¿Democracia Viva o democracia de los vivos?

La semana quedó marcada indeleblemente por el escándalo de Antofagasta, que terminó ensuciando a todo el sector Vivienda del actual gobierno.

En el embrollo están comprometidos diversos militantes del partido Revolución Democrática, colectividad integrante del Frente Amplio, y sus esquirlas han herido a una diputada y actual Vicepresidenta de la Cámara respectiva, y han provocado el cuestionamiento y la renuncia del Seremi de Antofagasta y amenazan con extender su daño hasta la propia Subsecretaria.

Las cifras comprometidas son importantes, más aún cuando el Ejecutivo brega tenazmente por sacar adelante un “pacto fiscal” que financie diversas propuestas programáticas, para  lo cual necesita hoy partir con los 2/3 del Senado luego del fracaso de su proyecto de reforma tributaria. Por lo demás, ha permitido que la gran prensa opositora se dé un festín y hasta retire de sus páginas todas las noticias relativas al caso Torrealba de Vitacura que implica volúmenes monetarios bastante más elevados.

Pero obviamente, en el caso no se trata de una competencia de pesos más o de pesos menos.

Están aquí en juego elementos y valores sustantivos que deben considerarse y procesarse, cualesquiera que sean las consecuencias.

Los militantes de RD implicados en los hechos, que claramente no son individuos aislados sino que constituyen una organización, han borrado de una plumada las soberbias expresiones de su fundador y actual ministro Giorgio Jackson cuando hace menos de un año reivindicaba en televisión la superioridad moral de su colectividad y de su generación sobre sus antecesores, en frase desafortunada que generó incluso conflictos al interior del Ejecutivo.

Por otro lado, nos encontramos con una maraña que se asienta en un evidente abuso de confianza. En la jerarquía administrativa del Estado, las personas que asumen funciones directivas tienen naturalmente confianza en que sus subordinados y dependientes cumplirán correctamente sus funciones, dentro del marco de la ley. En la práctica, es imposible que ministros, subsecretarios, jefes de servicios, puedan estar fiscalizando a diario los cometidos de quienes están bajo su autoridad, lo que obliga a éstos a ser extremadamente responsables en el cumplimiento de sus funciones y en las decisiones propias de su cargo que adoptan. En el caso, el Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta actuó con liviandad al suscribir convenios con sus correligionarios de partido que les permitieron a estos disponer de 426 millones de pesos para actividades políticas impropias.

La opinión pública no puede tolerar este tipo de conductas. Es inaceptable que una suma cuantiosa de dineros fiscales se destine a actividades indeterminadas habiéndose constatado que la fundación beneficiada – Democracia Viva- a la fecha no ha rendido sino un 3% del financiamiento obtenido. Cuando el país observa la insuficiencia de recursos para atender necesidades impostergables en salud, educación, atención de campamentos, servicios a los miles de personas que subsisten en situación de calle, estos hechos no constituyen una falta de criterio sino una abierta sinvergüenzura.

Está muy bien que el ministro Carlos Montes exija la restitución de los fondos recibidos pero, además, si no se pesquisa la eventual ocurrencia de casos similares en otras partes del país es perfectamente posible que otros desaguisados similares se hayan cometido o se estén cometiendo.