«Aquellos o aquellas que creen que la política se desarrolla través del espectáculo o del escándalo o que la ven como una empresa familiar hereditaria, están traicionando a la ciudadanía que espera de sus líderes capacidad y generosidad para dar solución efectiva sus problemas.»

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Santiago, 3 de enero de 2023. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, realiza un punto de prensa en el palacio de La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile

Se compran problemas.

Un adecuado análisis de los hechos, requiere recordar dos antecedentes que deben servir de puntos de partida.

Punto Uno: “Son atribuciones especiales del Presidente de la República:  14° Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso”. (Constitución Política, art. 32)

Punto Dos: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.  (Constitución Política, art. 76).

Las citadas disposiciones de la Carta Fundamental son plenamente concordantes entre sí, ya que a la regla general del artículo 76 se le abre la posibilidad de una excepción: la de indultar en casos particulares siempre que la causa penal correspondiente esté terminada por sentencia ejecutoriada. 

De acuerdo al diccionario, el “indulto” es una “gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado por la cual perdona parcial o totalmente una pena o la conmuta por otra más benigna”.

Por lo tanto, si bien el ejercicio de esta facultad puede ser criticado o juzgado negativamente especialmente desde el punto de vista político, es evidente que la autoridad que toma una decisión en esta materia – en el caso, el Presidente y su Ministra de Justicia – debe estar dispuesta a pagar el precio que su resolución conlleva.

Ejercer esa atribución constitucional es bastante discrecional, tanto así que en numerosas situaciones anteriores, mandatarios como Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos, Bachelet y Piñera, apelaron a razones de carácter político y / o humanitario en los numerosos casos que en su oportunidad resolvieron.

El presidente Boric comete un grave error cuando, sin necesidad alguna, buscando explicar lo resuelto, se justifica a sí mismo declarando: “En el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”, Más aún: sustenta su juicio en la opinión que atribuye a un destacado jurista, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El académico aludido, Davor Harasic, quien participó en la defensa de Mateluna a través de la Clínica Jurídica del plantel, ejerciendo a su través todos los recursos procesales que contempla la ley, salió prestamente a dar una respuesta categórica: “ Se indultó a una persona que el sistema judicial declaró culpable; por lo tanto, es culpable”.

El incidente descrito, pronto tomó un vuelo inesperado.

El pleno de la Corte Suprema, por unanimidad (el único voto discrepante era partidario de manifestar privadamente sus aprensiones al Mandatario) se permitió recordar la vigencia de la norma constitucional antes citada, generando una innecesaria confrontación entre poderes del Estado, lo que se da en un clima político bastante proceloso.

El cuadro, sin embargo, no se termina de cerrar.

Al tiempo que “Apruebo Dignidad”, una de las coaliciones en que se sustenta el actual gobierno, alzaba públicamente su voz para exigir nuevos indultos a su propia autoridad, las ministras Tohá y Vallejo (Socialismo Democrático y Partido Comunista) señalaban lacónicamente que no habría nuevos indultos.

Para cerrar la fiesta, el indultado Luis Castillo, condenado por ataque incendiario a oficinas del Servicio de Registro Civil, se manifestaba al abandonar la prisión mediante un vehemente llamado: “Salgan de las trincheras, sigan luchando,  los insurrentes (sic) no nos calmamos, los insurrentes (sic) no descansamos”.

El torpe manejo del incidente de los indultos, ha derivado en un descrédito político para los gobernantes, en una eventual acusación constitucional contra la Ministra de Justicia y, lo que es peor, ha entregado a los sectores más ultras de la derecha opositora, el manejo de la agenda política con todos los problemas que ello acarreará, sin duda. 

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