Ayer se quemaban los libros, hoy, como sucede en Temuco, se reprime y maltrata a mujeres mapuches productoras de hortalizas: esto es destrucción de nuestro patrimonio y nuestra cultura.
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¿Vamos a decir que NO?

El 4 de septiembre de 2017, el gobierno de Michelle Bachelet presentó una proyecto de ley destinado a modificar el Código Penal “con el fin de castigar a quien públicamente, o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias”, según expresó la entonces mandataria.

La iniciativa gubernamental, que se encuentra en actual trámite legislativo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, recibió una indicación presentada por la diputada Carmen Hertz (viuda del abogado y periodista Carlos Berger, torturado, y ejecutado el 19 de octubre de 1973) que busca sancionar “a quien justifique, apruebe o niegue violaciones a los derechos humanos acreditadas por instancias formales del Estado”.

La moción de la parlamentaria comunista busca castigar con pena de cárcel de tres años ( cinco si el infractor es funcionario público) a las personas que, “a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura y en el informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura”.

La propuesta ha dado origen a un interesante y valioso debate. Políticos y académicos de renombre han tomado parte en una discusión que, como pocas veces sucede en el país, se ha dado en el plano de la buena argumentación y del respeto. Incluso personeros relevantes de derecha, como es el caso del otrora ministro Rodrigo Hinzpeter Kirberg (de ancestros judíos y cuya vida personal está cruzada por el recuerdo imborrable del holocausto nazi) han expresado su apoyo a la indicación Hertz.

Algunas consideraciones “de previo y especial pronunciamiento” pudieran impulsar una reflexión madura sobre el tema.

  1. Las “verdades oficiales” simplemente no existen o, al menos, no debieran existir. Ya sea por defecto o por exceso, toda afirmación dogmática no va más allá de ser un mero acercamiento a los hechos. Sin embargo, pareciera ser algo muy propio de los gobiernos totalitarios el hecho de proclamarlas e impedir su discusión y análisis.
  2. Todos los regímenes totalitarios (el nazismo de Hitler, el fascismo de Mussolini, el franquismo español, la URSS de Stalin, el maoísmo de China, los jemeres rojos de Pol Pot en Camboya, la dictadura de Videla en Argentina o de Pinochet en Chile, entre otros muchos) han procurado ocultar sus crímenes tendiendo una cortina para ocultar o justificar sus acciones, en razón de “el contexto”.
  3. Muchos de los países cuyos ciudadanos fueron víctimas de estos delitos de lesa humanidad, han logrado investigar gran parte de los hechos y han podido establecer las responsabilidades penales, morales y políticas de los hechores. Al mismo tiempo, es claro que en numerosos casos no fue posible alcanzar una “verdad judicial” formalmente establecida por dificultades de la investigación o por circunstancias de carácter procesal. También debe tenerse presente que hay casos (no muchos pero de haberlos, los hay) en que presuntas víctimas, con el fin de acceder a beneficios han falseado sus declaraciones o han recurrido a falsos testigos.
  4. Pretender prohibir, bajo amenaza de las sanciones ya indicadas, que se justifiquen, aprueben o nieguen estos delitos, constituye un atentado grave a la libertad de expresión, derecho humano que es sin duda una de las columnas vertebrales en que se sustentan los regímenes democráticos. No por nada, quienes, a través de la historia, han pretendido instaurar sistemas dictatoriales lo primero que hacen es reprimir precisamente la libertad de expresión imponiendo la censura, incitando la autocensura, clausurando medios o asesinando periodistas.
  5. Una sociedad democrática no necesita represión intelectual ni censura sino debate permanente. Está en juego, en este caso, el rol pedagógico, docente, que la comunidad debe mantener para que cada uno de sus miembros mediante una convicción racional, reconozca la verdad de los hechos y asuma a cabalidad los parámetros morales en que debe sustentarse una convivencia sana, no contaminada patológicamente. La sola circunstancia de pensar en el niño que en un momento dado de su vida le pregunta a su padre o a su abuelo: ¿Qué hiciste tú cuando esto estaba sucediendo, para impedirlo?

El proceso de construir el juicio de la historia es una tarea de largo aliento y, probablemente, sin fecha de término. Abrir las puertas de par en par a la investigación exhaustiva, discutir, definir culpabilidades, aprender como nación de los crímenes execrables para tenerlos como lección de vida, nos parece útil y saludable. Quienes se enorgullecen de su participación en lo sucedido, pueden hacer gala de su soberbia y su cinismo. Pero no podrán borrar jamás su inhumana complicidad ni ante su nación ni ante sus hijos y los hijos de sus hijos en sucesión inacabable.

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