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DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL

Andrés Cruz Carrasco

Abogado Doctor en Derecho (Universidad de Salamanca) Magister en Filosofía moral Magister en Ciencias Políticas, Seguridad y defensa

La privatización de la seguridad es contraria a las características básicas de la seguridad humana, puesto que el ser humano no está en el centro de las decisiones empresariales, no es el cliente. La prevención no interesa puesto que si se evitan los conflictos desaparece el negocio o al menos una parte sustancial de él. No se trata sólo de una privatización, sino que además de una excusa que permite mantener todo como está, tratando de hacer perenne la condición de desigualdad y segregación, haciendo de los que están en la periferia mediante una legislación penal de emergencia, sujetos peligrosos, ya que ponen en riesgo la situación de privilegio en la que se encuentran quienes toman las decisiones de política criminal, que a su vez son quienes pagan.

La seguridad debería tener como reto estrechar los compromisos y relaciones entre los seres humanos, no ser una excusa que justifique un combate contra los que son considerados riesgosos por satisfacer prejuiciosos estereotipos excluyentes y permitir el desarrollo de un más que rentable “negocio de la seguridad”, dejando entregadas la solución de los problemas de la criminalidad al mercado.

            Según Eugenio Zaffaroni: “no es posible pensar en una política criminal racional donde no hay política racional, sino la total degradación a un espectáculo pobre que acaba en un estado de espectáculo. La política criminal del estado espectáculo no puede ser otra cosa que un espectáculo”. Cuando existe una política criminal del espectáculo en que no se pretende resocializar, sino que eliminar a quienes configuran amenazas para el sistema social, o más bien para quienes forman parte del selecto grupo de la elite dominante, “el tejido social se debilita al no haber relación social incluido-excluido, se destruyen las relaciones mismas y no sólo las de cooperación, pero si algunas aumentan son las de conflicto, con la indiferencia y el desconocimiento se abre el espacio de un proceso progresivo de desconfianza, prevención, temor, miedo, pánico y paranoia. La exclusión social se agudiza por el deterioro de la inversión social y de los consiguientes servicios: salud, educación y previsión. La violencia estructural no puede menos que generar respuestas violentas”.

La política criminal no queda fuera de este contexto social y las reacciones son de corto plazo, irreflexivas, populistas y con fines meramente comunicacionales, sin que existe correlación con la dogmática penal y sus principios, renegando de los estudios derivados de la criminología, generando expectativas que no podrán serán cumplidas, aumentando la desazón hacia lo público.

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