CAIGA QUIEN CAIGA

Especial para La Ventana Ciudadana
Desde Madrid, España.

Soy un convencido de que la presunción de inocencia es el principio elemental de las actuaciones de la justicia. Es más que evidente que todos somos iguales ante la ley, por lo tanto, la vara de la justicia debe medir a todos con la misma medida. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, todos somos inocentes.

Las pruebas son fundamentales para inclinar la balanza de los jueces hacia la culpabilidad o la inocencia. Si no hay pruebas, no hay delito. Es decir, el delito debe ser demostrado fehacientemente para que sea sancionado y sus responsables, condenados.

Esta introducción, convertida en declaración de principios, se debe a lo que está quedando al descubierto por gestión del Ministerio Público, que está investigando a fondo las adjudicaciones que ha conseguido la empresa de luces LED Itelecom en nuestro país, por un valor de aproximadamente 34 mil millones de pesos. De esta cantidad, más de 26 mil millones de pesos corresponden a licitaciones ganadas en una veintena de municipios.

Los municipios más comprometidos en el comienzo del proceso investigativo, son los de Iquique y Chillán, con unas 15 personas formalizadas. Pero esta investigación sigue en pie, analizándose con lupa lo ocurrido en las municipalidades de Las Condes, San Miguel, Puerto Natales, Nueva Imperial, Putaendo, Aysén, Curanilahue, Tiltil y San Joaquín, que figuran en el Mercado Público con adjudicaciones a la misma empresa. También aparecen contratos millonarios con la Subsecretaría de Energía y el Gobierno Regional de Aysén.

Este proceso investigativo, que arranca a mediados del 2017, nos trae un nuevo caso de corrupción. Y lo digo con todas sus letras porque, si el Ministerio Público lleva tres años en el tema, es porque ha encontrado las hebras necesarias para abrir un proceso judicial en toda regla.

No es tolerable que sigamos con estas prácticas que nos desprestigian a nivel mundial y nos ofende como sociedad digna. No es posible soportar estas actuaciones de personas electas por voluntad popular y democrática, así como por funcionarios que alcanzan altos niveles de decisión, porque significan engaño, burla y menosprecio al conjunto de la sociedad.

El estallido social que vivió Chile en octubre del año pasado se fundamentó, además de las inequidades e injusticias, justamente en las prácticas corruptas y abusos de personajes de la política y la administración. Y no queremos seguir en esa línea de descomposición social, en el marco de un sistema caduco e inoperante.

Particularmente, me duele Chillán. Trabajé más de ocho años en la Municipalidad y conocí muy de cerca la gestión del actual equipo de Gobierno. Y les digo sinceramente que aún no salgo de la desagradable sorpresa. Me consta la rectitud, la profesionalidad y la entrega de la gran mayoría de los funcionarios y trabajadores de aquella Municipalidad. Por lo mismo, exijo a sus autoridades a que procedan con firmeza en este caso y adopten las medidas correspondientes para que nunca más se vuelva a producir una situación similar. Chillán y sus ciudadanos no se merecen tales prácticas. ¡Caiga quien caiga!