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La codicia, un pecado capital

Con el propósito de escribir algunas reflexiones  acerca de un tema que me interesa   (y  que, en verdad, debiera preocupar a todos los chilenos) me propuse indagar acerca del verdadero alcance del término “codicia”, el que es frecuentemente asimilado y tenido por sinónimo del concepto de “avaricia”.

El Diccionario de la Real Académica   es, a este respecto, muy escueto: “Codicia: Afán excesivo de riquezas”. Otros diccionarios se refieren a la “codicia” como “el deseo vehemente de poseer muchas cosas especialmente riquezas” ejemplificando: “Los voraces fariseos no poseen más moral que la de la codicia, las constructoras acechaban con codicia esos terrenos”  o “la codicia de los grandes empresarios ha provocado la destrucción del medio ambiente”. La Iglesia Católica registra a la avaricia o la codicia como uno de los 7 pecados capitales, aunque jamás se ha escuchado a un sacerdote o a un obispo predicar acerca del tema con la fuerza con que se abordan las conductas sexuales.

De lo dicho se desprende que “codicioso” es aquel que busca acaparar más de lo que necesita”. Para el neoliberalismo, el afán de lucro, pariente cercano de la codicia, es el motor de la economía y así,  Milton Friedman, uno de sus gurús, ha proclamado, con todo desparpajo, que el fin de la empresa es “maximizar las utilidades para sus propietarios”. Por tal razón, en los casos en que no opera una libre competencia limpia (que,  según  expresó el Presidente Piñera,  garantiza precios menores y mejor calidad en beneficio de  los compradores) nuestros sobreideologizados empresarios recurren a la colusión y a  tretas por el estilo para lograr esa maximización.

Todo esto ¿a propósito de qué?

Muy simple.

Algunos “fondos de inversión”, tras los cuales se enmascaran los conocidos de siempre, están adquiriendo terrenos a orillas de mar, de lagos,  de ríos,  a pequeños y modestos propietarios para proceder luego a lotearlos con pingües ganancias. Numerosos avisos ofrecen los sitios resultantes “con derecho a playa privada” lo que naturalmente constituye una estafa.

Las inmobiliarias, sustentadas por poderosos grupos financieros, han persistido en conductas que, haciendo uso y abuso de resquicios legales, buscan imponer su voluntad sobrepasando la normativa legal vigente, sin respeto alguno por  el bien común, ante el silencio cómplice de sus gremios que luego, en el momento en que son denunciados y cuestionados alzan la voz para reclamar “certezas jurídicas” indispensables como para que “los privados” puedan realizar buenas inversiones.

En el último tiempo, se ha conocido una larga serie de situaciones anómalas  o derechamente ilegales que están destinadas a dañar de manera irreversible el uso del suelo en directo perjuicio de la comunidad en general. Según algunos, muchas de estas conductas rayan en la inmoralidad. Es de público conocimiento que varios de estos autodenominados “desarrolladores inmobiliarios”, con su equipo de asesores,  han alterado las dimensiones de los predios para poder elevar los estándares de constructividad, han eludido con argucias  la obligación legal de realizar “Estudios de Impacto Ambiental”  y los han reemplazado por las irrelevantes “Declaraciones de Impacto Ambiental”, además de muchos otros procederes non sanctos.

La agenda de esta semana la ha ocupado la Universidad de Chile. Todos sus estamentos institucionales desde la Rectoría, Facultad de Derecho, Asociaciones de Funcionarios, Federación de Estudiantes, Centro de Alumnos, etc.,  han interpuesto una demanda requiriendo la nulidad de Derecho Público de diversas actuaciones administrativas de la Municipalidad de Recoleta adoptadas bajo la alcaldía de Gonzalo Cornejo y dadas a conocer públicamente  por el actual edil Daniel Jadue.

La empresa “Desarrollo Inmobiliario Bellavista”, ligada al grupo económico propietario de la Universidad San Sebastián, adquirió dos predios en la referida comuna en el sector aledaño a la emblemática Escuela de Derecho dela Universidad de Chile. Procedió a unificarlos en un solo paño y logró en 2010 (administración Cornejo) los permisos municipales correspondientes para levantar cuatro torres, una de ocho pisos destinada a ser sede universitaria y tres con destino habitacional. Tales autorizaciones fueron otorgadas sin que los solicitantes respetaran los límites de altura (19 pisos pese a un máximo permitido de 9), con transgresión de normas urbanísticas, ambientales, viales y de conservación patrimonial. La guinda de la torta la constituye el amplio estacionamiento cuyo acceso se ubicó en medio de una vereda que es un bien nacional de uso público. El Director de Obras Municipales de la época, Carlos Reyes, que otorgó los permisos, fue condenado en 2013 por delitos de cohecho y falsificación en una decena de casos, uno de los cuales se refiere a este proyecto.

Las iniciativas que se proponen rellenar humedales en diversos lugares del país, la edificación de torres habitacionales en el Campo Dunar Punta de Concón (que enfrenta la tenaz oposición de la Fundación Yarur Bascuñán), la pretendida urbanización de parte del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpen, la apropiación ilegal de playas de mar en beneficio privado, constituyen los síntomas de una sociedad que, enferma de codicia, no titubea en hipotecar su futuro destruyendo la  naturaleza.

Para ello se  cuenta con funcionarios solícitos que se prestan para amparar estas “obras de progreso”.

Honi soit qui mal y pense”  dice un viejo refrán francés. En español, “maldito sea aquel  que piense mal”.

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