Del “cuento del tío” y otros cuentos

Algo de sorpresa – no mucha, a decir verdad – causó el robro de 23 computadores personales y una caja de fondos, desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social.

Si bien los hurtos y robos son frecuentes y ya forman parte del paisaje nacional, este caso particular presenta características inusuales con características muy peculiares. Un reo de la cárcel de Puente Alto recluido por homicidio que tiene a su disposición un celular como tantos otros presos en Chile; un actor – el mismo – que conoce el número de esa Secretaría de Estado y que se hace pasar por el Ministro del ramo sin levantar sospecha alguna; delincuentes que llegan a la repartición pública en horas de la noche a cumplir labores de fumigación pero que no llevan ningún equipo para tal efecto; funcionarios bobalicones de una “empresa de seguridad” que no cumplen con las más mínimas medidas de resguardo; y, finalmente, una mujer, auxiliar de aseo que da la voz de alerta a los ingenuos guardias del lugar. Los hechores no se quedan atrás y, para llevarse las especies robadas, utilizan los servicios de un uber, desprolijidad que permitiría ubicar los equipos sustraídos a las pocas horas.  

Lo que pareciera ser el guion de una película de bajo presupuesto, suma algunos elementos que vale la pena tener presentes.

El primero, salta a la vista, es que el aparataje del Estado, en su sentido amplio, esto es considerando administración pública central, servicios centralizados y descentralizados, municipios, poderes autónomos (judicial y legislativo), Contraloría, carece de los mecanismos de seguridad y control indispensables. La normativa aplicable es meramente formal y obsoleta, y la penalidad por falta administrativas y delitos carece de poder ejemplarizador. Las responsabilidades a este respecto son transversales ya que prácticamente todas las tendencias políticas han gobernado y no han hecho un trabajo positivo indispensable.

Un segundo aspecto no menos importante, tiene que ver con la entrega de la protección y resguardo de bienes públicos a “empresas privadas” que están lejos de cumplir las prescripciones profesionales indispensables. El caso en comento es significativo pero es perfectamente constatable que este tipo de “emprendimientos” está encabezado por ex funcionarios de las fuerzas armadas o de la policía quienes, a su vez, contratan personal jubilado o exonerado de las mismas ramas (¿o ex funcionaros de los servicios de inteligencia?) sin que les entidades encargadas de fiscalizarlas sean rigurosas en el cumplimiento de las exigencias correspondientes. Las deficiencias observables en espectáculos artísticos o deportivos o en supermercados son notorias.

Un punto interesante que todo el mundo se pregunta, es el relativo a quién o quiénes han seleccionado y contratado a estas empresas pues ni los parlamentarios ni la gran prensa seria han profundizado en esta materia.

La grave crisis por la que atraviesa la política chilena ha quedado una vez más de manifiesto precisamente a raíz de estos hechos.

Al darse a conocer lo sucedido, los sectores de la derecha tradicional atacaron con vehemencia al Ministro de Desarrollo Social, señalándolo como el único responsable, exigiendo su salida del gabinete y poniendo para ello un plazo fatal de 48 horas al Presidente. Precisamente, ChileVamos – afectado por el triunfo del extremismo republicano en las elecciones de consejeros constituyentes – ha buscado torpemente mostrarse como más duro aun procurando recuperar la hegemonía del sector que hasta entonces detentaba. Sin embargo, la guinda de la torta la ha puesto el senador socialista Fidel Espinoza (y, por lo tanto, integrante de la coalición de gobierno) al identificar al Ministro como el líder de una ”banda” delictual. Ni unos ni el otro, debidamente emplazados a presentar los antecedentes de que se supone disponen ante el Ministerio Público, ha entregado prueba alguna y han guardado discreto silencio demostrando que la cobardía, la injuria y la deslealtad campean sin rubor alguno en la elite dirigente del país..