presentarse al día siguiente en la CORA.  Entramos a la oficina y allí estaba un oficial de alta graduación junto otros militares y el antiguo patrón del fundo. El militar que mandaba nos dijo: “los hemos traído para que todos firmen este documento. Aquí no quiero ningún alegador, ni que alguien se haga el “chorito”. Van a ir pasando de a uno y ponen su firma, el que no sepa firmar que ponga el dedo. Si quieren volver esta noche a sus casas sanos y salvo, sólo tiene que firmar y listo”. Todos procedimos a firmar el documento. Este señalaba que nosotros libre y voluntariamente hacíamos devolución de parte de las tierras del asentamiento, además de unas 2 mil hectáreas de cerros,  al antiguo patrón del fundo. Tomado el procedimiento, el  patrón nos dijo que él entendía que todo esto había sido pura culpa de los agitadores de la UP, pero que él era comprensivo y podría recibir a algunos nuevamente como trabajadores. Después supimos que por el servicio prestado, el patrón le regaló todo lo del cerro al regimiento para que hicieran allí sus ejercicios militares.”

Permítanme terminar, señalando algo que tampoco se puede olvidar y que me afectó en forma personal.  Muchos de los hombres y mujeres que acompañaron a los campesinos en el proceso de Reforma Agraria, en su calidad de funcionarios, técnicos y profesionales de las instituciones del agro, sufrieron también una violenta represión. La casi totalidad fue despedido y perdieron su trabajo en forma inmediata. Gran número de ellos fueron detenidos, torturados, encarcelados por largos períodos, varios de ellos asesinados, otros debieron terminar buscando refugio en el exilio.

“Que difícil hacer entender a los militares del Regimiento Tucapel, que yo sólo estaba prestando una ayuda técnica a ese grupo de campesinos que habíamos sido tomados detenidos por carabineros en una camioneta institucional a la entrada de Temuco. Para ellos, eso era motivo suficiente para ser detenido, golpeado y enviado por días en carácter de incomunicado a la cárcel y ser sacado desde allí para ser interrogado y torturado en el Regimiento. Un profesional junto a un grupo de campesinos, sólo podría ser para ellos, un peligroso extremista”.