¿A dónde va el dinero?

El Estado, como órgano político esencial de toda sociedad, necesita recursos para el financiamiento de las actividades que realiza. Un rápido vistazo a la realidad nacional nos indica que año tras año es imprescindible cubrir los gastos que implican la educación, la salud, el orden y la seguridad públicos (policía), la defensa nacional, la administración de justicia, la seguridad social, por mencionar algunos de los rubros más significativos.

Estos recursos se obtienen, por supuesto, a través de impuestos o de ingresos que provienen de la actividad de importantes empresas fiscales como es el caso de Codelco.

En comentarios anteriores hemos dicho que a nadie le gusta pagar impuestos. De ahí que las grandes fortunas esgriman permanentemente el argumento de que los tributos no son otra cosa que un “robo legalizado” y que si estos disminuyeran, sus dueños podrían aportar más fuertemente al crecimiento económico del país. Se critica el malgasto que hacen los servicios públicos hasta llegar al extremo risible de un parlamentario que, al ser descubierto como deudor impenitente de un crédito universitario, arguyó en su defensa que él no pagaba porque no sabía a dónde iría a parar su plata.

Los eventuales contribuyentes usan todo tipo de armas, lícitas o ilícitas, legales o ilegales, para no cumplir con sus obligaciones tributarias, las que van desde instalar sus negocios o actividades en “paraísos fiscales”, eludir mediante hábiles triquiñuelas elaboradas por expertos “abogados” o “ingenieros tributaristas”, evadir delictivamente registrando facturas falsas como “gesto necesario para producir la renta”, etc.,  hasta la conducta de menor cuantía de la modesta comerciante de barrio  que no extiende la boleta de compraventa correspondiente.

El problema del malgasto de los recursos públicos es un tema tremendamente importante y que, en su oportunidad, procuraremos analizar en detalle. La tarea de hoy, va por un camino distinto: enfocarnos en señalar los casos de sectores que, estando obligados por ley a pagar determinados impuestos, simplemente no lo hacen.

La tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Chile, actualmente de un 19%, es de aplicación general, ya que afecta a todos los ítems de la economía, entre ellos el pan, los medicamentos, los libros. Luego de un largo período en que, más por temor que por convicción, su cumplimiento era bastante alto, hoy la evasión correspondiente se ha ido elevando paulatinamente. Se ha señalado que dentro del total de operaciones, un quinto (más exactamente un 21,29%) evaden el tributo, lo que implica, por supuesto, una acción de competencia desleal que afecta a quienes cumplen cabalmente su obligación legal. De esta forma, el Fisco deja de percibir cada año 6.290 millones de dólares. Una disminución de un solo punto de esta cifra de evasión, permitiría al Fisco recaudar sobre 550 millones de dólares más otros 500 millones por impuesto a la renta.

Otro punto. Las Contribuciones de Bienes Raíces (CBR) o Impuesto Territorial constituyen el principal rubro de financiamiento de los Municipios, organismos locales que en su gran mayoría viven en permanentes angustias económicas ya que, además de ser sostenedores de la educación y la salud a nivel comunal deben asumir permanentemente nuevas obligaciones que les son impuestas por ley sin que les sean otorgados los recursos adicionales correspondientes. Las comunas de más altos niveles de ingresos, como Providencia, Santiago, Vitacura, Las Condes, deben aportar un porcentaje de estos al llamado Fondo Común Municipal, a partir del cual se produce una redistribución en favor de las comunas más pobres del país. Sin embargo, tal como lo denunció un reportaje de “Informe Especial” de TVN, en las comunas del sector oriente de la capital hay un elevado número de inmuebles que, aprovechando vacíos, indefiniciones o errores conceptuales de la ley, simplemente no pagan CBR. El problema no es menor. En Providencia, 8.607 inmuebles no tributan; en Santiago, 103.471; en Vitacura, 148; en Las Condes, 7800. Según declaró el Director Nacional del Servicio de Impuestos internos, apremiado por el aludido reportaje, “es materialmente imposible” que el organismo fiscalice esa realidad lo que en la práctica significa dar luz verde a la evasión mediante un mensaje inaceptable: “pague, si quiere; nosotros no tenemos capacidad institucional de darnos cuenta”.

El SII está claramente al debe frente al país. A sus ambiguas y reprochables actitudes frente a los fraudes tributarios derivados de las llamadas “platas políticas” en que, de hecho, impidió la persecución de los delitos al negarse a interponer las querellas criminales pertinentes, se suma ahora este proceder negligente que genera indignación entre los contribuyentes honestos.

Alguien, alguna vez, dijo: “En este país, solo los tontos pagan impuestos”. No es tan así, por supuesto, pero nos encontramos frente a un claro problema de “moral social” que no podemos seguir ocultando. El germen de la corrupción se está sembrando en terreno fértil.