La ciudadanía no puede permitir que lleguen al gobierno, los que se coluden contra sus intereses.
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Si quiero,  voto….

Periódicamente, en las fechas que indica la legislación, a los ciudadanos les corresponde concurrir a elegir a quienes, en su representación, deberán ejercer  las funciones que se estiman fundamentales para la marcha del Estado y de la comunidad en general.

El próximo domingo 23 de octubre serán definidas las personas que, en los cargos de alcaldes y concejales, administrarán cada una de las 343 comunas del país. Por su propia naturaleza y especialmente por su cercanía con la gente y con los problemas y desafíos que son propios de la gestión local, debiera suponerse que existiría  un especial interés en participar en este proceso cívico.

Sin embargo, la situación no se avizora como muy alentadora ya que expertos, politólogos, opinólogos, etc., coinciden en presagiar que la concurrencia electoral  oscilaría entre el 38 y el 45 % de los ciudadanos legalmente habilitados.

Problemas administrativos (algunos de muy vieja, data como la permanencia en el padrón de personas que obviamente se encuentran fallecidas,   y otros actuales , como la torpe reasignación de domicilios hecha por el Registro Civil) contribuyen, sin duda, a complicar  el panorama tanto por la inflación del padrón como por las dificultades prácticas que desde ya se están observando.

Pero, el hecho más grave lo constituye la actitud voluntaria, bastante generalizada, de no concurrir a sufragar. Las excusas son múltiples y baladíes. Entre ellas destacan el juicio crítico a los actores políticos que tienden a ser vistos y considerados como una clase corrupta que solo se mueve en función de sus intereses personales y familiares, y la estimación de que el voto individual no vale nada y que, por lo tanto, no va a influir en los resultados finales de tal forma que las cosas seguirán iguales. Tras estas justificaciones se esconde una impresentable actitud de comodidad y, lo más preocupante, una desafección por la democracia y la función pública.

Es evidente que los partidos políticos son los principales responsables de esta situación tanto por haber tolerado que se cooptara en su propio beneficio la gestión pública misma como por haber inducido al ciudadano a pensar que la democracia no es más que un ritual consistente en depositar un papelito en una caja cada cierto tiempo.

El país tiene un preocupante problema de participación que se expresa no solo en el ámbito propiamente político sino en todos los campos que tienen que ver con la vida comunitaria y social, ya que es más fácil no complicarse la existencia alejándose de los espacios en que hay que asumir responsabilidades y tomar decisiones.

Más allá de la torpe decisión legal de darle al derecho a voto un carácter absolutamente voluntario ( promovida por sectores predominantes de la sociedad que esperaban verse favorecidos al momento de contar los votos), debe dejarse categóricamente establecido que sufragar es una responsabilidad moral ineludible.

Los males y errores de la democracia se sanan con más democracia y más democracia implica mayor participación. En la medida que exista una actitud comprometida con la “cosa pública”, expresada en un involucramiento personal y colectivo,  tanto para juzgar y controlar a los representantes como para contribuir  positivamente a la construcción de una mejor sociedad, se estará contribuyendo a estructurar una nación más integrada y más justa.

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