Editorial. El que mucho habla…

Ese viejo refrán que dice “el que mucho habla, mucho yerra”, ha pasado a ser un lugar común que se ha generalizado a través de generaciones y que, en buenas cuentas, representa un llamado a la prudencia en el lenguaje ya que, como alguien muy atinadamente dijo, los seres humanos somos dueños de nuestros silencios pero esclavos de nuestras palabras.

El tema ha salido a flote en estos últimos días al rememorarse tuiteos del actual miembro del directorio del Metro, el arquitecto Nicolás Valenzuela Levi, llamando a evadir y a no pagar los pasajes, y del Ministro de Economía Nicolás Grau Veloso refiriéndose en términos injuriosos y agresivos al Cuerpo de Carabineros. Los textos corresponden a un par de años atrás.

Lo grave del problema está en que estos dos hechos sean hoy utilizados, dentro del juego de la política, para imponer al Gobierno algunas exigencias que implicarían en cierto modo una rendición frente a una oposición que es mayoritaria en el Congreso. Así, por ejemplo, se condiciona la aprobación del financiamiento para el transporte capitalino (que lleva aparejada la privación de los recursos espejo en favor del transporte de pasajeros en las diversas regiones del país) a la salida de uno de los personajes aludido.

¿Es esta una actuación racional o es una actitud destinada a poner palitos al Ejecutivo?

La respuesta fluye por sí sola. Sin embargo, es imprescindible al analizar la situación, considerar que las desatinadas declaraciones sacadas hoy a la luz, resultan francamente pueriles si se las pretendiera cotejar con las responsabilidades personales de quienes ejercieron importantes cargos en los gobiernos de derecha (Piñera I y Piñera II) y cuyo pasado no solo de palabras sino que de hecho, estuvo comprometido en la dictadura, en el financiamiento ilícito de la política, en la protección y encubrimiento al enclave de Colonia Dignidad, por indicar solo algunos ejemplos más notorios.

En nuestra opinión, las conductas pasadas que hayan sido constitutivas de delitos deben ser juzgadas y penalizadas conforme a la normativa legal vigente a la fecha de comisión de los actos imputados y a los tratados internacionales a los cuales nuestro país se encuentra adherido, en tanto que las conductas propiamente políticas deben ser enjuiciadas políticamente correspondiendo a quien o a quienes les hayan designado en sus cargos pagar los costes del enjuiciamiento ciudadano.

El país pasa hoy por un trance complejo y los caminos de salida son variados pero todos son complicados. A la crisis institucional derivada del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, debe sumarse necesariamente una situación económica dificultosa derivada de problemas internos y externos, con una elevada inflación que carcome día a día el ingreso de los asalariados, y con la persistencia de graves problemas de arrastre en materia de salud, pensiones, vivienda, entre otros.

En este cuadro, es inaceptable que los estamentos dirigentes sigan jugando con el destino de la comunidad nacional y eludiendo el enfrentamiento de estas demandas impostergables. El Gobierno hasta ahora ha dado muestras de flexibilidad y se ha ido allanando paulatinamente a la implementación de soluciones pragmáticas, en tanto que la oposición que ha insinuado algunas señales positivas se ha estado viendo arrastrada por los sectores más extremistas que sueñan con arrastrar la gestión actual hacia el fracaso.

Esa pretensión es inaceptable. Chile necesita actuar con un elevado rango de responsabilidad para salir adelante y, para decirlo con todas sus letras, cada día se hace más necesario un gran pacto social que, aunque implique renuncios dolorosos para algunos, abra puertas de convivencia democrática civilizada para salir adelante.