«El Crecimiento, no es la solución a los problemas de la humanidad, la solución es propender a la redistribución de las riquezas. El egoísmo ancestral de los poderosos, aumenta las desigualdades… el individualismo, genera mas perversidad en los individuos y atenta contra los valores y la ética.»

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¿Cuál es nuestro camino?

En dos semanas más quedará definido el texto del proyecto de nueva Constitución que será sometido al juicio ciudadano en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Una de las peores amenazas que se vislumbran es que en el tiempo inmediato, como ya ha sucedido muchas veces en la historia reciente del país, la comunidad política pierda el necesario sentido de la racionalidad y nos encontremos en un debate entre sordos y mentirosos, discusión en que un determinado bando es incapaz de escuchar y de prestar atención a las argumentaciones de su oponente y, lo peor de todo, en que las posiciones propias se fundan en falacias o, derechamente, en mentiras o suposición de pérfidas intenciones que se atribuyen al contrincante.. Hay ciertos puntos de partida, indispensables para cualquier análisis, que parecen ser claros.

Una amplia mayoría de la población manifestó en la consulta “de entrada” su voluntad de lograr una nueva carta fundamental. Las razones en que se fundó esta abrumadora definición pueden ser variadas y van mucho más allá de la ilegitimidad de origen del texto vigente. El sentido común de la sociedad toda hacía sentir que nos encontrábamos categóricamente ante un documento elaborado con el expreso y deliberado propósito de consagrar y defender privilegios que consolidaban el poder excluyente de elites minoritarias.

El gran error de los partidos de derecha, defensores del statu quo, fue el de no haber sido capaces de entender los signos de los tiempos y de darse cuenta que la institucionalización de los abusos, la impunidad del libertinaje económico, la consagración de la actitud prescindente de un Estado que abandonaba su rol de intérprete y gestor del bien común, no podían durar para siempre. Como lo han expresado numerosos pensadores de su propio sector, la derecha política histórica sucumbió ante el avance arrollador del neoliberalismo dejando de considerar a las personas como sujetos de derechos para considerarlos tontamente como meros consumidores. Siguiendo a Margaret Thatcher se aceptó el dogma de que la sociedad como tal no existe y que solo existen los individuos y sus particulares intereses.

De ahí a la fracturación de la comunidad política, por supuesto, había un solo paso, y las consecuencias de ese quiebre radical son palpables hoy en todos los ámbitos de la sociedad.

Por otra parte, la elección de los convencionales constituyentes trajo un resultado sorpresivo al encauzarse la votación popular no por la vía (bastante desprestigiada, por lo demás) de los tradicionales partidos políticos, y sí por caminos que expresaban demandas e inquietudes más actuales y contingentes (feminismo, pueblos originarios, causas medioambientales, derechos sociales, entre otras).

El trabajo de la Convención estuvo marcado desde sus inicios por una actitud bastante partisana que impidió realizar una labor dialogante. La derecha, constituida en una fracción irrelevante ya que no logró el mínimo de constituyentes que le permitiera frenar las propuestas que contrastaban con sus intereses, se jugó claramente por el fracaso del organismo, y sus adalides (¿adalidas?) optaron por manifestarse a través de los medios de comunicación social en un esfuerzo, indisimulado por desacreditar la labor en curso.

La mayoría predominante, expresada tanto en las comisiones como en la sesiones plenarias, se abocó a un trabajo refundacional desconociendo tanto la historia del país como las experiencias propias y ajenas, factores que bien podían contribuir a elevar los niveles de los resultados.

El fruto obtenido (eventualmente la Constitución más larga del mundo, reducida a última hora en un veinticinco por ciento) deja una serie de problemas. Tiene, sin duda, una cantidad importante de elementos altamente positivos pero peca de un utopismo exacerbado que lo aleja de la realidad. El borrador conocido destaca una amplia gama de responsabilidades que debe asumir el Estado, cuyo costo sobrepasa ene veces la capacidad de financiamiento fiscal, y deriva su aplicación a la dictación de las respectivas leyes. Si se estima que la dictación de un centenar de leyes requerirá plazos que exceden el período del actual Gobierno a los que debe sumarse la implementación y puesta en marcha de los numerosos organismos que se crean, pareciera necesario hacerse cargo de estos hechos desde ya.

Lo más probable es que el 4 de septiembre triunfe el “apruebo”. Pero los ciudadanos tienen derecho a saber cómo y cuándo sus vidas personales serán afectadas por la llegada de los nuevos tiempos.

 

 

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