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ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS.

Maroto

Desde Canadá.

Una acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama, todos integrantes de la Segunda Sala Penal de este tribunal, ha sido presentada en el congreso por diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio.

La citada acusación argumenta que al otorgar el beneficio de libertad condicional a siete reos del penal de Punta de Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad se habría contravenido lo establecido en acuerdos internacionales existentes en esta materia (Estatuto de Roma, Convención Americana de Derechos Humanos y Reglamentos de la Corte Penal Internacional) y en consecuencia se habría incurrido en un notable abandono de deberes.

Como era esperable, la presentación de la mencionada acusación ha generado gran revuelo.

La Corte Suprema ha salido en defensa de sus ministros argumentando un atentado contra la independencia del poder judicial y una intromisión en la facultad privativa de los tribunales de ejercer funciones judiciales. El Gobierno ha solidarizado con la Corte Suprema, advirtiendo que la acusación en cuestión compromete gravemente el estado de derecho y el funcionamiento de la institucionalidad democrática. Los partidos integrantes de Chile Vamos e incluso algunos de la oposición han manifestado su desacuerdo con la presentación argumentando que no existen fundamentos para sostener una acusación de esta naturaleza. Destacados abogados, incluyendo algunos reconocidos defensores de los derechos humanos, y algunas ex-autoridades de gobiernos anteriores han levantado la voz cuestionando el mecanismo y los fundamentos utilizados en contra de los ministros de la Corte Suprema.

Quienes defienden la presentación de esta acusación, no sólo esgrimen fundamentos legales (como el haber actuado contraviniendo los acuerdos internacionales antes mencionados suscritos por el estado de Chile), sino también criterios éticos y morales, ya que estas sentencias de la sala penal implicarían una forma de grave impunidad encubierta, que comprometería la eficacia real del castigo al que habían sido condenados los siete reos de Punta de Peuco, castigo que además de su tardanza, adolecía de una falta de proporcionalidad en relación a la gravedad de los delitos de lesa humanidad cometidos.

La acusación constitucional es un mecanismo reconocido en nuestro ordenamiento, cuyo objetivo es perseguir responsabilidades derivadas de actuaciones de nuestras autoridades (del poder ejecutivo y judicial) que potencialmente puedan haber infringido la constitución política de Chile.  La acusación constitucional en Chile es además, en esencia, un mecanismo de naturaleza dual o mixta, es decir un instrumento que responde a fundamentos de orden jurídico y político a la vez.

En este contexto, los diputados en cuestión están en su pleno derecho de plantear una acusación constitucional contra quienes, ellos estiman, podrían con su actuar haber incumplido los deberes que por sus investiduras les corresponden. Al hacerlo, no comprometen ni la institucionalidad de nuestra democracia, ni el estado de derecho; sólo ejercen una prerrogativa que la constitución ha establecido como sano mecanismo de control y cuyo ejercicio les corresponde. Cuestión distinta es si la acusación en comento cumple con los estándares políticos y requisitos jurídicos que un instrumento de esta naturaleza requiere para su aceptación.

Desde un punto de vista político, el análisis de esta acusación no puede prescindir del contexto. La acusación responde en gran medida a una frustrada necesidad de justicia. Años de negaciones, postergaciones y tardanzas; castigos que cuando finalmente llegaron resultaron claramente no proporcionales a los crímenes cometidos; hijos, padres y abuelos no encontrados; frustraciones y tristezas acumuladas. Una sensación de impunidad que, si bien se ha visto en parte aplacada por el actuar del poder judicial en los últimos años, no desaparece del todo; y este sentimiento de abandono se enfrenta de golpe con siete sentencias que renuevan el dolor de las víctimas, sus familias y la sociedad. Sin embargo, es este mismo contexto el que nos ayuda a constatar que, con mayor lentitud de lo que hubiésemos querido y después de un largo periodo de denegación de justicia, el poder judicial ha mostrado, en los últimos años, avances importantes en materia de derechos humanos; y en particular, los ministros objeto de esta acusación han jugado un rol importante en los cambios de criterio que han permitido que el poder judicial haya comenzado a administrar justicia en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Parece entonces que, desde el punto de vista político, el legítimo reclamo en contra de la impunidad apunta en este caso, equivocadamente, a tres ministros que la historia reciente demuestra han contribuido a traer algo de justicia en estos temas.

Desde un punto de vista jurídico, la acusación plantea la eventual existencia de un notable abandono de deberes por parte de los tres ministros acusados. Según Silva Bascuñán, el abandono de deberes se produce cuando “existen circunstancias de suma gravedad  que demuestran, por actos u omisiones, la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo, los deberes inherentes a la función publica ejercida”. Se ha señalado también que el abandono de deberes debiera entenderse como “faltar en forma grave, reiterada y relevante a las obligaciones y deberes, adjetivos o formales, o sustantivos o de fondo, inherentes a las altas funciones publicas que la Constitución y las leyes han asignado a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia”. Los fallos en cuestión, que otorgan el beneficio de la libertad condicional a siete reos condenados por delitos de lesa humanidad, parecen débiles en su fundamentación y en algunos aspectos incluso contradictorios con lo que esta misma sala penal ha determinado en casos anteriores. Adicionalmente, la no realización del control de convencionalidad ex officio, es decir la falta de atención a lo establecido en acuerdos internacionales, contradice lo que este mismo tribunal ha planteado en fallos emitidos con anterioridad referidos a situaciones similares, en los que los ministros cuestionados optaron por la aplicación del derecho internacional, incluso contra el derecho interno.  Sin embargo, si bien lo planteado puede justificar un legítimo análisis crítico sobre lo fallado, parece no suficiente para poder afirmar que los ministros sujetos de esta acusación han caído en un notable abandono de deberes.

En los próximos días la Cámara de Diputados continuará, a través de una comisión especial, la revisión de la acusación para estimar su procedencia. Posteriormente, y de estimarse procedente, corresponderá al Senado pronunciarse sobre el fondo del asunto, declarando la culpabilidad o inocencia de el o los acusados.

Las consideraciones políticas y jurídicas antes expuestas parecen indicar que el recurso de la acusación constitucional no es el mejor camino para reclamar contra los fallos que otorgaron el beneficio de libertad condicional a reos condenados por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, lo anterior no debiera ser el fin del camino.

La discusión generada con motivo de estos fallos debiera ayudar a fomentar el debate legislativo en torno a la necesidad de profundizar la legislación existente relativa al otorgamiento del beneficio de libertad condicional. Es urgente que nuestro ordenamiento reconozca la diferencia en el otorgamiento de este beneficio a reos por delitos comunes y aquellos por delitos de lesa humanidad, estableciendo requerimientos significativamente mas exigentes para quienes han sido condenados por crímenes que atentan contra los derechos humanos.

Finalmente, y sin perjuicio del resultado de la acusación constitucional en comento, parece necesario explorar la posibilidad de avanzar en una reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que sea este organismo el que revise los fallos cuestionados y se pronuncie acerca de si estos se han ajustado a las obligaciones internacionales del Estado de Chile. Este mecanismo permitiría resolver una potencial situación de impunidad, refiriéndose de esta forma al fondo del asunto, sin centrar su atención, sólo en el actuar de tres ministros de la Corte Suprema.

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