¿Tongo o participación?

Con una tozudez inquebrantable, <La Ventana Ciudadana>  ha defendido sin titubeos el régimen democrático como el sistema político que mejor puede garantizar la vigencia de los derechos humanos en una sociedad determinada. A pesar de sus debilidades e imperfecciones, la democracia tiene una característica muy peculiar: es el único sistema político, en teoría, que lleva en sí mismo la capacidad de renovarse y de enfrentar sus desafíos y problemas.

Es necesario insistir en señalar que la democracia, sin embargo, no es solo un sistema institucional de organización de la sociedad política sino que implica que cada uno de los miembros de la comunidad la asume como forma de vida y, en consecuencia, desarrollan una cultura en la cual las personas, las familias, las organizaciones sociales, los poderes del Estado y, en general, todos sus actores procuran vivir conforme a principios básicos que significan simplemente que todas las libertades y derechos que consagra el ordenamiento jurídico para una persona están limitados por el respeto a las libertades y derechos de los demás.

Por desgracia, no todos entienden el problema de esa manera. Así, a diario vemos pasearse por las vitrinas de la opinión pública a personajes que han justificado persistentemente a crueles dictaduras y que no muestran problema de conciencia alguna en explicar crímenes y aberrantes abusos “en razón del contexto histórico”. Por otra parte, ya ni siquiera sorprende el constatar que personajes que aspiran a ser líderes de opinión y que hacen gala de un compromiso con los valores de la democracia, no titubean tampoco en justificar con rebuscados argumentos la subsistencia de experiencias claramente totalitarias simplemente porque están en concordancia con sus afinidades ideológicas personales.

Más allá de esos burdos casos, es necesario exigir a los países, y a Chile en particular, un compromiso sustantivo y constante con la defensa y preservación de un sistema político que garantice efectivamente los derechos humanos básicos y las libertades personales. Si no existe la capacidad necesaria para entender que la democracia no es un mero instrumento formal que se justifica a sí mismo con el cumplimiento periódico del ritual de marcar una preferencia y depositar un pedazo de papel en una urna, claramente se está destruyendo la institucionalidad y corrompiendo la savia que da vida al sistema: el derecho ciudadano a la participación, lo que debe traducirse en un involucramiento activo y efectivo en los procesos de toma decisiones que afectarán las existencias personales y comunitarias.

Por desgracia, en nuestro país en particular, el tiempo ha ido consolidando una democracia de elites, en la que las personas elegidas para representarnos se transforman en castas endogámicas, plagadas de beneficios económicos y ceremoniales, preocupadas de su permanencia y ascenso en sus cargos y desligadas de hecho de los problemas reales que padece la gente común y corriente.

Un ejemplo cabal de lo antes dicho, y que merece destacarse por el alto número de personas que se ven afectadas e involucradas en él, lo constituye el “tema ciudad”. Pese a su significancia, resulta increíble que ninguno de los candidatos presidenciales del 2017, ninguno, ni de izquierda, ni de centro ni de derecha, haya considerado abordar un problema que afecta directamente al 83% de las familias chilenas. Desarrollo local, descentralización, uso del suelo, especulación con el suelo, desarrollo inmobiliario, vivienda, segregación social, servicios básicos, transporte, etc. configuran una compleja maraña de problemas a la cual ninguno de los aspirantes presidenciales ni en sus programas ni en foros ni en discursos, prestó la menor atención. Hoy, cuando de hecho se va a cumplir el primer año de mandato de Sebastián Piñera, la prensa nos informa que el proyecto de “Integración Social y Urbana” enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional sustituirá el nombre del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo por el de “Ministerio de Ciudad y Vivienda”, maquillaje que solo servirá para ocultar que el país, en este terreno, seguirá en lo mismo.

Las dudas surgen, por supuesto, de la constatación de un hecho claro: El “poder local”, representado por las dos grandes asociaciones de municipios que actualmente existen en el país, no ha sido considerado para nada en la elaboración de la iniciativa ni las asociaciones referidas han mostrado interés alguno en ser parte gravitante de este proceso.

La propuesta de desarrollar una cuarentena de ciudades de nivel medio, no pasará más allá de las buenas palabras, mientras no se aborde la macrocefalia capitalina que absorbe vorazmente los recursos económicos, humanos, académicos, culturales, etc. del país para alimentar a la elite política dominante.

En febrero de 2011, se promulgó la ley de Asociación y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. No se podría afirmar que ello significó un cambio radical en la forma de tratar los problemas ciudadanos. Es claro que para la autoridad, ya sea de Gobierno Interior ya sea de Gobierno Local, la PARTICIPACIÓN, así, con letras mayúsculas, no es más que un problema burocrático que es necesario sortear de la manera más elegante posible. Se convoca a los ciudadanos, para discutir problemas, por ejemplo, de Planos Reguladores o de protección de humedales, y a esas reuniones no asisten quiénes debieran asistir; o asisten, se toman la foto, hablan, pero no escuchan. A fin de cuentas, se hará lo que un burócrata ya decidió en un escritorio.

Para decirlo con claridad: Se ha hecho un hábito el de cumplir formalmente con las normas vigentes, dar la “apariencia de participación”, pero haciendo del proceso un “tongo”, expresión popular con la que se denominan esas peleas de box o de “catch as catch can” en las que el público se entretiene con un espectáculo feroz, iracundo y violento, pero sabe que lo que sucede en el ring es falso. Los empresarios organizadores del combate ya han decidido de antemano los resultados.