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Violencia y Anarquía

Miguel Hinojosa

PhD, docente facultad de educación. Universidad de Concepción.

En estos tiempos vemos cada vez con menos asombro como grupos minoritarios hacen tomas de departamentos y de facultades, sin respetar a quienes allí tienen sus puestos de trabajo, a quienes van a estudiar para poder realizar su proyecto de vida, no exento de dificultades.

            Ciertamente, se viven tiempos difíciles. Gobiernos y oligarquías parlamentarias se han concertado para no resolver los grandes problemas que aquejan a la sociedad chilena. Una mirada caleidoscópica nos enfrenta a una realidad donde la educación continua siendo mercadeo; la salud para el pueblo una larga tortura y la plutocracia chilena, hoy enquistada en el gobierno, esquilma el derecho a los trabajadores a una mejor salud y a una mejor pensión.  Más de 15 mil profesores de la Región del Biobío, llevan una semana de paro ante la pasividad del gobierno de turno.

            Los gobiernos de turno no escuchan la voz del pueblo. Miles de chilenos se han movilizado desde el grito de rebeldía de los estudiantes secundarios, en el año 2006, y sus masivas protestas exigiendo educación de calidad, gratuita, inclusiva y pública. Miles de estudiantes universitarios salieron a la calle a protestar contra una política de mercado en la educación superior. Existen miles de alumnos endeudados gracias a los Créditos con Aval del Estado y, en el presente, se ha dejado sin matrícula a más de 36 mil alumnos universitarios en forma arbitraria.

            Podríamos citar más ejemplos de esta deplorable situación que nos presenta a una sociedad bastante inquieta y molesta frente a una oligarquía política que no escucha la voz del pueblo. Cientos de miles de chilenos han marchado en contra del anacrónico sistema de las AFPs, sin embargo, la cocinería política oligárquica no ha sabido dar una respuesta adecuada, que pasa por tener un sistema solidario, de pensiones dignas y con instituciones debidamente controladas por el Estado, para tal efecto.

            En este contexto, por desgracia, y aprovechando el desgobierno reinante, la falta de preocupación por los grandes problemas que aquejan a la sociedad chilena, algunos aquí mencionados, han aparecido grupos minoritarios, anárquicos, violentistas, incapaces de generar y aceptar el diálogo como elemento racional. Esto ha significado destrucción de los patrimonios universitarios y, no contentos con aquel comportamiento, además de malos tratos de palabra y amenazas a docentes, a administrativos y a personal de servicio.  Estos grupos, en su irracionalidad, no tienen ningún respeto por las personas, sobre todo por aquellos trabajadores más necesitados que en virtud a sus bajos salarios, para mejorarlos, deben trabajan horas extraordinarias. Hoy no lo pueden hacer.

            Pero existe un hecho de mucha gravedad que sobrepasa los límites de la racionalidad. Cada vez que hay tomas de facultad, aparecen los rayados, aludiendo a problemas de la realidad que son de público conocimiento por parte de la sociedad chilena, y entre éstas, los problemas que aquejan a la educación chilena en general y a la educación superior en particular. Pero estos grupúsculos anárquicos llaman desde sus rayados a dar muerte a personas, a seguir como tradición el siniestro atentado que costó la vida realizado a los esposos Lutzinger. Allí están los rayados en el frontis de la Facultad de Educación de la Universidad de Educación, que demuestran la gravedad de sus intenciones y con la complacencia de algunos docentes, lo que es aún más grave.

Quisiéramos primero, aclarar que la Facultad de Educación es un ente formador de profesores, que tiene como prioridad fundamental entregar al alumno(a) una formación disciplinaria (especialidad), académica, intelectual y moral, de valores de solidaridad, de tolerancia, respeto y especialmente de servicio público, en la formación de las nuevas generaciones de chilenos y chilenas. En breve síntesis, es lo que significa la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción.

Por tanto, no es de su competencia directa el TPP-11, un tratado de libre comercio que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, en forma inconsulta, sin participación ciudadana y con probables restricciones a nuestra autonomía como país. Tampoco no es de su competencia directa, el legítimo derecho que tienen los pueblos originarios a reivindicar sus derechos sobre tierras y bosques. Cuestiones que tienen que ser discutidas y analizadas en los lugares que corresponden: Ministerios de Hacienda, de Economía, de Agricultura, de Bienes Nacionales y Parlamento.  

Aquellos son, a nuestro juicio los lugares indicados. Lo que no niega la posibilidad de tratar estos temas en foros, simposios, seminarios, conferencias etc., sin violentar a nadie, sin impedir realizar los trabajos académicos, propios de una Universidad, especialmente a trabajadores que mejoran sus salarios, especialmente con horas extraordinarias que hoy no pueden realizar por la insensatez de grupúsculos irracionales, cuyas tomas violentas -no hay tomas pacíficas- desvirtúan demandas que siendo legítimas, se pierden en estas acciones anárquicas, grupos que se esconden en el anonimato y se niegan a dialogar y hacen exigencias que no son de la incumbencia de una facultad que en el presente está cautiva.        

Al violar nuestros espacios de trabajo, el derecho que nos asiste, está claramente señalado en el artículo 19 de la Constitución de la República. En su inciso 4° expresa claramente: “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia”. En este sentido no se nos  ha respetado en nuestra vida pública, en nuestro trabajo diario. Nuestros lugares y elementos de trabajo yacen cautivos. Esperamos la pronta intervención de nuestras autoridades universitarias, sanciones ejemplares, reconociendo que hay un estado de derecho, más allá de la autonomía universitaria, que tiene que funcionar y castigar los delitos que se cometen en un recinto universitario con todo el rigor de la ley, y que debe ser pareja para todos los ciudadanos.

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