SE BUSCAN …… ¿VIVOS O VIVOS?

Esteban Lobos, analista económico.

Las sociedades anónimas se encuentran en el corazón de la economía capitalista. Su razón de ser – hacer posible la acumulación de grandes capitales a través de la recolección de pequeños aportes – es generalmente muy apreciada. Sin embargo, frecuentemente los accionistas minoritarios ignoran qué sucede entre bambalinas y cómo estas empresas son instrumentalizadas por los poderosos de siempre con fines no muy claros ni transparentes.

Las ediciones financieras de los grandes medios de comunicación, han publicado una información que puede haber pasado desapercibida  para la gran mayoría de los ciudadanos. El martes 22 de marzo, la cuestionada minera no metálica SQM ha comunicado como hecho esencial  a la Superintendencia de Valores, la renuncia a sus cargos de directores de la sociedad anónima, de los señores Wolf von Appen y Hernán Büchi Buc. Hasta ahí, nada especial.

Sin embargo, resulta útil agregar al escueto comunicado algunos antecedentes que enriquecen la noticia. Büchi y von Appen, más Eduardo Novoa, formaban parte del Comité de Auditoría de la empresa, tarea por la cual percibían un honorario adicional. Según la documentación disponible, estos directores obtenían una retribución anual de más/menos ¡ $187.000.000! , es decir casi 16 millones mensuales. ¿Su trabajo? Asistir a dos reuniones mensuales de Directorio, Obviamente, sus honorarios eran infinitamente menores a los del Presidente de la sociedad, Julio Ponce Lerou, cuyos emolumentos eran del orden de los ¡$994.000.000! suma a la que llegaba con 79 millones de honorarios fijos y 915 millones de retribución variable. En buenas cuentas, unos 83 millones de pesos mensuales.

Lo grave de esta situación, es que algunos de estos simples directores cumplen similares funciones en 10 o 12 empresas simultáneamente, debiendo multiplicar su tiempo para poder ir de reunión en reunión.

La pregunta de fondo obvia es: ¿Cumplen esos señores cabalmente con las obligaciones que les corresponden?

La ley 18.046 dispone en su artículo 1 que la sociedad anónima “es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables”.

¿Quién elige a estos directores? Para ese efecto, conforme al artículo 21 de la misma norma legal, cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente. Luego, la administración  de la sociedad la ejercerá este directorio elegido por la Junta de Accionistas. Las funciones de los directores son personales (no son delegables) y se ejercen colectivamente en sala legalmente constituida.

El artículo 39 de la ley dispone que “cada director tiene derecho a ser informado plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el gerente o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha de la empresa”. Y aunque la ley no lo dice expresamente, es evidente que si la ley da al director el derecho a informarse y a fiscalizar y al director se le está pagando generosamente para que cumpla sus funciones, es porque tiene la obligación de hacerlo. En caso contrario, está faltando gravemente a sus deberes.

Más aún: La ley dispone que a los directores no les corresponde defender los derechos de los accionistas que les eligieron (generalmente los del grupo controlador) sino que deben defender y proteger los intereses generales de la sociedad: “Los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes, no pudiendo faltar a éstos y a aquéllos a pretexto de defender los intereses de quienes los eligieron.

Pero, no basta con ello. Los directores (en este caso Büchi y von Appen) han debido emplear en el ejercicio de sus funciones, el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y deben responder solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables (art.41) no pudiendo presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas y ocultarles informaciones esenciales (art.42).

Es claro que los accionistas minoritarios (ajenos al grupo controlador) fueron claramente perjudicados por las excesivas retribuciones pagadas a los directores y altos ejecutivos, gastos que naturalmente se cargaron a utilidades. Más perjudicados quedaron aún si los ejecutivos, amparados dolosa o negligentemente por los directores, dispusieron de ingentes sumas para gastos absolutamente ilícitos y  ajenos a las necesidades de la empresa  como es el financiamiento de candidaturas y de colectividades políticas.

Las confesiones a deshora y las autodenuncias no valen de nada, si éticamente se han violados deberes propios de los cargos. Puede suceder que, la utilización de resquicios legales, hábilmente manipulados por “los mejores abogados de la plaza” concluyan en la absolución de los involucrados, pero es deber de la comunidad informarse al respecto y condenar categóricamente estas actuaciones.

Lo peor de todo, al concluir, es descubrir que quienes periódicamente dictan cátedra acerca de la ética empresarial, enfrentados a casos concretos, guardan silencio como si aquí nada hubiere pasado.

Ahora, se buscan los reemplazantes para Büchi y von Appen. Los interesados  deben cumplir con los requisitos legales y estatutarios y buscar, por supuesto, los apoyos que naturalmente corresponden. Así que, ahora, ¡a postular!