EDITORIAL. Creemos en el periodismo.

El viernes 3 de mayo, se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Las diversas organizaciones empresariales del periodismo, encabezadas en Chile por la Asociación Nacional de la Prensa, se unieron a la celebración publicando un texto bajo el epigrafe que encabeza el presente comentario editorial. Bajo el paraguas de la ANP, se cubren el poderoso conglomerado de El Mercurio, con más de una docena de diarios de casi todas las regiones, radioemisoras y las nuevas fórmulas de televisión on line y el diario La Tercera con su propia red.

Hasta por ahí no más llega la libertad de prensa ya que ambos consorcios han procurado históricamente impedir el acceso al mercado de la información de medios alternativos especialmente digitales.

Es curioso, pero el texto ya referido presenta un interesante contrapunto entre los antivalores en que puede incurrir un mal periodismo y, en paralelo, los principios valóricos positivos a los que debiera sujetarse un ejercicio profesional ajustado a una ética básica.

De acuerdo a lo declarado por el gran empresariado de la prensa iberoamericana, existen nada menos que catorce áreas de riesgo frente a las cuales debe precaverse el ejercicio de la actividad:  FALSEDAD, DESCONTEXTUALIZACIÓN, PARTIDISMO, INTERESES, IMPRECISIÓN, CONDESCENDENCIA, INTRRUSIÓN, FUENTES DUDOSAS, DESINFORMACIÓN, PARCIALIDAD, VAGUEDAD, AMBIGÜEDAD, MENTIRAS, MANIPULACIÓN.

En la vereda del frente, están la VERDAD, el CONTEXTO, la IMPARCIALIDAD, la PRECISIÓN, la TRANSPARENCIA, el RESPETO, las FUENTES FIDEDIGNAS, la VERIFICACIÓN, la CONCRECIÓN, la UTILIDAD, la ORIENTACIÓN, la VOCACIÓN, el SERVICIO y la INFORMACIÓN.

Cabe, entonces, preguntarse: ¿Hasta qué punto, la prensa tradicional chilena, que suscribe este manual de buen ejercicio profesional, se ajusta de hecho a la proclama en cuestión?

Por supuesto, no se trata de achacar responsabilidades a las personas individualizadas que suscriben las informaciones que se entregan al público receptor, ya que con frecuencia sus nombres cambian pero las conductas se repiten incesantemente. Es claro que la aplicación de los “antivalores” es una determinación reflexionada y decidida por los propietarios.

Porque: ¿Qué otra explicación tendría el simple hecho de que se apunte con un tácito dedo acusador a “la falsedad, a “la imprecisión”, al recurso a “fuentes dudosas”, a “la manipulación”. al “partidismo”, a la defensoría de ciertos “intereses”, si ello no va acompañado de un transparente y honesto examen de conciencia y a una voluntad de enmendar rumbos?

No deja de llamar la atención que actores de esta trama (como la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad del Desarrollo, la Universidad San Sebastián, entre otros), jamás hayan hecho una encuesta o entrevistas a “expertos” relativamente independientes acerca del grado de confiabilidad que el receptor de las informaciones tiene respecto a estos medios.

El periodismo de calidad, verdaderamente independiente, tiene perfecto derecho a tener determinadas opiniones e incluso a adscribirse a precisas opciones políticas,  pero debe decirlo expresa y categóricamente, de tal manera que su público pueda distinguir entre lo que son hechos (información) y lo que  son juicios o interpretaciones (opinión).

El periodismo, bien ejercido y sujeto a parámetros éticos indispensables, es una de las bases fundamentales de una buena democracia. Bueno sería que quienes aparecen predicando en este campo fueran consecuentes y no persistan en pasar “gatos por liebres” a lectores, radioescuchas o telespectadores.