
CAPITÁN PLANETA Y EL TEATRO DEL ABSURDO
El teatro del absurdo surge en 1940 al alero de dramaturgos de Europa y Estados Unidos. Se caracteriza por la incoherencia, el disparate y lo ilógico de las tramas presentadas al espectador; sus obras resaltan la incongruencia entre los pensamientos planteados y los actos que los arropan y la incoherencia entre la ideología exteriorizada y las acciones que la acompañan.
Algunos hechos de esta última semana, parecen ser parte de la trama de una obra del teatro del absurdo.
“Esta es la batalla de nuestras vidas”; “esta lucha es la lucha por la sobrevivencia”; “tienen razón, es tiempo de actuar”; “el cambio climático y el calentamiento global son una gran amenaza para los derechos humanos”; “no es un problema de creencias, política o ideología, es un problema de ciencia. La ciencia ha hablado fuerte y claro en que nos queda menos de una década para cambiar el curso de la historia y la forma en que tratamos nuestro planeta. Sabemos demasiado para seguir siendo escépticos”; “está en riesgo la sobrevivencia del ser humano en el planeta”.
Las declaraciones anteriores, todas emitidas la semana del 23 de septiembre del 2019 en el marco de la reunión de Naciones Unidas realizada en Nueva York, parecen corresponder a las expresiones de un activista ambiental, consciente de la grave crisis que nos afecta, conocedor de los inminentes peligros que el cambio climático representa para la humanidad y nuestro planeta, y comprometido con la idea de actuar con urgencia y decisión para evitar lo que parece inevitable.
Las declaraciones antes mencionadas podrían fácilmente ser atribuidas a Greta Thunberg.
Pero no, aunque parezca sorprendente, estas declaraciones corresponden a Sebastián Piñera. Sí, a nuestro presidente, quien inesperadamente parece haber entendido la gravedad del desafío que la humanidad enfrenta y comprendido la importancia y urgencia de pasar de las palabras a la acción.
Si bien, desde el retorno de la democracia en Chile, se han logrado avances importantes, ningún gobierno ni gobernante se ha caracterizado por colocar, más allá de las palabras, el tema medio ambiental al centro de sus programas de gobierno y, por ende, como eje prioritario de sus agendas política y legislativa.
Los gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei y Lagos, generaron las primeras expectativas al instalar el desarrollo sustentable como un objetivo general explícito de sus políticas de gobierno. La creación de una primera institucionalidad ambiental, que incluyó el establecimiento por vía administrativa de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la creación de la Comisión Especial para la Descontaminación de Santiago, la promulgación de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y la formulación de una Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, constituyeron avances importantes. Sin embargo, la falta de voluntad política real permitió que en reiteradas oportunidades la naciente función de protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales se viera sobrepasada por la contingencia política y las urgencias económicas de corto plazo. Lo anterior dejó en evidencia la falta de consciencia y preocupación medio ambiental de largo plazo por parte de estos gobiernos, siendo la mayoría de sus acciones, respuestas a problemas puntuales más que esfuerzos serios por atender los problemas estructurales que impiden una efectiva gestión ambiental de nuestro territorio.
A diferencia de las administraciones antes mencionadas, durante los gobiernos de la presidenta Bachelet, es posible observar una mirada ambiental con mayor perspectiva de futuro; la creación, con imperfecciones, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente, el establecimiento de nuevas Áreas Marinas Protegidas, la recalificación y creación de nuevas Áreas Protegidas Publicas Terrestres, la formulación del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, la aprobación de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, la ley para los Servicios Sanitarios Rurales, la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en las comunas del borde costero y la inclusión de un impuesto verde en el marco de la Reforma Tributaria, constituyen significativos avances en la política ambiental del país. Sin embargo, la existencia de tensiones políticas internas, la falta de voluntad y compromiso político de algunos sectores oficialistas y la ausencia de un liderazgo medioambiental claro y fuerte de parte de la presidenta, comprometieron seriamente la proyección y magnitud del legado ambiental de Bachelet y sus gobiernos.
Los gobiernos del presidente Sebastián Piñera no destacan particularmente por un gran compromiso en materia de protección y conservación ambiental. La implementación del MMA, el SEA y la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales, la aprobación de la ley que obliga a las empresas eléctricas a diversificar y limpiar la matriz incorporando 20% de energías renovables no convencionales al 2025, y la creación de nuevas Áreas Protegidas y Parques Marinos, constituyen sin duda progresos importantes. Sin embargo, estos progresos se ven opacados por significativos retrocesos, que dejan en evidencia una clara incongruencia en la concepción y el compromiso ambiental del actual gobierno. Las indicaciones a la Ley de Glaciares, tendientes a restringir su protección; la priorización de proyectos inmobiliarios por sobre la protección de humedales; la inefectividad del Plan de Descarbonización; la negativa a firmar el Tratado de Escazú; el intento de limitar las atribuciones de la Superintendencia de Medio Ambiente a través del proyecto de Ley de Delitos Ambientales; el respaldo al proyecto Minera Dominga; y la inacción frente a los altos índices de contaminación que afectan a las comunidades de Quintero y Puchuncaví; son sólo algunos ejemplos de la evidente incoherencia en el mensaje de conservación y protección ambiental de la administración actual.
El presidente Piñera ha sido premiado con el Global Citizen Award, premio entregado por el Atlantic Council a quienes han demostrado una “ejemplar contribución a la comunidad global y liderazgo innovador en la lucha contra el cambio climático”. Más allá de las legítimas preguntas que pueden surgir acerca de la coherencia en la entrega de un premio de esta naturaleza a quien ciertamente no es un líder en la lucha contra el cambio climático, cabe esperar que nuestro presidente reciba este reconocimiento con la humildad de quien sabe no merecerlo y se sienta motivado a hacer una profunda reflexión acerca de las oportunidades que su gobierno tiene para, en los dos años que aún le restan a su administración, hacer una contribución real y efectiva en la lucha para atender la crisis ambiental que la humanidad enfrenta.
La verdadera urgencia y gravedad de esta crisis ambiental merecen ser tratadas con honestidad, transparencia y altura de miras y, por cierto, con prescindencia de cualquier consideración a los puntos más o menos que una postura pro ambiental pudiera significar en las encuestas.
El presidente Sebastián Piñera y su gobierno están en deuda, incluso a la luz de los modestos compromisos ambientales manifestados en su plataforma electoral. La COP25 y los meses que aún le quedan a su administración, representan una oportunidad para demostrar que sus discursos ante organismos internacionales en Nueva York, significaban una verdadera toma de consciencia acerca de la gravedad de los impactos del cambio climático, y no sólo palabras motivadas por la adulación y los afanes electorales.
Porque, como bien señalara el presidente Piñera frente a la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, “sin azul no hay verde y sin verde no hay vida”.
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