RESOLUCION DE CONFLICTOS AMBIENTALES

Diego Padilla Zelada

Sociólogo

La resolución es el acuerdo entre los actores antagónicos, lo que no significa llegar a suspender o reparar el daño, ella permite continuar la actividad sin la existencia de conflictos; hay dos formas de llevar a cabo esto, una es la resolución negociada que trata de la modificación del proyecto al incorporar cambios a la actividad que provoca el daño ambiental. La otra es la resolución forzada es donde siempre triunfa la posición de mayor peso relativo y es lo que más se da en el país a través de la vía judicial.

Un conflicto negociado formalmente por lo general requiere de[1] :

La representación de todas las posiciones en conflicto.
El consenso en torno a que la negociación formal es más beneficiosa que el enfrentamiento, se vincula a un mínimo de equilibrio de fuerzas entre las partes.
La existencia de una instancia de mediación considerada legítima por todas las partes.
La disposición de acatar los acuerdos que resulten de la negociación.
La existencia de un sistema efectivo de fiscalización en el cumplimiento de los acuerdos.

Todo esto con respecto a la resolución negociada permite ver lo necesario que es la participación social de la comunidad, al ser ella la afectada directamente permitiendo que los conflictos lleguen a buen término, al poder intervenir en estos pudiendo encontrar la mejor solución para todos.

Si bien la tendencia que más se usa en Chile es la negociación forzada, hay un creciente interés en el último tiempo de implementar la de tipo negociada para disminuir el grado de conflicto entre los actores que interviene en dicho proceso; por lo que debería favorecer a la participación de la ciudadanía en su conjunto en los que está involucrada directa como indirectamente, a pesar de que para algunos es considerado como un debilitamiento explícito de sus demandas al ser descartadas como alternativas.

La participación de la sociedad civil en este contexto se ve entorpecida por la falta de mecanismos que promuevan la participación ciudadana, en la evaluación de proyectos lo cual produce una desatención de las expectativas que ella se ha fijado al no poder intervenir en la defensa del medioambiente. La existencia de una sociedad civil que es capaz de hacer valer sus demandas y valores propios es una condición necesaria para la sustentabilidad del desarrollo económico, pero se encuentra limitada por la inadecuación de mecanismos de participación.

Todo esto desemboca en conflictos en el sector de la minería, energía, pesquero, transporte, agricultura, industria, construcción comercial, poblacional; siendo el más emblemáticos o relevantes en el último tiempo el proyecto hidroeléctrico de Alto Bío-Bío por todos los actores que se ven involucrados, así como también el caso de Cesco en Valdivia por la contaminación ambiental generada en la zona, con todas las consecuencias socio ambientales y económicas que hasta hoy perduran en la realidad social de la dichas zonas por sus efectos directos o colaterales dada la acción ejercida al intervenir de mala manera la naturaleza con su ecosistema por el progreso económico de un determinado sector empresarial, público y privado.

Lo antes dicho nos lleva a que sea necesario fortalecer más aún la sociedad civil, al crear formas de participación que se opongan a los poderes fácticos y en donde la real participación ciudadana favorece a desarrollar un movimiento ambiental activo, masivo, democrático e ideológicamente consciente. La democracia moderna requiere del fortalecimiento de un “tercer sector” de ciudadanos que no dejen su ámbito privado de organización, que actúen sobre la cosa pública al opinar y transformar dicho espacio por sus críticas y aportes al control público; para esto es necesario el cumplimiento por parte de las autoridades de los acuerdos suscritos para un adecuado desarrollo sustentable además de sostenible en el tiempo para una buena tratamiento de los conflictos ambientales con su adecuada resolución entre todas las partes que intervienen en esto, con el fin de lograr una solución ecuánime y justa para toda la sociedad.

[1] Gorczisnky, D: “Insider guide to environmental negociation”. USA 1991.