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VERGUENZA Y DOLOR.

Maroto

Desde Canadá.

Casi tres meses han ya transcurrido desde la visita del Papa Francisco a Chile; una visita marcada y empañada por acusaciones de abusos sexuales cometidos y encubiertos por miembros de la curia chilena y en particular, por denuncias en contra del obispo Juan de la Cruz Barros Madrid.

Desde el término de la visita a la fecha de hoy, han ocurrido al menos dos hechos que vale la pena destacar.

El día 30 de enero del 2018, a menos de dos semanas de la conclusión de su visita, el Papa envió a Chile a S.E. Mons. Charles Scicluna, Arzobispo de Malta, y al Rev. Jordi Bertomeu Farnós, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la especial misión de “escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer (los) elementos que poseen” relacionadas con las denuncias en contra del obispo Juan Barros. En esta labor, ambos personeros recogieron, en Chile y Nueva York, 64 testimonios relacionados directa o indirectamente con los hechos investigados; esta tarea les permitió formarse una opinión acerca de lo acontecido, resultando su trabajo en un informe de más de 2000 folios que fue entregado al Papa Francisco el 20 de marzo del año en curso. En palabras del líder espiritual de la Iglesia Católica, después de haber realizado una valoración jurídica y pastoral de lo investigado ambos representantes pontificios manifestaron “haberse sentido abrumados por el dolor de tantas víctimas de graves abusos de conciencia y de poder y, en particular, de los abusos sexuales cometidos por diversos consagrados de vuestro País contra menores de edad, aquellos a los que se les negó a destiempo e incluso les robaron la inocencia”.

El día 8 de abril del 2018, el Papa Francisco emitió una carta dirigida a todos los Obispos de Chile. En este documento el Papa agradece a todos aquellos que con “honestidad, valentía y sentido de Iglesia” solicitaron un encuentro con sus enviados especiales para mostrarles “las heridas de su alma”; este agradecimiento va especialmente dirigido a algunos “obispos, sacerdotes, diáconos, laicos y laicas de Santiago y Osorno (que) acudieron a la parroquia Holy Name de Nueva York o a la sede de Sotero Sanz, en Providencia, con una madurez, respeto y amabilidad que sobrecogían”.

En su misiva el Papa señala que las actas de la misión especial enviada dan cuenta de un “modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas”, confesando que esto le ha causado “dolor y vergüenza”.

Profundizando aún más, el líder de la iglesia católica reconoce que ha incurrido “en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada” y pide perdón a todos aquellos a los que ofendió.

En su mensaje el Papa informa además a sus Obispos de Chile que serán citados a la brevedad a Roma para en conjunto “dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita” y asistirlo “en el discernimiento de las medidas que a corto, medio y largo plazo deberán ser adoptadas para restablecer la comunión eclesial en Chile, con el objetivo de reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia”.

Finalmente, el Papa Francisco señala que se reunirá personalmente con representantes de quienes fueron entrevistados, para pedirles perdón. Esto último ha sido confirmado por James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, quienes el 12 de abril aseguraron haber sido contactados ya desde el Vaticano para participar en una reunión con el Papa.

Recordemos que hace solo tres meses atrás, el Papa Francisco dejó Chile diciendo “el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar” y afirmando que “no hay una sola prueba contra el obispo Barros; todo es calumnia.”

Los dos acontecimientos a que hemos hecho mención revelan que, sin perjuicio de la validez de las críticas formuladas al término de su visita, estamos en presencia de un líder espiritual con capacidad para escuchar y reconocer sus errores. La decisión de enviar a sus representantes a investigar los hechos denunciados fue un paso importante en el esfuerzo de recuperar confianzas. La emisión de la carta a sus Obispos constituye a su vez un signo esperanzador, que no solo avanza en el reconocimiento de los abusos cometidos, sino que abre la puerta a la implementación de medidas concretas para subsanar esta grave situación.

Todas estas señales son obviamente importantes, pero claramente no suficientes.

La deuda que la Iglesia Católica tiene hoy con las víctimas de abusos sexuales, con quienes se consideran católicos y con quienes sin serlo observan aún con respeto a esta Iglesia, requiere de acciones concretas; acciones que pongan fin a años de secrecías, complicidad e impunidad.

  • La remoción inmediata del obispo Juan de la Cruz Barros Madrid;
  • El remplazo inmediato del nuncio apostólico Ivo Scapolo, figura cuestionada por el rol que habría tenido en silenciar situaciones de abuso sexual y proporcionar información errada y poco veraz al sumo pontífice;
  • La remoción del cardenal Francisco Javier Errazuriz del Consejo de Cardenales, sindicado por su complicidad a través del encubrimiento; este organismo asesora al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la curia romana;
  • El llamado a retiro de aquellos miembros de la jerarquía eclesiástica chilena que en forma reiterada y obstinada se han negado a escuchar las denuncias de sus feligreses y han perpetuado los abusos a través del silencio, como es el caso del cardenal Ezatti y los obispos Koljatic, Valenzuela, Arteaga, por citar algunos;
  • El reconocimiento expreso y claro por parte de la iglesia católica chilena de los abusos cometidos y los intentos reiterados por ignorarlos y encubrirlos;
  • La definición e implementación de medidas concretas de reparación a las víctimas;
  • El establecimiento de un mecanismo especial, abreviado, transparente y objetivo, que permita recoger, investigar y procesar las denuncias de abuso sexual aun pendientes que afectan a miembros de la iglesia chilena; recomendable seria que la definición de este mecanismo contara con la participación de representantes de las víctimas;
  • El establecimiento de un proceso de revisión transparente que incluyendo a todos los sacerdotes y miembros de la jerarquía eclesiástica chilena, asegure que quienes han sido denunciados y hallados responsables de abusos sexuales serán separados de sus cargos de inmediato y no podrán ejercer nuevamente el ministerio;
  • La implementación de renovados programas de formación sacerdotal que, ahondando en los aspectos humanos, espirituales, comunitarios y pastorales, permitan hacer frente de manera concreta y eficaz a un problema cuya raíz no es externa, sino que institucional.

Nada devolverá a las víctimas de abusos sexuales la inocencia quebrantada durante la niñez y juventud; sin embargo, la implementación por parte de la iglesia católica de medidas como las antes descritas, permitirá en alguna medida, avanzar en la recuperación de la confianza perdida y la dignidad pisoteada.

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