El Neoliberalismo, ante tragedias medio ambientales, prefiere cerrar colegios y no las empresas que contaminan, en definitiva, el Neoliberalismo valora más al empresariado que los niños, los colegios y la ciudadanía… Y, nosotros qué hacemos?
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¿De quién es la culpa?

Equipo laventanaciudadana.cl

Periodismo ciudadano.

Las numerosas encuestas de opinión que circulan en el país, han entregado resultados bastante negativos tanto en relación con la evaluación personal del Presidente de la República como en cuanto al juicio que la ciudadanía tiene de su Gobierno. Sin embargo, en vez de ponderar adecuadamente los diversos problemas de gestión que le han sido señalados con insistencia por los propios adherentes a la coalición gobernante, se ha optado con inusitada tozudez por evadir las materias de fondo e insistir en un manejo comunicacional que, por supuesto, no logra tapar las promesas incumplidas.

 El mandatario (¿aconsejado por sus asesores o contra la opinión de sus asesores?) se ha dedicado en las últimas semanas a tomar parte en matinales de farándula y a hacerse presente en diversos programas radiales con la esperanza de revertir a través de las palabras una sensación de pesimismo generalizado que se sustenta en los hechos del día a día. Las dos bases más apreciadas de su programa: la conducción de la economía y las promesas de seguridad ciudadana, claramente siguen al debe al cabo de casi un tercio del período constitucional.

Con pleno conocimiento de que el tema de la delincuencia es altamente sensible para el grueso de la población, el Presidente optó por evadir responsabilidades propias del Ejecutivo y por achacarlas a otro poder del Estado. En un programa radial afirmó: “Muchas veces los jueces no aplican la ley. La principal labor de la justicia es proteger a los inocentes y el debido proceso a los responsables, pero muchas veces da la impresión de que algunos jueces no lo entienden así”. “Hay jueces que no están aplicando la ley, que fallan en forma equivocada, que dan un manto de impunidad a los delincuentes”.

La respuesta de la Corte Suprema, a través de su ministro-vocero, Lamberto Cisternas, fue categórica: “El mandatario tiene la atribución constitucional de informar al máximo tribunal si un magistrado infringe la ley, para que se proceda a su remoción. Entonces, hay un deber de la autoridad del Estado que no se está ejerciendo”. Por su lado, la ministra-vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, retrucó, con bastante falta de tino y prudencia: “¡Déjense de responsabilizar al resto de la pega que ustedes tienen que hacer!”.

El enfrentamiento entre dos poderes del Estado escaló rápidamente al incorporarse al debate la presidenta del Colegio de Abogados Leonor Etcheberry, quien declaró:  “No me gustan las acusaciones al voleo. Me parece que decir que los jueces no cumplen su trabajo, no debe ser, y menos viniendo de la primera autoridad del país”. “Como en todas las profesiones hay jueces que pueden cometer errores”. “Yo creo que no es efectivo que todos los delincuentes estén libres. Quisiera ver entonces por qué las cárceles están todas llenas”. ¿Qué pasaría si un ministro de la Corte Suprema o el  Presidente del máximo Tribunal dijera “todos los ministros (de Estado) lo hacen mal” “Me parece que hay que ser más responsables con las denuncias”. “Si quiere denunciar a ciertas personas tiene que hacerlo” “Hay que ser un poco más responsable con las denuncias y decir, por último, este no está cumpliendo con su deber”.

Como era de esperar, la Oposición terció en el problema a través del senador Felipe Harboe: “Las críticas de Piñera son injustas e imprudentes. Si él considera que hay jueces que no cumplen con la ley, tiene la facultad legal de representar ante la Corte Suprema con todos los antecedentes. Me da la impresión que lo que busca es un efecto comunicacional para enfrentar la baja en las encuestas y la mala evaluación en seguridad, pero no se puede usar un poder del Estado para mejorar en las encuestas; eso afecta la institucionalidad”.

Ante la avalancha de críticas, el Gobierno retrocedió y pasó a expresar a través de Chadwick, Cecilia Pérez, Blumel y el senador Víctor Pérez, que todo lo dicho era una simple opinión más que una denuncia, al tiempo que el Ministerio de Justicia declaraba que “no se referiría al tema”.

El cuadro descrito merece sacar algunas conclusiones.

La primera es que el Ejecutivo tiene la obligación de medir las consecuencias de sus actos. Basta con recordar que hace un año, el Presidente, en relación con el espionaje al interior de la SOFOFA, declaró tener antecedentes de que solo se trataba de un “lío de faldas”, información que jamás hizo llegar a la Justicia.

En segundo lugar, se debe dejar claramente establecido que la responsabilidad en materia de delincuencia y seguridad ciudadana corresponde constitucionalmente al Gobierno.

Por otra parte, si la normativa penal vigente, ya sea procedimental o sustantiva, es imperfecta o poco clara, debe instarse por su corrección y enmienda teniendo siempre presente que la actividad delictual irá siempre por delante de la respuesta legislativa. Cabe recordar que el proyecto de nuevo Código Penal fue entregado públicamente hace más de dos años sin que en todo el tiempo transcurrido se haya mostrado interés alguno de parte de los poderes    colegisladores, en debatir este documento de forma madura y responsable.

El problema de la seguridad ciudadana y la delincuencia, es grave, no tanto por las cifras que a nivel comparativo internacional nos son relativamente favorables sino por ser un fenómeno in crescendo que amenaza el tejido social y el normal desarrollo de las familias. Las tendencias del pensamiento de centro-izquierda a explicarlo todo en razón de “la pobreza” o de la centro derecha a creer que la solución pasa por los eslóganes (“puerta giratoria”, “se les acabó la fiesta”, “los jueces son todos de izquierda”) o por el aumento de las penas y de los encarcelamientos, reflejan una patética incomprensión de una realidad compleja y multicausal, .que jamás debe usarse con fines electoreros.

El país tiene derecho a esperar de sus autoridades  respuestas serias que comprometan a todos los sectores de  la comunidad nacional en su concreción.

Los jueces son todos de izquierda, Hernán Larraí

La derecha tiene patológicas carencias en materia de políticas criminales. Todo su enfoque va a eslóganes insustanciales (“delincuentes: se les acabó la fiesta”, “la puerta giratoria”,) y a creer que la delincuencia se termina con aumentar las penas y encarcelar. No logran entender que el fenómeno delictivo está ligado a una vasta gama de factores familiares, sociales, etc. y de cárceles que son universidades del delito (hacinamiento- Ministro)

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