Todo Chile es Chile.

René Fuentealba Prado.

Cada cierto tiempo, especialmente en ambientes preelectorales, aparece sobre el tapete la discusión acerca del centralismo y la regionalización. Hoy se discute la elección popular de los Intendentes. Ayer, fue la creación de nuevas regiones. Antes fue, también, la elección popular de los Consejeros Regionales. Más atrás, la creación de esa entelequia que son los Gobiernos Regionales. Pero, aparte de esos pasitos ¿Se está caminando efectivamente en el sentido correcto?

 Si se examina la historia del último tiempo, pueden constatarse, más / menos, los siguientes pasos: 1) Bajo el Gobierno Militar se divide el territorio en doce regiones y una región metropolitana, división meramente administrativa, sin autonomías y con un cuoteo de ellas entre las diversas ramas de las Fuerzas Armadas; 2) Recuperada la democracia, bajo el Gobierno de Aylwin se crean los gobiernos regionales que son meras administraciones ya que carecen de atribuciones políticas, están entregados de hecho a la dependencia de los Intendentes,  que son funcionarios de Gobierno Interior, en tanto que los consejeros regionales son elegidos por los concejales municipales; 3) Veinte años después, se logra que estos Consejeros sean elegidos por votación popular, tras una fase en que los parlamentarios luchan por incorporarse a los Consejos Regionales (ya que estos asignan recursos) y muestran clara animadversión a esta iniciativa que, por su propia naturaleza conducirá a que un Consejero sea electo con más votos que un congresista; 4) Formalmente desde hace dos años se tramita la reforma que permitirá la elección popular de los Intendentes pero el Ejecutivo central considera indispensable crear un cargo paralelo de Delegado Presidencial a cargo del orden público y, eventualmente, de la tuición sobre los servicios de la Administración.

Paralelamente, se mantiene en el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública la Subsecretaría de Desarrollo Regional que graciosamente entrega recursos para atender demandas puntuales generalmente gestionadas por los parlamentarios de cada Región que hacen valer de esta forma su poder. Las zonas que se sienten abandonadas luchan, alentadas por las elites políticas,  por convertirse en nuevas regiones (Los Ríos, Arica y Parinacota, eventualmente Ñuble) soñando conque  así superarán la desatención de que son víctimas). Las trece áreas originales serán dieciséis y, más temprano que tarde, serán 25 tal como eran las provincias del país hasta 1973.

En períodos de elecciones presidenciales y parlamentarias, las instancias locales se inquietan  y, para mantenerlas  tranquilas, en las principales plazas de cada región, los candidatos, con abundante publicidad, suscriben un enorme documento (enorme por su tamaño, no por su contenido) en que adquieren sagrados compromisos,

Por lo que se ve, se está avanzando.

Aparentemente.

Si se despierta y se mira la triste realidad, la cosa es muy distinta. Los indicadores objetivos muestran algo diverso. La desconcentración administrativa avanza a paso de tortuga pues está implícita la convicción de que los profesionales regionales no tienen las capacidades necesarias para tomar decisiones y, si las tienen, son sujetos peligrosos que, sin duda, desordenarán el panorama. Las empresas privadas de  finanzas, comercio y servicios,  se establecen y crecen en la ciudad-capital. Si se quiere obtener un crédito importante, la decisión la toma la Gerencia Central. Abogados y tasadores viajan al Chile real desde Santiago, cobrando suculentos honorarios, por supuesto, a costa de los clientes provincianos. Los Intendentes Regionales, como dependientes de Gobierno Interior, actúan conforme a sus instrucciones, y los Gobiernos Regionales gastan algunas decenas de miles de millones de pesos para atender necesidades locales urgentes pero incapaces de romper la poderosa inercia centralista.

Los medios de comunicación social (prensa escrita, radio, televisión…) se concentran en la ciudad capital (con escasas excepciones),   controlan  la información y destacan y priorizan las demandas metropolitanas hasta lograr  respuestas del Gobierno Central.  La subvención fiscal al transporte metropolitano se tradujo inicialmente en el llamado “efecto-espejo” que implicaba el compromiso gubernativo de que tanto se gasta en el Transantiago, tanto se gasta en mejorar el transporte público en regiones. Sin embargo, ello no se cumple ya que el tan cuestionado sistema,  percibe constantemente, por medio de asignaciones directas, créditos con aval del Estado, etc., cientos (¿o miles?) de millones de dólares que devora día a día sin que el monstruo logre saciarse.

La gran urbe se sigue expandiendo, en territorio urbano, en habitantes, en oportunidades laborales,  sin que se logre ponerle el cascabel al gato. Mientras las comunas más ricas del país luchan incansablemente por túneles para sus autos, teleféricos, nuevas líneas de metro, en una localidad cualquiera del Chile real, una familia pobre llora por  una pasarela o un bote para cruzar el río y lograr  llegar a la escuela o al hospital, donde generalmente no hay profesor o no hay médico.