Cada día puede ser peor

La semana que recién terminó constituye una de los ejemplos más destacados de lo que constituye el desgobierno.

Cuando resta a lo más un año de lo que puede preverse como de “gestión efectiva” del actual mandato presidencial, la ciudadanía observa atónita el acontecer sin lograr comprender qué es lo que está pasando.

Resulta en verdad incomprensible ver cómo casi dos docenas de altos personeros públicos, de golpe, de la noche a la mañana, hacen abandono de sus funciones y de sus responsabilidades para correr sus propias aventuras personales sin mostrar un mínimo de lealtad ni con el presidente que los designó ni menos con la población a la cual se comprometieron a servir. Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Seremis, Cores, dejan sus cargos sumando más fermento a una crisis             que sin duda se ha hecho generalizada y que pareciera estar  fuera de control.

El presidente Piñera asistió el lunes al Encuentro Nacional de la Empresa buscando resucitar la adhesión de un sector de la sociedad integrado por los grupos dominantes del país sin lograr conmover a los más destacados personeros de la economía chilena ahí presentes.

Por el contrario, a las pocas horas tanto el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, como el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín, se hicieron presentes en los medios de comunicación para criticar abiertamente la “falta de conducción política del Ejecutivo”. A ambos les parece increíble que luego de un par de meses de ácidas discusiones en torno al proyecto que autoriza un segundo retiro de un 10% desde los fondos de los afiliados en las cuestionadas AFPs, el Gobierno no haya tenido el coraje de expresar su rechazo a la iniciativa alimentando un quiebre en las filas de la coalición que lo sustenta, que haya titubeado con la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y a la hora nona haya presentado un proyecto alternativo mostrándose, en palabras de Sutil, como un Ejecutivo que actúa más bien de forma reactiva que activa, con absoluta carencia de iniciativa en el terreno de una política pública que es tremendamente importante y urgente para un gran sector de la población.

Un hecho muy grave marcó los días siguientes.

El miércoles 18, en un hogar de menores de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinoza, en Talcahuano, un adolescente sufrió una fuerte descompensación que lo llevó a tener conductas agresivas con amenazas y destrucción de equipos. Para enfrentar la delicada situación en que los funcionarios estaban siendo sobrepasados por los hechos, se requirió por parte de estos el apoyo de personal de Salud y de Carabineros. La policía llegó al establecimiento e hizo uso de sus armas de fuego hiriendo a dos menores con sus disparos. Lo sucedido escaló hasta la capital provocando la dimisión del general-director Mario Rozas en cuyo reemplazo fue nominado Ricardo Yáñez. Tras 22 meses en el cargo, persistentemente cuestionado por el actuar de la policía uniformada frente a manifestaciones sociales con indubitados atropellos a los derechos humanos y, enfrentado ya a una treintena de querellas, Rozas, por propia decisión, dimite. El Presidente le expresa su gratitud y admiración.

Los hechos hablan por sí solos. La fuerza policial, enfrentada a una situación de conflicto generada por un grupo de menores no encuentra otro medio que recurrir a los balazos. Ninguno de los pasos alternativos se cumple y eso es claramente injustificable. Se trata en el caso de una residencia para niños y adolescentes con problemas de abandono, familiares, sociales, psíquicos y de adaptación cuyo cuidado ha sido confiado al sistema de protección de menores que en último término es de responsabilidad del Estado. La directora del Sename, Rosario Martínez, ha dicho: “Estamos hablando de niños que son altamente vulnerados en su historia de vida, son menores de edad… por tanto, en el fondo nunca el procedimiento debe ser escalando la violencia”. Por su parte, el ministro de Interior Rodrigo Delgado, al visitar a las víctimas en el hospital declaró “Me encontré con dos jóvenes muy valiosos, llenos de sueños” (El Mercurio 20.11.2020)

A un gobierno como el actual, perplejo y desorientado, le llegó la hora de despabilarse y de asumir con extrema urgencia dos tareas vitales:

1.- Abordar la reforma profunda del Cuerpo de Carabineros concretando legalmente todas las medidas indispensables para que la policía alcance los estándares de procedimiento y acción propios de una sociedad democrática. Esta reforma no puede llevarse a cabo desde adentro de la institución sino desde la sociedad civil de tal forma que responda a una política de Estado.

2.- Abordar de inmediato la reforma al régimen de protección de menores aprobado por ley de la República. El eslogan de campaña de “los niños primero” ya se lo llevó el viento y llegó la hora de la acción para lo cual debe convocarse a todos los actores comprometiendo no solo al Estado sino a la comunidad entera en un esfuerzo nacional ineludible e impostergable.

Lo dicho exige un cambio cultural que cree debida conciencia sobre lo que está pasando.

Una partícipe de las “redes sociales” que se hace llamar Karen Köetje, ha escrito: “1 turba agrede a Carabineros. Fractura de clavícula y heridas cortopunzantes. Se defienden y le dan a 2 malandras de 16 y 17 años en las piernas. Saltó la Defensora x sus niños psicópatas…Jamás hay presunción de inocencia para @carabdechile, los defiendo y punto” (Diario Concepción 20.11.2020). Sobran los comentarios.