Lo mínimo que pueden esperar los gobiernos cuando no cumplen las promesas... es el rechazo de la ciudadanía!
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Agua que no has de beber ¿Déjala correr?

Generalmente en la vida social, se presentan hechos profundamente negativos pero que, como en la mítica historia del dios Jano, tienen otra cara que termina aportando elementos positivos. Tal fue, por ejemplo, el histórico caso del gerente del grupo financiero Penta Hugo Bravo, quien, ante la negativa de los dueños del billete, Carlos Délano y Carlos Lavín, a pagarle una indemnización, optó por hacer públicos los entretelones de uno de los mayores escándalos (con el permiso de SQM) de financiamiento ilegal de la política.

Ahora, 235.000 habitantes de la provincia de Osorno debieron padecer la carencia de agua para el abastecimiento domiciliario durante once días. Si esto hubiese afectado a comunas como Providencia, Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea, el escándalo habría sido mayúsculo pero, como siempre sucede, la prensa tradicional deslavó los hechos y rápidamente los retiró del primer plano.

Lo sucedido, con todo lo trágico que pudo ser para las personas, abrió las puertas para un debate indispensable pero que todos, de uno y otro lado, han evadido durante casi cuarenta años.

Construir un razonamiento básico en esta materia, debe partir por afirmar y dar por establecidos ciertos hechos y principios básicos.

1.- El agua es un bien escaso. Un alto número de cientistas políticos y de mujeres y hombres de ciencia, han estado contestes en preanunciar que los grandes conflictos que enfrentará la humanidad durante el presente siglo XXI no serán ya por el petróleo sino por el afán de controlar el recurso-agua. A lo dicho se suma el antecedente indiscutido de que el calentamiento global afectará a las grandes masas situadas en ambos polos y en los glaciares.

2.- En Chile, el manejo de este bien escaso está regulado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122 de 13 de agosto de 1981. Con la firma de tres generales (el Capitán General;  más los ministros Rolando Ramos de Economía y Patricio Torres, de Obras Públicas) y dos civiles (Mónica Madariaga,  de Justicia, y Luis Figueroa, de Agricultura) se estableció categóricamente que “las aguas son bienes nacionales de uso público” (art.5°)  es decir se decidió priorizar el interés general de la nación toda.

Sin embargo, acto seguido se dispuso que se otorgará “a los particulares” (al “sector privado”, diríamos hoy) el “derecho de aprovechamiento” que es un derecho real, que es de dominio de su titular quien  podrá “usar, gozar y disponer de él”. Como se ha señalado repetidamente, se generó así “un mercado del agua” independiente de la propiedad del suelo y no sujeto a obligaciones ni a razones.

3.- Bajo los Gobiernos de la Concertación se constituyeron diversas empresas sanitarias al alero de CORFO, las que luego fueron privatizadas, adquirieron la calidad de “concesionarias” y que, por supuesto contaban en su patrimonio con las referidos “derechos de aprovechamiento”.

4.- El clamor popular hoy, va dirigido a que se ponga término a la concesión que tiene ESSAL (filial osornina de Aguas Andina), para lo cual el Presidente, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, deberá “considerar” la “gravedad” de los hechos y su “reiteración”.

5.- Y aquí se nos presentan algunas preguntas que invitan a reflexionar. Una vez caducada la concesión a la sanitaria, la empresa vuelve a manos del Estado lo que suena muy bonito y popular.  Pero, ¿Está el Estado en condiciones de  asumir está gestión? ¿A través de qué organismo? ¿Dispone el Estado de recursos para invertir en ESSAL? ¿Qué seguridad tenemos en cuanto a que el Estado pueda realizar una buena gestión? ¿Cuánto tardará la aprobación de una ley sobre el tema, más aún si se considera que un Gobierno de derecha, por su propia naturaleza, no tiene interés alguno en asumir esta responsabilidad?

En nuestra opinión, el camino va por otro lado.

Actualmente, se discute en el Parlamento una nueva legislación sobre las aguas.

Aunque al gran empresariado chileno le cause urticaria, una determinación legal que establezca que las aguas son “bienes nacionales de uso público”, categóricamente, sin letra chica de por medio, es un buen punto de partida. La eliminación de derechos de aprovechamiento “a perpetuidad”, la sujeción de los derechos a su uso efectivo y racionalmente fundado, la absoluta priorización del consumo humano en el uso del elemento, entre otras medidas, constituyen una rayado de cancha efectivo.

A partir de ahí, debería institucionalizarse un “ente público”, integrado por representantes técnicos nominados por el Ejecutivo, el Parlamento, la Contraloría (¿?), los municipios y  la sociedad civil que, operando a través de una “secretaría ejecutiva” (que podría ser la actual Superintendencia de Servicios Sanitarios debidamente reformada), defina objetivos de desarrollo del servicio con ejecución debidamente programada, que fiscalice y que, en su caso, sancione en forma ejemplar.

Este ente autónomo debería responder a políticas de Estado de carácter permanente, alejadas de toda injerencia política, trascendiendo la temporalidad de los Gobiernos.

Nos parece que va siendo hora de que el país busque una nueva forma de encarar la prestación de servicios básicos que son indispensables para la población, dejando atrás las gastadas e ineficientes fórmulas del estatismo y explorando nuevas fórmulas que realmente impliquen una modernización real.

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