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Uno de los males que enfrentan cada día las sociedades es sin duda la corrupción dentro de las instancias de gobierno. Es tan antigua como lo pueda recordar la historia, y no tiene “ideología” ni es moda, es una actitud ante lo público  (que es de todos) para manejarlo como si fuera lo propio, sin reparar en leyes ni posibles sanciones.

¿En qué consiste la corrupción?  Básicamente un funcionario de la administración pública, amparado en su posición, se apropia de dineros públicos o recibe de un tercero dinero o bienes a cambio de favores que puede otorgar por estar en las funciones de su cargo, autorizar la contratación de una obra, evitar el cumplimiento de normas legales, evadir impuestos, y la lista sería interminable.

Sin dejar por fuera que en nuestra América,  desde la colonia, la persecución del mítico el dorado, fue justificación para robos y saqueos; la cosa no mejoró durante ni después de la guerra de independencia, es así como El Libertador Simón Bolívar,  el 12 de enero de 1824 dicta en el Perú un decreto para atacar este delito,

“Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de diez pesos arriba queda sujeto a la pena capital”.

Y no se andaba con medias tintas para la sanción, nada menos que la pena de muerte por una cantidad que si bien podía ser importante en la época, no era de millones ni millardos.

Siempre se ha dado por descontado, que en los gobiernos dictatoriales el robo de los dineros públicos es casi un mandato, y si es por el anecdotario, valen dos mandatarios venezolanos, Antonio Guzmán Blanco quien le espetó al periodista opositor Juan Vicente González el mote de “comelibros” a lo que el culto y polémico escritor le respondió “comelibras” refiriéndose a los empréstitos en libras esterlinas que como presidente había obtenido del gobierno inglés y que aprovechó para acrecentar su fortuna; el segundo caso es la famosa maleta que dejó olvidada el general Marcos Pérez Jiménez el día de su caída el 23 de enero de 1958, contentiva de efectivo y valores por unos trescientos millones de bolívares, que representaba al cambio de la época unos 86 millones de dólares. Muchos años después el ex dictador justificaría el monto diciendo que había sido ganado honestamente y que la cifra perdida era mayor a los trescientos millones que recoge la historia, ¡alguien sabrá el monto real! Pero la palma se la lleva un general mexicano durante la revolución, el cual perdió un brazo en el campo de batalla y ante la preocupación de sus ayudantes por conseguir el miembro amputado les dijo con sorna, lancen una moneda al aire y seguro salta para agarrarla.

Anécdotas aparte, el problema de la corrupción actualmente es de gran preocupación, porque en un mundo globalizado, con infinitos mecanismos para la trasferencia de dinero, la presencia de organizaciones delictivas internacionales como los carteles de narcotráfico, y la presencia de los llamados ‘paraísos fiscales’, hacen que la apropiación indebida del tesoro público, tenga un menú muy variado para facilitar este delito.

Y no es característica exclusiva de las dictaduras, sino que las democracias, deben enfrentar a diario la tentación que obra por diferentes vías, desde el financiamiento negro de las campañas electorales, que puede significar para los donantes acceso privilegiado a los fondos públicos, o tener la capacidad de imponer lineamientos políticos o personas en cargos clave dentro de la estructura del estado.

Es por eso que las Organizaciones de las Naciones Unidas, y de Estados Americanos, han promovido entre sus prioridades la lucha contra la corrupción de todo tipo, ya que empobrece a los más débiles y daña las economías.

En los últimos tiempos el caso emblemático es el de la empresa brasileña Odebrecht, que amparada bajo el ala del ex presidente Luis Inacio “Lula” da Silva, tuvo la oportunidad de conseguir mediante el pago de sobornos contratos de infraestructura de todo tipo, en varios países de América Latina y en África: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela; la trama originada en Brasil incluye también a la estadal petrolera Petrobras, y la investigación indujo la salida de Dilma Rousseff del cargo como presidenta de Brasil, el enjuiciamiento del ex-presidente “Lula” da Silva, y una cantidad grande de funcionarios de sus gobiernos, pero eso era apenas la punta del iceberg, porque entre los involucrados también aparecen algunos parlamentarios que en su momento votaron a favor de la destitución de Rousseff, y hasta el nuevo presidente Michel Tener, está entre los posible implicados.

Las reacciones en otros países han ocurrido de diversa forma; en México las investigaciones han ido a paso lento, no así en Perú, donde la acusación combinada de compra de votos en el congreso y la relación con Odebrecht provocó la salida de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia de ese país. Las investigaciones siguen y no se sabe que deparará el futuro.

El bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, fue otra campanada multinacional. Cuando la filtración de una serie de documentos bautizados Panama Papers, puso en evidencia los manejos de personas naturales y jurídicas, que usando diversos mecanismos de ingeniería financiera, evadieron impuestos y controles en sus países de origen, tanto de América como en Europa, desde deportistas destacados hasta empresas relacionadas con políticos, como el presidente argentino Mauricio Macri, sobre el cual no ha habido consecuencias hasta los momentos.

El problema de la corrupción va más allá del enriquecimiento de unas cuantas personas, es un golpe bajo en la credibilidad de las instituciones, son más devastadoras que cualquier fenómeno natural o confrontación bélica, pone en entredicho la actividad política como promotor del bien común, y arroja un manto de duda sobre la honestidad de quienes se dedican al servicio público. Esto produce dos vertientes negativas, en primer lugar que personas con talento y que pudieran ser de gran utilidad para el desarrollo de sus países, eviten participar en política, pero el más nefasto es el segundo, que aventureros vean al estado como botín y se dediquen a la política para lucrar en desmedro de los ciudadanos; estoy seguro que más de un lector conoce personajes de los dos tipos.

Esta semana acabamos de presenciar la caída de un presidente de gobierno al otro lado del Atlántico, en España una  moción de censura promovida por el partido de oposición (PSOE) por primera vez en 40 años de democracia llega a término exitoso, y el señor Mariano Rajoy debe abandonar la primera magistratura; pero el detalle no está en la jugada política sino en las mutuas acusaciones y por lo visto con base, el partido de gobierno enfrenta un juicio por obtener dinero por vía ilegal  desde hace no menos de una década, con funcionarios del gobierno y dirigentes del partido como principales sospechosos, pero al igual que en Brasil, quien accede a la presidencia del gobierno tiene dentro de las filas de su partido gente que también está bajo investigación por otros casos de corrupción, es decir que al final los ciudadanos no tienen la certeza de quienes son los buenos de esta película.

No hay receta única para este flagelo, además de leyes con castigos ejemplarizantes se requiere que estas se apliquen, la transparencia en la gestión pública, debe dejar de ser mandato para convertirse en práctica cotidiana, los llamados paraísos fiscales deben adecuar sus controles para evitar la llegada de dinero ilícito y la sociedad debe ser el primer vigilante del uso de sus recursos, porque al final el dinero es de cada uno de los ciudadanos.

Fuente de figura:
 http://blogs.periodistadigital.com